'Remesas', apps y un terreno: El rastro que Estados Unidos siguió para frenar red de explotación sexual infantil en Ecuador

Un nuevo caso de pornografía infantil retrata peligro al que están expuestos los niños en Ecuador. Un ciudadano estadounidense de 76 años se declaró culpable en un tribunal federal de explotar sexualmente a niñas de Ecuador, el 9 de marzo de 2026. 

William Foster Alger, de Hagerstown (del estado de Maryland), ha sido acusado de coerción y seducción de menores de edad, según recoge la Fiscalía de esa zona en su página web.

La entidad recuerda que un jurado federal acusó formalmente a Alger de abuso sexual infantil, en febrero de 2025. Kelly O. Hayes, fiscal federal del Distrito de Maryland, anunció la declaración de culpabilidad junto a otras autoridades de justicia de Estados Unidos. 

Según la declaración de culpabilidad, Alger utilizó celulares y aplicaciones digitales para persuadir, inducir, seducir y coaccionar a tres víctimas menores de edad a participar en actividades sexuales. Esto ocurrió entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024. 

Alger pagó a las madres de las víctimas, mediante una empresa multinacional de envío de remesas y dinero, para que le proporcionaran imágenes de las menores participando en conductas sexualmente explícitas. Según la Fiscalía de Ecuador, hay el registro de una serie de transacciones del estadounidense a familiares de las víctimas por casi USD 50.000.

"Las víctimas vivían en Ecuador, donde Alger viajaba frecuentemente. Finalmente, compró un terreno en Ecuador y construyó una residencia".

Fiscalía de Maryland

Un elemento clave en la investigación fue la cuenta de iCloud de Alger, que incluía numerosas fotos suyas en su residencia en Ecuador con las víctimas y sus madres. ICloud es un servicio de almacenamiento y computación en la nube. 

Además, la Fiscalía de Ecuador señala que Alger dirigía un sitio en la Internet denominado “Foster´s Care”, una fundación sin fines de lucro que “ofrecía” ayuda a víctimas de trata de personas, que era una fachada para atraer a víctimas y esclavizarlas.

Por este caso, Alger enfrenta una sentencia mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua por coherción y incitación, una delito que en Estados Unidos implica persuadir o inducir a alguien a participar en una conducta ilegal, en particular actos sexuales.

Papel clave de Homeland Security Task Force 

La Fiscalía de Maryland indicó que este caso tuvo un rol importante la multiagencia Homeland Security Task Force (HSTF), cuyo objetivo es interrumpir el tráfico ilegal de drogas peligrosas y de personas, eliminar los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales y detener el tráfico de armas.

"El HSTF integra personal, incluyendo agentes del orden público, analistas de inteligencia y profesionales de agencias federales, para combatir la delincuencia en nuestras comunidades", agregó la Fiscalía de Maryland.

Además de la participación de Homeland Security Task Force, en la investigación también participó el Proyecto Niñez Segura, creada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para combatir la explotación y abuso sexual infantil. 

Según la Fiscalía de Maryland, el Proyecto "moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y enjuiciar a quienes explotan sexualmente a menores, así como para identificar y rescatar a las víctimas".

Sentenciados en Ecuador

El 3 de febrero de 2026, la Fiscalía de Ecuador informó que por tres personas de esta red de tráfico sexual fueron sentenciadas por el delito de pornografía infantil. Dos de los procesados recibieron la pena máxima agravada de 26 años de prisión como autores, mientras que el tercero fue condenado a 13 años.

Nury Alexandra G. S., Rosa Gissela S. O. y George Miguel G. Ch. –madres y abuelo de las víctimas, niñas de siete y 12 años– fueron declarados culpables. Además, en el fallo, los jueces ordenaron que paguen una multa de 1.000 salarios básicos unificados a la administración de justicia, lo que equivale a USD 482.000. 

La Fiscalía recordó que la investigación se inició en diciembre de 2024, con base en una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus sigls en inglés), en la que informaban que en noviembre se llevó a cabo una investigación en contra de William Foster Alger.

En ese país se detectó que Alger “estaba inmerso en la adquisición de material digital de abuso sexual infantil con víctimas ecuatorianas”, luego de que se encontraran imágenes de este tipo en su teléfono.

Además, verificaron sus movimientos migratorios hacia Ecuador desde 2011 y después por períodos prolongados de tiempo, lo que le permitió encontrar nexos con los familiares de las víctimas. 

Con esta información, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec) identificó que el material de abuso sexual infantil tenía como origen las provincias de Pichincha y Esmeraldas.

"Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía pudo comprobar los hechos y logró la sentencia de los involucrados", concluyó el Ministerio Público.