Aída Quinatoa, la migrante ecuatoriana en España que logró un triunfo legal en el drama hipotecario

MADRID. Aída Quinatoa entendió antes que muchos que la asfixia hipotecaria no era un problema individual, sino una losa que acabaría aplastando a cientos de familias migrantes. Cuando vio a compatriotas atrapados en préstamos imposibles y engañados por inmobiliarias que inflaban el precio de pisos de segunda mano, decidió que no podía quedarse quieta. Se inspiró en las tomas de iglesias del movimiento indígena en Ecuador y replicó esa estrategia en Madrid. Reunió a un grupo y entraron en la Catedral de la Almudena para denunciar hipotecas abusivas firmadas sin conocer los riesgos. También ocuparon agencias bancarias y llegó a plantearse entrar al Congreso, aunque le advirtieron de que podría salir detenida.

Han pasado más de 15 años desde aquella primera sacudida. La lucha ya no tiene el mismo altavoz y muchos afectados regresaron a Ecuador sin fuerzas para seguir. Ella se quedó, y ahora el juzgado de primera instancia número 5 de Madrid ha ordenado el sobreseimiento del desahucio que la perseguía desde 2014, al concluir que fue víctima de una cláusula abusiva. El banco declaró vencido el préstamo tras el impago de solo cuatro cuotas, una medida que el juez consideró desproporcionada según la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. La resolución eliminó la amenaza inminente de perder su casa. Su esposo, al conocer el fallo, comenzó a arreglar la vivienda que “se venía abajo” tras años sin invertir un euro en un lugar que creían perdido. Aída insiste en que la sentencia “abre la puerta a muchas familias” atrapadas en delitos económicos.

Su historia llegó hasta aquí tras encadenar múltiples abusos. Nunca logró sentar en el banquillo a los dos dueños de la Central Hipotecaria del Inmigrante, la inmobiliaria que en 2004 la atrapó en una red de avales cruzados entre migrantes que no se conocían entre sí. Escuchó la publicidad en una radio ecuatoriana mientras buscaba un piso de máximo 100.000 euros (hoy, USD 117.440 al cambio). Le mostraron una vivienda en buen estado, pero justo antes de la firma le dijeron que ya no estaba disponible y le ofrecieron otra, mucho peor. “Me amenazaron con cobrarme las comisiones si renunciaba, así que acepté”, recuerda.

Terminó firmando por un piso de 46 metros deteriorado y sobrevalorado, en el barrio de San Blas. Contrajo una deuda de 146.000 euros con el banco (USD 171.640) y 14.000 (USD 16.440) con la inmobiliaria. Los avales cruzados funcionaban como un dominó capaz de desplomarse en cualquier dirección. “Te decían que tenías que ayudar a tu compatriota para que esa persona pueda ayudarte a ti, pero al final cubrías a gente que no conocías de nada”, explica. Cuando expresó dudas, recibió otra promesa hueca: “En un par de años se hace otra escritura y dejas de ser avalista. Eso te cuesta unos 20 euros”. La pareja a la que avaló dejó de pagar en 2007 y el banco fue directamente por su nómina y su vivienda.

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En 2014 su hipoteca estalló, en parte porque ella y su esposo se quedaron sin trabajo. Durante los últimos años pagó su cuota con el seguro de desempleo hasta que ya no pudo más. Hasta ese momento cumplió religiosamente con cuotas que pasaron de 640 a 1.200 euros por el Euríbor (de 750 a 1400), y pagó además 240 euros mensuales durante cinco años por la intermediación, unos 14.000 euros. Lo resume con una mezcla de exactitud y desgaste: “Yo pagué todo, haciendo cálculos pagué cerca de 120.000 euros”. Más tarde, un arquitecto valoró el piso en apenas 45.000. Ella sentencia: “Mi conciencia, yo he pagado tres veces más de ese piso”.

Nunca dudó de su rumbo. “Yo tenía la razón”, repite. 

Su lucha se mezcló con su formación. Estudió abogacía a distancia con la UTPL mientras trabajaba como interna y aprovechaba las noches para leer. “Cuando se dormían los abuelitos yo me ponía a hacer mis deberes”. Más tarde obtuvo una beca del gobierno español y cursó un máster en penal y económicas. A sus 60 años describe ese proceso como “un abrir, un despertar” que le permitió entender la arquitectura de los delitos contra la gente.

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Esa determinación viene de lejos. De adolescente dejó Chillanes, en la provincia de Bolívar, para trabajar en una casa en Quito. Allí se esforzó por graduarse y luego estudiar psicología. No terminó la carrera, pero lo aprendido le sirvió en su pulso contra los acreedores. Ese recorrido le costó amistades, tensó su matrimonio y la llevó incluso a dos candidaturas fallidas con Pachakutik, convencida de que desde una curul podía defender mejor a los migrantes.

El fallo reciente le ha devuelto una esperanza que creía desgastada. Dice que su triunfo es de “toda la gente que ha sufrido”. Hoy aún arrastra una deuda —el banco podría reclamar lo que considera pendiente—, pero mira hacia adelante. Planea buscar trabajo en enero con un pequeño colchón ahorrado de la beca. Confía en que su preparación le sirva, por fin, para algo más que resistir.

Estos días su rostro aparece en espacios donde se habla de resistencia y dignidad. Esta semana participó en la proyección de Ciudad Sin Sueño, la historia de un joven gitano que crece en el mayor asentamiento irregular de Europa. Aída escucha esa narración con una mezcla de reconocimiento y desgarro. Se ve en ese adolescente que pelea desde los márgenes, en esa comunidad que resiste a un país que prefiere mirar hacia otro lado. Para ella, esas historias, la de los gitanos, la de los migrantes, la de cualquiera que viva al borde del desahucio social, forman parte de la misma cartografía de exclusión que España intenta borrar del encuadre. “Muchos tenemos que pelear cada día”, dice.