Un sargento infiltrado y Los Lobos, señalados en el robo de 321 kilos de cocaína de bodega de la Policía

Un sargento infiltrado en la Policía Nacional, vinculado al narcotraficante conocido como alias 'Gato Farfán', está entre los señalados en el robo de drogas de una bodega policial en el sur de Guayaquil. La cocaína habría sido revendida por la organización criminal de Los Lobos, según fuentes policiales.

En total 321 kilos de cocaína fueron sustraídos o robados de una bodega de la Unidad Canina de Antinarcóticos en el sur de Guayaquil a fines de febrero de 2024, mientras permanecían bajo custodia policial en espera de su destrucción oficial, según una denuncia que un año después sigue en etapa investigativa en la Fiscalía.

La extracción de la droga habría contado con la participación de funcionarios policiales activos e infiltrados de bandas delictivas, a cargo de un suboficial cercano al narcotraficante Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias 'Gato Farfán', quien acaba de firmar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos, tras su extradición desde Colombia en enero de 2024.

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El robo potencial de la droga de las bodegas policiales fue advertido con antelación -cuatro meses antes- por el entonces jefe antinarcóticos de la Zona 8, el teniente coronel Guillermo Palacios, quien hoy se encuentra fuera del país tras denunciar amenazas contra su vida y la de su familia. El oficial denunció el caso en la Fiscalía.

“Ya ha pasado más de un año de la denuncia y no hay responsables. Los plazos de prescripción avanzan y temo que se esté esperando que el caso expire en ocho meses más”.

Guillermo Palacios, oficial de policía denunciante. 

“El 23 de noviembre de 2023 alerté por todos los canales al entonces director nacional de Antinarcóticos de la Policía, sobre un posible robo de droga en las bodegas de la Policía en Guayaquil. Se entregó una lista de policías sospechosos que debían ser rotados, pero nunca se actuó”, afirmó Palacios en entrevista con PRIMICIAS. 

Un sargento con vínculos criminales

Entre los funcionarios señalados en el listado de policías sospechosos figuraba el “sargento López”, que luego resultó vinculado al caso Jaguar, tras ser hallado con USD 170.000 en su domicilio. El caso Jaguar, sobre corrupción policial, se destapó tras una serie de allanamientos el 18 de abril de 2024 (e investigó la sustracción de 2.350 kilos de cocaína de la antigua Secretaría Técnica de Drogas de Napo en 2022).

El sargento es investigado por sus presuntos nexos con el grupo del Gato Farfán. Y sería quien facilitaba información sensible sobre operativos y movimientos de droga a organizaciones criminales, además de facilitar la reventa de cocaína sustraída de bodegas policiales, según la indagación del caso Jaguar. 

El coronel Palacios relató que el caso del robo en la bodega del sur de Guayaquil fue descubierto el 29 de febrero de 2024, cuando se realizaba una revisión en la bodega de la Unidad Canina. En el sitio se almacenaban alrededor de 67 toneladas de droga distribuidas en 14 contenedores.

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De uno de los contenedores desaparecieron siete bultos de droga equivalentes a los 321 kilos de cocaína. Se detectaron sellos clonados, de acuerdo a la denuncia.

Además, se habría usado presuntamente un esquema para encubrir los faltantes, sustrayendo de cada cargamento porciones supuestamente justificadas para realizar pruebas químicas de Criminalística (entre 10 y 50 kilos cada vez), las cuales volvían al mercado de microtráfico de la ciudad. 

USD 400.000 de reventa de droga

La reventa de 321 kilogramos sustraídos equivale a casi USD 400.000, pues el precio del kilo de clorhidrato de cocaína en el mercado nacional fluctúa entre USD 1.200 y USD 2.500.

Tras realizar la denuncia formal ante la Fiscalía en marzo de 2024, el coronel Palacios ingresó al sistema de protección de víctimas y testigos. Recibió amenazas contra su vida a través de pasquines del grupo armado organizado de Los Lobos, dijo.

Sin embargo, afirmó que nunca recibió resguardo efectivo por parte de la Policía Nacional, lo que incrementó el riesgo para él y su familia. “Me tocaba cuidarme solo”, declaró.

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Eventualmente, en abril de 2025, pidió su baja y abandonó el país. “Mi carrera terminó por este caso. Sufrí persecución interna. Intenté auditar irregularidades en puertos y eso molestó a altos mandos. Se me abrió un sumario disciplinario sin fundamento y ahora evalúo acudir a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, dijo.

Palacios denunció omisiones sistemáticas de diferentes unidades investigativas, que se excusaron de indagar el caso. Asimismo, señaló que tras casi 15 meses ningún funcionario ha sido detenido o procesado penalmente por la presunta sustracción de la droga.

Ministro y Policía confirman investigación

El ministro del Interior, John Reimberg, se pronunció este martes 20 de mayo de 2025 sobre el escándalo de la sustracción de cocaína desde bodegas policiales, hecho ocurrido en 2024 pero que ha tomado notoriedad pública reciente.

Reimberg confirmó que el caso está siendo investigado y aseguró que no habrá tolerancia frente a actos de corrupción cometidos por miembros de la Policía Nacional. “Si estamos actuando con dureza y firmeza ante la delincuencia, vamos a hacerlo de la misma forma dentro de la institución”, declaró tras un acto de relevo de mando de la Zona 8, en Guayaquil.

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En el mismo sentido se pronunció el coronel Víctor Hugo Ordóñez, nuevo comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional -que abarca a Guayaquil, Durán y Samborondón-, señalando que al momento de los hechos él no se encontraba a cargo de la jurisdicción.

“Entiendo que las investigaciones están en manos de las autoridades competentes y serán ellas quienes entreguen los resultados”, afirmó tras el acto de relevo de la comandancia.

También enfatizó que se mantienen auditorías regulares en las bodegas antinarcóticos con el fin de evitar que incidentes similares vuelvan a repetirse.

Ordóñez manifestó una postura institucional de condena ante cualquier acto de corrupción cometido por uniformados, y reiteró el compromiso de la Policía de colaborar con la justicia para que responsables de actos de corrupción de este tipo sean identificados, procesados y sancionados conforme al debido proceso.