La reformas penales que plantea Daniel Noboa, acercan a Ecuador al modelo de seguridad de Nayib Bukele
El presidente Daniel Noboa ha propuesto reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que incluyen penas de cárcel por pertenecer a bandas criminales, allanamientos y detenciones sin orden judicial. Las medidas son similares al modelo que aplica Nayib Bukele en El Salvador.
Militares revisan tatuajes y mensajes de teléfonos celulares de sospechosos, durante las requisas por el estado de excepción.
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AFP
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Aunque es una ley urgente en materia económico, el proyecto de Ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno -presentado por el presidente Daniel Noboa el 17 de mayo de 2025- es, principalmente, un paquete de reformas en materia penal.
El objetivo de la iniciativa legal es crear un régimen jurídico especial que contemple medidas de carácter financiero y de seguridad, orientadas a la desarticulación integral de las economías criminales asociadas al conflicto armado interno.
Desde el 9 de enero de 2024, Ecuador atraviesa un conflicto armado interno, en el que una veintena de bandas criminales fueron declaradas terroristas y situadas como objetivos militares del Estado. Para su aplicación, el Presidente ha recurrido a sucesivos estados de excepción.
Sin embargo, la Corte Constitucional (CC) ha observado reiteradamente estas declaratorias, ya que este es un régimen excepcional. Por esta razón, ahora Noboa propone todo un régimen especial que se usará durante el conflicto armado, sin necesidad de firmar decretos de emergencia.
Las reformas, incluso, plantean la creación de una justicia específica. Si la ley se aprueba, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía tendrán 90 días para crear las unidades y formar a los nuevos jueces y fiscales especializados en conflicto armado interno.
Las reformas penales
En el cuarto título del COIP, sobre las llamadas "infracciones en particular",. el primer capítulo se refiere a graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. Al respecto, el proyecto del Ejecutivo propone la creación de una quinta sección llamada: "De los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno".
Estos son los principales cambios en materia penal que propone destacan:
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Delito de pertenencia a grupos armados organizados
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El primer artículo en la nueva sección del COIP habla de las "personas que participen directa o indirectamente de un grupo armado organizado", es decir, los miembros de las bandas. En la propuesta, quienes sean identificados como tales podría recibir penas de 22 a 26 años de cárcel. Además, se plantea hasta 30 años de cárcel para los cabecillas.
Un policía revisa los tatuajes de un sospechoso durante un operativo que incluyó 19 allanamientos en Durán, el martes 11 de junio del 2024.API Sin embargo, el proyecto de reforma no especifica el mecanismo que se usará para determinar la pertenencia de una persona a un grupo armado organizado.
Este modelo se usa en El Salvador, bajo el mandato del presidente Nayib Bukele, desde 2022. Ese año el Congreso salvadoreño aprobó una reforma penal que impuso penas de hasta 45 años para personas que formen parte de una pandilla.
En ese país organismos de defensa de los derechos humanos han mostrado preocupación por los "métodos discrecionales" que se usan para determinar la pertenencia de una persona a estos grupos. Por ejemplo, la relación se determina a partir de tatuajes, informes de inteligencia, relaciones familiares con pandilleros y hasta la forma de vestir y actuar.
Por ejemplo, en enero de 2025 un Tribunal de San Salvador sentenció a tres jóvenes a cinco años de prisión luego de que en las redes sociales se difundió un video de estas personas haciendo señas alusivas a una pandilla, en una escuela.
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Allanamientos y detenciones sin orden judicial previa
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Otro de los artículos que Noboa plantea es sobre los allanamientos en el marco del conflicto armado interno. El proyecto indica que los domicilios o lugares donde los grupos armados desarrollen sus actividades podrán ser allanados sin necesidad de orden judicial.
También menciona que las detenciones con fines investigativos durarán hasta 24 horas y tampoco requieren la orden de un juez.
En este caso, el Bloque de Seguridad -conformado por policías y militares- deberá delinear los parámetros a seguir durante los allanamientos y cómo se ejecutarán las detenciones.
El control del cumplimiento de los parámetros de los allanamiento será controlado por un juez especializado en conflicto armado interno. Esta es otra figura que se busca crear con el paquete de reformas penales. Tras las detenciones, los uniformados deberán entregar a los detenidos a la Fiscalía.
Estas son otra de las 'figuras espejo' con el caso salvadoreño. Desde 2022, cuando en ese país se estableció el estado de excepción para combatir a las pandillas, en ese país se realizan allanamientos y detenciones con características similares.
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La prisión preventiva ya no sería de 'última ratio'
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Según el derecho penal, la prisión preventiva se considera una medida de 'última ratio'. Esta expresión en latín significa que esta medida es el último recurso para garantizar la presencia de un investigado durante el proceso. La doctrina apunta que se deben privilegiar otras medidas como la presentaciónante un juez, o e el uso de grillete electrónico.
Sin embargo, en la reforma del presidente Daniel Noboa se propone que -durante el conflicto armado interno- "la prisión preventiva será la medida cautelar y eficaz"- y no cabrá la suspensión o sustitución
En El Salvador, también desde 2022, el Legislativo prohibió otorgar medidas sustitutivas a la prisión preventiva en casos relacionados con miembros de pandillas. Además, que se quitaron los límites temporales al arresto preventivo
Tres presuntos secuestradores y miembro de Los Choneros, tras su detención en Quevedo, Los Ríos, 10 de julio de 2024.Ejército - 4
Justicia excepcional
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Además, con el proyecto en mención el Ejecutivo propone la creación de un procedimiento unificado y especial para el juzgamiento de delitos relacionados con el conflicto armado interno.
Estas serían las particularidades de ese proceso:
- Todas las etapas procesales se realizarán en una sola audiencia.
- Los casos serán resueltos por los jueces especializados en conflicto armado interno.
- La audiencia de juicio será convocada en un plazo de 15 días de la detención y no puede diferirse.
- Si un fiscal decide no acusar a los procesados, en un plazo de tres días, deberá argumentar su decisión en una audiencia y poner el caso en conocimiento de su fiscal superior.
Este es otro caso inspirado en El Salvador de Bukele. Desde 2022, en ese país se ha aplicado una justicia excepcional para los miembros de las pandillas. Aunque en El Salvador hubo otros cambios como las audiencias masivas de hasta 500 personas.
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