La Asamblea quiere controlar con códigos QR, numeración y cámaras la venta de uniformes de la Policía y las Fuerzas Armadas
En 2024, cerca de 1.200 delitos se cometieron por personas que usaron uniformes de las fuerzas del orden. Las vestimentas pueden ser adquiridas con relativa facilidad por cualquier persona.
Imagen de un operativo de integrantes de la Policía Nacional del Ecuador.
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Policía Nacional.
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Los venden por Internet y también en tiendas físicas. Acceder a uniformes de tipo policial, militar, de bomberos y hasta de agentes de tránsito resulta más sencillo de lo que se cree para un ciudadano común.
Los hay de todo tipo y precio. En el norte de Quito, cerca del Complejo Habitacional de la Policía Nacional, por ejemplo, se ofrece un pantalón y la chaqueta de camuflaje por la módica suma de USD 48.
Quien los comercializa aclara que son modelos en desuso. Ofrece, si se lo pide, completarlos con parches y escarapelas que, si bien tampoco son los oficiales de la entidad, se asemejan al original, lo que otorga un aspecto más realista al atuendo.
Para alguien que no está familiarizado y al día con los cambios de modelo de los uniformes policiales, el traje podría pasar sin problema como el que está vigente y la persona que lo lleva podría ser tomada como un agente del orden.
En el sector de La Recoleta, en el centro de Quito, donde se ubica el Ministerio de Defensa, hay varios locales que proporcionan ropa y accesorios que usan policías y militares.
En algunos, se toma la precaución de pedir algún tipo de identificación antes vender el traje, pero no en todos.
En uno de los negocios se oferta el uniforme pixelado que usaban hasta hace poco las Fuerzas Armadas por USD 55. "Esta descontinuado, aunque algunas ramas creo que aún lo usan", reconoce el diseñador de las vestimentas.
Si se insiste un poco más, es posible acceder por USD 100 y "mucho cuidado" a una chaqueta y su pantalón verde oliva que, según el vendedor, sí está vigente entre los militares.
Esto, en el contexto de inseguridad que enfrenta el país, se convierte en una situación riesgosa para los ciudadanos y los propios uniformados.
Uniformes y delincuencia
En la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional se empezó a tratar una propuesta de ley para homologar y modernizar los uniformes que deben usar las fuerzas del orden en el país.
En una de las primeras sesiones, su proponente, el exasambleísta Ramiro Vela, informó que solo en 2024 hubo algo mas de 1.200 denuncias de actos delictivos en los que sus perpetradores usaban algún tipo de uniforme.
El 8 de otubre de 2024, una decena de hombres simuló un operativo militar para acceder a callejones cercados por portones en la segunda etapa de la ciudadela El Recreo, en Durán. La acción dejó cinco fallecidos.
Más recientemente, el 20 de junio, se produjo la fuga de Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, cabecilla del grupo criminal Los Águilas, quien evadió a las autoridades vestido como una de ellas: con ropa militar.
El exlegislador mostró videos en los que ciudadanos, especialmente en Guayas, dijeron no tener la confianza y la certeza de que, si ven un operativo en la calle, se trate de personal policial, militar o bandas queriendo cometer algún delito.
La propuesta legal
Pero también sucede, según Vela, que los policías y militares compran muchas veces sus propios uniformes en línea o en las tiendas que les resultan más convenientes, pero los tonos de los colores o los modelos no coinciden unos con otros.
De ahí que la propuesta que es tratada en la Comisión de Seguridad toma importancia. El objetivo es lograr la homologación de las siguientes fuerzas:
- Policía Nacional.
- Fuerzas Armadas.
- Agencias de Tránsito.
- Otros organismo de seguridad.
Además de establecer uniformidad en los colores, la propuesta señala la necesidad de asignar y numerar las vestimentas para que se sepa a qué funcionario pertenece en caso de pérdida o que sea encontrado en manos de otra persona.
También, se plantea que a los atuendos de trabajo que lleven policías, militares, agentes de tránsito, bomberos se les coloque, en una zona visible, un código QR que sería personal e intransferible.
Eso permitiría que cualquier persona o incluso los cuerpos de seguridad puedan acceder a la información del agente y corroborar su identidad de forma inmediata con un dispositivo celular.
La instalación de bodycam en los trajes, sobre todo de policías y agentes de tránsito, es otro de los planteamientos del proyecto que va camino a tener un informe para primer debate.
Eso permitiría tener una trazabilidad de las prendas, pero requeriría también empezar a regular a las empresas que actualmente hacen los trajes y obligarlas a cumplir estándares tecnológicos definidos por ministerios como el del Interior y Defensa.
Endurecimiento de sanciones
El actual Código Orgánico Integral Penal (Coip) establece que la persona que públicamente utilice uniformes o insignias de un cargo oficial que no le correspondan será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días.
Vela aseguró que la sanción muy pocas veces se cumple, por lo que propone que existan nuevos parámetros para que se cumpla la pena y que esta sea de 90 días. Además, que se considere agravante si se lo usa para cometer delitos.
La presidenta de la comisión, Inés Alarcón, de Acción Democrática Nacional (ADN), recordó que en la Ley de Solidaridad aprobada el 7 de junio se incluyó una reforma al Coip para que quien sean encontrado cometiendo un delito con uniforme policial, militar u otras entidades de seguridad tenga penas de prisión de uno a tres años.
En los próximos días será convocada la Fiscalía General del Estado para que entregue mayores detalles sobre los casos de mal uso del uniformes de agentes estatales, además a los ministros del Interior y Defensa.
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