Sin agua y "con un calor insoportable", así trabajan los empleados del Complejo Judicial Florida Norte, en Guayaquil

El deterioro progresivo de la red externa de agua potable del Complejo Judicial Florida Norte en Guayaquil pone en riesgo el abastecimiento de este servicio básico que no ha recibido mantenimiento en los últimos 12 años, desde su inauguración en octubre de 2013.

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Informes técnicos de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas advierten que el edificio judicial presenta daños progresivos “que han comprometido gravemente el suministro continuo y eficiente del servicio de agua potable”.

El Complejo Judicial Florida Norte, ubicado en el kilómetro 8,5 de la vía a Daule, en el noroeste de Guayaquil, representa la obra más costosa construida durante la Emergencia Judicial, decretada en 2011 durante el gobierno de Rafael Correa.

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A un costo de más de USD 60 millones, este complejo judicial comprende once bloques, ocho edificios construidos e incluyen dos bloques para el parqueadero de vehículos. Ahí acuden diariamente un centenar de jueces y más de 700 empleados de la Judicatura.

Tiene un área de construcción de 62.619 metros cuadrados y cuenta con 52 salas de audiencias para tratar procesos judiciales correspondientes a la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).

Se estima que unas 2.000 personas, entre usuarios y abogados, asisten a diario a este centro judicial, que dos años después de inaugurado fue sometido en 2015 a cambios estructurales valorados en más de USD 2 millones debido a que no contaba con la infraestructura del sistema de prevención de incendios ni permiso del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Sin mantenimiento desde 2013

Desde el año 2013, este Complejo Judicial no ha realizado los mantenimientos anuales, que son obligatorios desde el 31 de enero de 2022, cuando se aprobó un Manual de Uso y Mantenimiento de Edificios Institucionales, protocolo necesario para garantizar la vida útil de su infraestructura hidráulica.

“La red externa de agua potable, desde su instalación no ha sido sometida a procesos sistemáticos de mantenimiento, lo cual ha derivado en un desgaste acelerado de los componentes”.

Informe Consejo Provincial de la Judicatura

Entre las deficiencias se señalan, por ejemplo, constantes fallas operativas como “rotura de tuberías, fugas visibles, interrupciones del servicio en los pisos superiores y daños en equipos críticos como bombas y tableros eléctricos”.

La misma Judicatura advierte en sus documentos que “dichas deficiencias afectan la operatividad del complejo poniendo en riesgo la salubridad del agua, la integridad de los usuarios y el funcionamiento institucional del servicio de justicia”.

A la vista de usuarios y empleados, algunas tuberías sobresalen en varios pasillos del complejo judicial y se observan tramos en donde se ha roto la calzada y el piso se encuentra en terreno natural debido a obras emergentes realizadas.

“Las tuberías pueden tener muchos años, pero ese no es el problema, el problema es que no le dan mantenimiento al edificio, y qué mantenimiento pueden dar si no hay presupuesto. A nosotros nos han llegado a deber hasta cinco meses, ahorita estamos al día”.

Empleado de limpieza

Hay usuarios que reclaman porque existen tuberías expuestas que pueden ocasionar caídas, porque a veces no hay agua ni jabón en los baños, ya que en el bloque de entrada no funciona el sistema de ventilación y porque perros y gatos, que duermen cerca de la recepción judicial, reciben a los visitantes de la deteriorada infraestructura.

“El cielorraso está dañado, así como lo ve, como oxidado, en algunas partes ni hay, ya se viene el invierno y el calor no se soporta, falta mucho mantenimiento”.

Carlos Méndez, abogado

La Judicatura Provincial ha realizado inspecciones a la red externa de agua potable del complejo judicial Florida Norte y constató otros daños, entre ellos que “los sensores de nivel de las cisternas se hallan fuera de servicio o han sido retirados, y que las válvulas de pie y de flotador presentan signos visibles de desgaste”, incluso problemas de contaminación.

“Se detectaron además puntos de ingreso directo a las cisternas que no están hermetizados, lo que permite la entrada de elementos contaminantes al agua potable, poniendo en riesgo la salubridad del recurso hídrico”, advierten las evaluaciones de los técnicos.

Adicionalmente, hay ductos de ventilación que carecen de protección y los recubrimientos interiores de las cisternas se están desprendiendo. También hay tramos de tuberías con fisuras, instalaciones expuestas a la intemperie y sin protección, incluso, se observaron supuestos ‘arreglos técnicos’ que no cumplen con las especificaciones necesarias para soportar la presión.

“Los montantes que abastecen los distintos bloques del complejo presentan múltiples reparaciones informales, lo que agrava la inestabilidad del sistema”.

Informe del Consejo de la Judicatura del Guayas

Contrato pendiente desde 2024

En 2024, la Judicatura del Guayas intentó contratar la repotenciación de la red externa del agua potable del Complejo Judicial Florida Norte, pero el proceso no prosperó, fue declarado desierto porque no se había incluido documentos como el análisis unitario de los precios de los diferentes rubros de la obra sanitaria.

El Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop, declaró desierto el proceso de contratación y desde entonces, la necesidad de la obra no ha sido atendida, los problemas no solo que persisten, sino que se han agravado, recalca la función judicial del Guayas. PRIMICIAS solicitó información a esta entidad, pero hasta el cierre de esta publicación el pedido se encontraba pendiente.

Más de un año después, a mediados de diciembre de 2025, la Judicatura publicó nuevamente el proceso para contratar la repotenciación del sistema de agua potable, y prevé tener elegido al contratista, por un presupuesto de USD 151.886, máximo hasta el 13 de enero de 2026.

Esta repotenciación aspira a mejorar “la calidad del agua suministrada, ya que el reemplazo de la red permitirá eliminar tramos deteriorados, contaminados o mal conectados que representan un riesgo para la salud de los funcionarios y usuarios del Complejo”.