Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en la mira del crimen organizado en Santa Elena

En las carreteras de la provincia de Santa Elena, los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) enfrentan una realidad que va más allá del control vial: el acecho constante de bandas criminales que desafían su autoridad con intimidación y violencia. 

Los operativos de control, diseñados para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas de tránsito, se han convertido en un campo de batalla donde los vigilantes no solo lidian con infractores, sino con el temor a represalias que incluyen amenazas de muerte y agresiones directas.

Durante los controles, los motorizados entregan sus documentos —licencia y matrícula— junto con un elemento perturbador: un documento plastificado que exhibe el emblema de una banda criminal, tanto de Los Choneros como de Los Comandos. Se trata de una especie de salvoconducto que, según los delincuentes, les otorga inmunidad.

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“Es como si nos dijeran: ‘No nos toques, porque tenemos respaldo’”, relata un agente bajo condición de anonimato, por temor a represalias. Este acto no es solo un desafío a la autoridad, sino una advertencia implícita de las consecuencias que podrían enfrentar los vigilantes si persisten en sus labores.

“En el último operativo que mantuve con la policía y la intendencia, uno de estos sujetos me entregó ese documento amenazante, nosotros no podemos denunciar porque se pone en riesgo nuestra vida” relató el agente, quien asegura que la mayoría de los casos ocurre en el cantón La Libertad. Sin embargo, territorios como Salinas y Santa Elena tampoco son ajenos a esta realidad.

La situación se agrava cuando los vehículos, especialmente motocicletas, son retenidos por infracciones de tránsito. En más de una ocasión, grupos de delincuentes han irrumpido en los destacamentos de la CTE para recuperar los vehículos a la fuerza.

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“A nuestro destacamento han llegado en manada, armados, y no hay mucho que podamos hacer”, confiesa un alto funcionario de la CTE, visiblemente frustrado.

Estas incursiones no solo representan una violación a la seguridad de los destacamentos, sino que evidencian la audacia de las bandas criminales que operan en la región, como Los Choneros y Los Lagartos, además de otras organizaciones vinculadas al narcotráfico y la extorsión, según informes policiales.

"O libera las motos o lo matan"

Un caso que aún se recuerda en los pasillos de la CTE es el de un exdirector provincial del destacamento en Santa Elena, quien fue amenazado directamente en su oficina. “Pusieron un arma de fuego sobre el escritorio de mi coronel, y le dieron un ultimátum, que deje libre las motos o lo mataban”, relató uno de los funcionarios, que se encontraba ese día en el destacamento, y quien prefirió no ser identificado.

La intimidación no se detiene ahí. Otro agente fue trasladado con el pase de urgencia a otra ciudad tras recibir amenazas de muerte, mientras que otro de sus compañeros vive acosado por llamadas intimidatorias en las que le exigen devolver los vehículos retenidos. 

“Te llaman a cualquier hora, saben quién eres y dónde vives".

Agente de la CTE.

Operativos con protección policial

Ante esta escalada de violencia, los agentes de la CTE han optado por reforzar sus operativos con el apoyo de la Policía Nacional, una medida que busca disuadir a los delincuentes y garantizar la seguridad de los vigilantes. Sin embargo, la colaboración no siempre es suficiente.

En septiembre de 2024, cuatro agentes de la CTE fueron brutalmente golpeados por ocupantes de una camioneta durante un control en Santa Elena. La intervención oportuna de la Policía permitió la captura de tres de los agresores, pero el incidente dejó a los agentes con 48 horas de incapacidad física y una sensación de vulnerabilidad que persiste.

Vehículos retenidos, al canchón de la Policía

Para proteger los vehículos retenidos, los vigilantes propusieron una solución en la mesa de seguridad que mantienen con todas las autoridades provinciales: Su pedido fue trasladar los automotores que serán retenidos en los próximos operativos, a los patios de la Policía Nacional, donde la seguridad podría ser más robusta.

Esta medida enfrenta retos logísticos y burocráticos, sostiene a Policía Nacional, ya que requiere una coordinación más estrecha entre la CTE y la Policía, en un marco de nuevos reglamentos que permitan esas disposiciones.

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PRIMICIAS le consultó sobre estas denuncias al general Pablo Dávila, comandante General de la Policía Nacional, y mencionó que están realizando labores de inteligencia sobre este tema, pero sostuvo que es importante que exista las denuncias pertinentes dentro de la Fiscalía.

Santa Elena, epicentro de lucha criminal

Santa Elena, con su estratégica franja marítima de 150 kilómetros, se ha convertido en un epicentro de disputas entre bandas como Los Choneros, Los Lobos y Los Lagartos, que buscan controlar el narcotráfico y el microtráfico en la región. 

Este escenario no solo pone en riesgo a los ciudadanos, sino que convierte a los agentes de la CTE en blanco de intimidaciones. La provincia registra un incremento del 88% en muertes violentas desde 2022, muchas de ellas vinculadas al microtráfico y las disputas territoriales entre grupos criminales.

A pesar de las adversidades, los vigilantes de la CTE persisten en su labor. “Sabemos que es peligroso, pero alguien tiene que hacer el trabajo”, dice un agente con resignación.

La reciente decisión de la Policía Nacional de asumir el control de tránsito en 25 ejes viales prioritarios, incluidas algunas rutas en Santa Elena, podría aliviar la presión sobre la CTE, pero también plantea interrogantes sobre el rol futuro de los vigilantes en estas zonas.

Mientras tanto, en las carreteras de Santa Elena, los agentes de la CTE continúan su trabajo bajo la sombra de las amenazas, con la esperanza de que la colaboración con la Policía y medidas más contundentes logren devolverles la seguridad que tanto necesitan para cumplir con su deber.