Tres casos de supuesta corrupción en la ATM de Guayaquil investiga la Fiscalía

La Fiscalía presentó los casos de corrupción y asociación ilícita que sustentaron la desarticulación de una presunta red criminal que operaba en la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM), mientras que los detenidos aseguran que se trata de un “simple rumor”.

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Durante un operativo realizado el miércoles 22 de octubre, y que incluyó nueve allanamientos de oficinas y domicilios en Guayaquil y Daule, la Policía detuvo a seis personas, entre ellos cinco funcionarios de la ATM y un abogado externo que formaba parte de la agrupación.

El operativo estuvo liderado por el ministro del Interior, John Reimberg, quien afirmó que “los Chone Killers son los que están trabajando a través de estas personas en la ATM” y cuestionó la falta de capacidad de la alcaldía de Guayaquil para manejar esta agencia de tránsito.

“Llega a conocimiento de la Fiscalía un informe de la Policía que refiere que existiría una organización que estaría operando de forma ilícita en la Agencia de Tránsito de Guayaquil, que dicha agrupación estaría operando por abogados y uno que no es abogado, basándose en ser servidores públicos”.

Fiscalía

Durante la audiencia de formulación de cargos, el jueves 23 de octubre, la Fiscalía señaló que mediante diligencias investigativas se constató que estos funcionarios habrían intervenido de manera irregular dentro de procesos judiciales.

“Patrones repetitivos eran el modus operandi para evitar el cumplir de las sentencias, el no traslado de los detenidos y los mantenían en los calabozos de la Agencia de Tránsito transitorio, y los llevaban a los hospitales, se valían de ser servidores de la ATM, se valían de un presunto abogado cuando llegaban a los calabozos de la ATM”, expuso la Fiscalía.

Los detenidos, según la Fiscalía, operaban la red con apodos o alias. Así, por ejemplo, Carlos Alberto M. M., se identificaba con el alias de ‘Ney’, Rafael Antonio M. P. con el apodo de ‘Tinterillo’, Álvaro Luis C. V. era ‘Lucho’, Andrik Guillermo C. P. era ‘Guille’, Kevin Andrés J. B. con el alias de ‘Jerecho’, y María Gabriela F. M. con el apodo de ‘Chavela’.

Frente al juez Ismael Figueroa, de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil, la Fiscalía presentó varios casos en los que operó la presunta red criminal para evadir la justicia. Uno de ellos fue el caso de Franklin Isaac R. N., involucrado en un accidente que causó lesiones y fue aprehendido el 7 de agosto de 2025.

Un juez dispuso la prisión preventiva del infractor y su traslado a un centro de privación de la libertad. No obstante, al revisar los expedientes firmados y constatar la ubicación del procesado aparecía que el supuesto infractor permanecía en los calabozos de la unidad judicial 1 de la ATM y que el centro penitenciario no lo había recibido.

“Después de estos eventos, el SNAI dice que fue ingresado luego de 45 días de la orden judicial, y la misma ciudadana María Gabriela F. M. suscribe un documento de incumplimiento de decisiones legítimas”, declaró el fiscal Víctor Calderón.

Segundo caso

Otro caso similar fue el de Julio César B. Ch., quien fue procesado por una contravención de tránsito el 17 de abril de 2025 y fue puesto a órdenes de la jueza Ruth Quevedo, quien emitió la boleta de encarcelamiento con fecha 18 de abril de 2025.

“Le impone la pena privativa de libertad de 15 días y que sea trasladado a la prevención. El 30 de abril expide la boleta de libertad, sin embargo, al enviar la boleta de excarcelación, el oficial de guardia indica que nunca ingresó a la prevención”.

Fiscalía

En los expedientes consta que a Julio César B. Ch. un agente de la ATM le dijo que debía cumplir con trabajos comunitarios el custodio encargado de su seguridad reportó luego que el procesado se dio a la fuga.

Un tercer caso se dio el mismo día, 17 de abril de 2025, tras un accidente protagonizado por Cristhian Jordi G. Q., en el que se produjo la muerte de una persona. El juez a cargo ordenó el traslado del procesado hasta el Centro de Rehabilitación Guayas N 1.

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Sin embargo, uno de los funcionarios hoy detenidos, Carlos Alberto M. M., le recomendó que tomara contacto con Rafael Antonio M. P., miembro de la presunta red, quien se acercó a la celda para ofrecerle salir a cambio de USD 1.700, “aprovechando un certificado médico que no fue informado al juez”.

Mediante gestiones de otro de los integrantes de la red, Alvaro Luis C. V., el procesado fue llevado al hospital Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, y luego a una clínica donde permaneció hasta el 8 de mayo de 2025.

El juez tuvo conocimiento del hecho y dispuso su traslado a un centro de privación de libertad, y más tarde el sentenciado declaró que pagó dinero a la red para su traslado, mostrando evidencias telefónicas con uno de los servidores de la ATM.

¿Un rumor?

En la audiencia judicial en que la Fiscalía formuló cargos contra los detenidos, la defensa de la abogada María Gabriela F. M. pidió que no se le dictara prisión preventiva, pues la funcionaria que desempeñaba el cargo de procuradora judicial de la ATM tiene tres hijas menores de edad y una de ellas padece de problemas emocionales.

“Ella tiene tenencia de las tres menores entregadas por un juez, es una profesional de derecho, no ha tenido antecedentes penales, tiene arraigo comunitario y declaración juramentada que indica que cuida a su madre”, mencionó el abogado de la funcionaria.

El defensor también argumentó que María Gabriela F. M. “denunció estas irregularidades, ella no tiene ninguna relación con esta investigación, solicito que se dicte medidas alternativas”.

Mientras que la defensa de otro de los detenidos, Andrik Guillermo, reclamó que se los relacione con el grupo de delincuencia organizada de los Chone Killers y atribuyó esta acusación “para que la administración de justicia sienta la presión de la sociedad. Será que se le pasó a la Fiscalía”.

El abogado de Álvaro Luis C. V. señaló que ya no es funcionario de la ATM. “No tiene relación absoluta con los indicios que Fiscalía ha manifestado, él es abogado, está cursando una maestría, jamás ha tenido antecedentes de delitos, no ha tenido ningún proceso”.

Su defensa agregó que “Álvaro no aparece en ninguno de los tres casos, solo porque se lo menciona en una versión que cobró USD 1.000. Le cogieron su teléfono y su laptop, no hay peligro de fuga, Fiscalía no ha mencionado cuál es el GDO al que pertenece Álvaro”.

Otro de los detenidos, Kevin Andrés J. B., atribuyó este caso a un rumor. “Por un rumor de una enfermera que decía que cobraban por hacer un traslado, este mero hecho no se ha probado, cómo se pagó, a quién, para qué se realice un traslado, solo es un simple rumor. Fiscalía pide prisión por un ínfimo valor que no supera un salario básico”, declaró.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó los informes médicos, resoluciones judiciales y oficios de la ATM en los tres casos que expuso ante el juez Calderón, quien dispuso la prisión preventiva para los seis detenidos y su traslado a centros de privación de libertad de varones y de mujeres.