En un año, 1.925 migrantes deportados han cobrado el bono gubernamental de USD 470 mensuales

El 81% de los migrantes ecuatorianos, deportados forzosamente desde Estados Unidos, que recibieron el bono decretado por el presidente Daniel Noboa son hombres. En el primer año de la medida, lanzada el 4 de febrero de 2025, 1.925 ciudadanos se acogieron al beneficio de USD 470, que se paga por tres meses.

Según los datos enviados a PRIMICIAS por la Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR), estos ecuatorianos pertenecen a 166 cantones y la mayoría viven en Quito, Guayaquil y Cuenca. Además, el 58% de beneficiarios tienen entre 25 y 40 años de edad, y el 68% son solteros.

Con estos datos, el bono decretado por el Primer Mandatario debería implicar un desembolso total de USD 2,71 millones, con el objetivo de "facilitar la reintegración social y económica de los migrantes ecuatorianos retornados(...) promoviendo su dignidad humana". Sin embargo, la Secretaría aclaró que no en todos los casos se recibieron necesariamente las tres transferencias.

Esto porque el Decreto Ejecutivo No. 521 estableció que la entrega del bono esté "condicionada a la ejecución de actividades de la entidad ejecutora". Es decir la misma Secretaría de Riesgos, que debía determinar "un mecanismo de monitoreo y supervisión del cumplimiento de las acciones emprendidas por los beneficiarios registrados".

Y, aunque el presidente Noboa no estableció un límite temporal para este beneficio, el sitio web habilitado para el programa "Ecuador es tu hogar", ya no funciona. El 11 de marzo, el link anunciaba que el sitio se encuentra en mantenimiento.

Las excepciones

El Ejecutivo estableció que este bono no aplica para todos. Por ejemplo, quedan por fuera los ecuatorianos que se deportaron voluntariamente, los menores de edad y aquellos que no quisieron acogerse al programa creado por el Gobierno.

Además de otros requisitos establecidos en el decreto 521:

• Que no haya cometido delitos graves contra la vida, integridad sexual, terrorismo, asociación ilícita, narcotráfico, delincuencia organizada en el Ecuador o en los Estados Unidos
• Que no mantenga antecedentes penales en Ecuador
• Que no sea beneficiario ya de otros bonos del Ministerio de Desarrollo Humano
• Que se encuentre en el listado emitido por la Cancillería

Cancillería argumenta la confidencial de la información

PRIMICIAS pidió acceso al listado que debe emitir la Cancillería, a través del Portal Nacional de Transparencia, el 3 de febrero. Pero la entidad rechazó la solicitud. PRIMICIAS insistió en el pedido el 18 de febrero y diez días más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que "no es competente para pronunciarse sobre dicha información".

La Cancillería, dirigida por Gabriela Sommerfeld, agregó que las leyes de Protección de Datos Personales y de Movilidad Humana "establecen la confidencialidad de los datos personales de las personas migrantes", por lo que "no resulta viable la entrega de listados individualizados". Esto pese a que PRIMICIAS no solicitó la indentificación de ninguno de los beneficiarios, sino sus datos demográficos.

La Cancillería es la entidad rectora de la movilidad humana y es la encargada de mantener el registro de migrantes retornados, en el que también constan los datos demográficos de los ecuatorianos que, por cualquier motivo, regresan a vivir al país.

Y esos datos públicos reflejan, por ejemplo, que entre 2021 y 2024, 2.344 ecuatorianos obtuvieron el carné de migrante retornado, 56% eran hombres, el 45% eran bachilleres y el 23% tenían entre 60 y 69 años. Esos ecuatorianos regresaron desde 220 ciudades en 55 países. La mayoría justamente desde Estados Unidos.

Finalmente, la Cancillería delegó la responsabilidad al ahora Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), bajo el argumento de que es la entidad rectora y ejecutora del mecanismo, pese a que el decreto 521 establece que la ejecución está a cargo de la Secretaría de Riesgos. El MDH es responsable del sistema de registro y las transferencias monetarias.

PRIMICIAS solicitó la misma información al Ministerio de Desarrollo Humano, el 3 de febrero, pero la entidad no ha respondido hasta el momento, pese a que la Ley de Transparencia establece un plazo máximo de 15 días para hacerlo.

Contrario a esas dos instituciones, la Secretaría de Gestión de Riesgos sí acogió la solicitud de acceso a la información pública de PRIMICIAS "para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos sin vulnerar la privacidad de los beneficiarios".