Tuberculosis traspasa muros de la Penitenciaría del Litoral y mesa técnica dispone una visita de emergencia a la cárcel

La confirmación de un contagio fuera del sistema penitenciario y la ausencia de información oficial llevaron a que una mesa técnica, liderada por la Defensoría del Pueblo y dispuesta por un juez constitucional, resolviera realizar una visita in situ de carácter urgente al Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 1, mejor conocido como Penitenciaria del Litoral.

La visita al centro carcelario más grande y mortífero del país, ubicado en el complejo de cinco careles del norte de Guayaquil, está prevista para el jueves 29 de enero de 2026. Y se dispuso en medio de una crisis que provocó cerca de 1.000 muertes por enfermedades y desnutrición crónica en 2025, según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil. 

• Penitenciaría del Litoral, con doble protección judicial y muertes fuera de control | “Cadáveres pasan días en las celdas”, dice la CDH

La decisión se adoptó este martes 21 de enero, durante la segunda sesión de la Mesa de Emergencia Penitenciaria, convocada en cumplimiento de una sentencia judicial que declaró la vulneración de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. La reunión se instaló pese a la inasistencia del Servicio Nacional de Atención de Privado de Libertad (SNAI) y del Ministerio de Salud Pública (MSP), dos de las instituciones clave para establecer un diagnóstico oficial de la crisis.   

La mesa técnica interinstitucional busca definir salidas urgentes frente a una emergencia por tuberculosis en la cárcel y riesgos de contagio dentro y fuera del penal, además de problemas de desnutrición crónica, hacinamiento, falta de agua, insalubridad y alimentación deficiente.

Una mesa incompleta y sin un diagnóstico oficial

La reunión se instaló en las oficinas de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Guayaquil, con la participación de delegados de esa institución, del CDH, de las Fuerzas Armadas y del comité de familiares. No acudieron los delegados del MSP, del SNAI ni de la Defensoría Pública, pese a que la sentencia judicial ordena su participación con delegados permanentes y con capacidad de decisión.

Fernando Bastias, abogado de la CDH -la organización de Derechos Humanos que planteó la acción de protección declarada parcialmente a lugar por un juez-, advirtió que la ausencia de estas instituciones impidió avanzar en el diagnóstico sanitario y en una hoja de ruta inicial. 

“No se pudieron obtener cifras actualizadas sobre personas contagiadas, fallecimientos ni tratamientos en curso. Esa información está en manos del Ministerio de Salud y del SNAI, y su falta de presencia dilata la posibilidad de tomar decisiones que son urgentes”, señaló.

• Sin signos de violencia, pero con cuerpos esqueléticos | Así son las muertes silenciosas en las cárceles de Guayaquil

Ante este escenario, la mesa resolvió avanzar con una visita técnica al interior del centro penitenciario. “Se pondrá en conocimiento del juez la inasistencia de estas entidades, pero se avanzará con la visita técnica in situ, que emana de una decisión judicial y no puede ser rebatida”, explicó Bastias.

Alertas sanitarias y contagio fuera del penal

Durante la reunión se expuso la preocupación por contagios extramuros. La Defensoría del Pueblo confirmó el caso de una médica forense contagiada de tuberculosis. Se trata de una encargada de manipular en la morgue los cientos cuerpos sin vida provenientes de la Penitenciaría del Litoral, lo que refuerza los temores de cepas resistentes y el riesgo de expansión comunitaria de la enfermedad. 

Por ello, la mesa prevé invitar a observatorios médicos y a universidades para incorporar criterios de salud pública tras la visita de la próxima semana a la Penitenciaría.

 "Hemos visto a personal de Fuerzas Armadas teniendo contacto con personas privadas libertad contagiadas con tuberculosis sin protección sanitaria acorde. Este caos, esa falta de gestión y coordinación, genera un problema para todo el mundo". 

Fernando Bastias, CDH.

• Las masacres volvieron a las cárceles en un año de violencia récord en Ecuador

Según la DCH en la visita la Penitenciaría evaluará cuatro ejes:

• 1. Entrega adecuada de alimentación conforme a estándares interamericanos;
• 2. Derecho a la salud, incluyendo tratamiento médico;
• 3. Seguridad física y sanitaria de funcionarios públicos (Fuerzas Armadas, SNAI y MSP);
• 4. Medidas para reducir el hacinamiento.

 Familiares denuncian agravamiento de la crisis  

De forma paralela a la reunión, familiares de personas privadas de libertad realizaron un plantón en los exteriores de la Defensoría del Pueblo, donde denunciaron la persistencia de restricciones para ingresar medicinas, vitaminas y artículos básicos de higiene, así como la suspensión prolongada de visitas, por más de un año y cuatro meses. 

Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna dentro y fuera de las cárceles, se refirió a la inasistencia a la reunión de organismos clave y sostuvo que cada dilación tiene consecuencias directas sobre la vida de decenas de privados de la libertad con salud deteriorada.

"Cada minuto que se pierde es crucial para personas privadas de libertad que están perdiendo la vida día a día. No podemos seguir esperando voluntad política cuando las muertes continúan"

Ana Morales, directora del comité de familiares de reclusos. 

• CIDH ve "una situación de gravedad y urgencia" en Penitenciaría del Litoral y otorga medidas cautelares

Los familiares también alertaron sobre la presencia de otras enfermedades, como afecciones dermatológicas y gastrointestinales, agravadas por la falta de agua, el colapso del sistema de alcantarillado y la desnutrición crónica, lo que incrementa la vulnerabilidad de los reclusos.   

Los testimonios recogidos describen incluso casos de sarna y afecciones cutáneas, además de la persistencia de extorsiones dentro de los pabellones por parte de las bandas criminales. Una familiar relató el deterioro severo de su hermano, en prisión desde hace tres años, quien pese a contar con un habeas corpus de protección judicial por su estado no ha podido ser trasladado a un hospital.

"Mi hermano, como muchos otros privados de libertad, cuenta con un habeas corpus favorable, pero nos piden USD 1.200 para agilitar su carpeta y llevarlo al hospital", denunció a la mujer, que mostró fotos y videos de llagas en el cuerpo del recluso de las que emanaba pus. 

Una doble agenda para atender la crisis

La crisis se desarrolla en medio de una doble agenda institucional. Mientras la mesa instalada este 21 de enero responde a una sentencia judicial ecuatoriana, el Ministerio de Gobierno convocó para el viernes 23 de enero de 2026 a otra mesa en la Gobernación del Guayas, en cumplimiento de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Desde el CDH Guayaquil se ha planteado que ambos espacios se articulen para evitar duplicidades, concentrar capacidades y reducir al mínimo las muertes bajo custodia. “La mesa liderada por la Defensoría del Pueblo es técnica y operativa, de aquí debería salir la hoja de ruta. Lo que pediremos a la CIDH es que este espacio sea reconocido como el principal para la toma de decisiones”, explicó Bastias.

• CIDH solicita al Estado ecuatoriano "redoblar esfuerzos" para dar con el paradero de desaparecidos en el estado de excepción

El organismo internacional con sede en Washington (Estados Unidos) otorgó medidas cautelares en dos casos interpuestos por la CDH Guayaquil a favor de las víctimas de desaparición forzada perpetrada por Fuerzas Armadas en 2024 y de todas las personas privadas de libertad de la Penitenciaría.

En ese marco, el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Gobierno, convocó para el viernes 23 de enero de 2025, a las 09:00, en la Gobernación del Guayas, a una mesa interinstitucional destinada a tratar el cumplimiento de dichas medidas. A esta mesa técnica no fueron invitados representantes de los familiares de los reclusos, que convocaron a un plantón paralelo en la Gobernación.