Abogados, arquitectos y maestrantes, entre los 2.708 afectados por títulos de Unival anulados tras fallo judicial en Ecuador
El Ministerio de Educación sustenta esta decisión en una sentencia de la Corte Provincial del Guayas que expone irregularidades en los títulos emitidos por una universidad nicaragüense y sus efectos en el ámbito profesional.
La universidad Unival, de Nicaragua, emitió títulos profesionales en Ecuador.
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La anulación de 2.708 títulos académicos otorgados por la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (Unival) no solo marca un precedente en el control de la educación superior en Ecuador, sino que también permite entender qué tipo de estudios estaban involucrados, por qué perdieron validez y cuál es el impacto real en los afectados.
Según la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas —que sustenta la decisión del Ministerio de Educación— los títulos anulados corresponden a carreras de tercero y cuarto nivel, es decir, tanto de pregrado como de posgrado.
El fallo menciona de forma expresa que entre los títulos que buscaban ser reconocidos en el país estaban los de “abogados, arquitectos, psicólogos, maestrías, entre otros”, lo que evidencia que se trataba de formación profesional en distintas áreas.
Aunque la sentencia menciona algunas áreas de formación, PRIMICIAS solicitó al Ministerio de Educación un desglose oficial por carreras y niveles académicos. Sin embargo, aún no hay respuesta hasta el cierre de esta nota. Las razones de esta decisión están detalladas en la propia sentencia.
Irregularidades en la obtención de los títulos
Según el fallo, la decisión se fundamenta en una serie de irregularidades detectadas en el funcionamiento de la institución extranjera.
El tribunal advierte sobre la “posible inexistencia jurídica de una universidad extranjera que otorga títulos”, así como problemas en la forma en que se ofrecían los programas académicos.
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Además, se señala que “se ofertaba carreras y programas que validaban experiencia laboral, sin embargo, no existía una normativa… que ampare esa situación”, lo que pone en duda la validez de los procesos de formación.
El documento judicial también recoge alertas más graves. En el expediente consta que existía una advertencia de la Policía Nacional sobre “posibles ilícitos, incluso de carácter penal” relacionados con estos títulos.
Qué implica la anulación para los afectados
Más allá del debate legal, la sentencia deja claro el impacto directo sobre las personas que obtuvieron estos títulos.
El fallo reconoce que la situación “perjudica derechos de registros de título y el ejercicio de la profesión que esos títulos otorgan”, lo que implica que los afectados no pueden utilizarlos legalmente en Ecuador.
Esto tiene consecuencias concretas en el ámbito laboral y profesional. La misma sentencia advierte que la medida “afecta el proyecto de vida y con ello el buen vivir”, al impedir que los ciudadanos ejerzan su profesión “a través de un trabajo digno en base a la preparación alcanzada”.
En la práctica, esto significa que los títulos anulados no pueden ser usados para acceder a empleos, concursos públicos, ascensos o cualquier actividad que requiera acreditación académica formal.
Fallas en los controles del sistema
La sentencia señala que era responsabilidad de las autoridades verificar la validez de estos títulos, algo que “en la práctica no ocurrió”, según el propio fallo.
Además, el tribunal indica que no se puede trasladar toda la responsabilidad a los estudiantes, quienes accedieron a estos programas “confiando en los organismos de control ecuatorianos”.
Otro elemento clave es que, durante varios años, estos títulos sí lograron insertarse en el sistema. La sentencia establece que “hasta mayo de 2021… los estudiantes de la Unival pudieron registrar sus títulos”, lo que evidencia un cambio posterior en los criterios de validación.
Un caso que deja lecciones
La anulación de los títulos de Unival no solo afecta a más de 2.700 personas, sino que también deja al descubierto vacíos institucionales y los riesgos de cursar estudios en instituciones extranjeras sin verificación adecuada.
El caso marca un precedente en el control de títulos internacionales en Ecuador, pero también abre interrogantes sobre las responsabilidades del Estado y las posibles salidas para los afectados frente a la pérdida de validez de sus estudios.
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