“Que se vaya toda la podredumbre”, usuarios reaccionan al cierre de la ANT en Quito
El allanamiento a funcionarios de la ANT, por presunta delincuencia organizada, obligó al cierre de la entidad por 30 días y dejó a decenas de usuarios sin poder realizar trámites.
Usuarios se encuentran con las puertas cerradas en la oficina matriz de la ANT, en Quito, este 30 de enero de 2026.
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Santiago Sarango / Primicias
Autor:
Santiago Sarango
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El cierre por 30 días de la oficina matriz de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) tomó por sorpresa a decenas de usuarios que llegaron a la entidad la mañana de este 30 de enero de 2026. Ese día, la Fiscalía ejecutó un allanamiento contra un grupo de funcionarios de la institución, entre ellos el propio director de la agencia.
Según la Fiscalía, la intervención responde a una investigación por presunta delincuencia organizada al interior de la ANT.
“Funcionarios de esa entidad estarían dedicados al cobro ilegal de dinero a cambio de agilizar trámites”, explicó la Fiscalía en su cuenta de X. La institución denominó caso Jaque a la investigación, que se inició en julio de 2025.
Como parte del operativo, las autoridades realizaron 23 allanamientos en oficinas y domicilios de los funcionarios investigados en Quito, Imbabura y Santo Domingo.
El operativo dejó como resultado la detención de 10 funcionarios de la ANT y la incautación de teléfonos celulares, documentación, dispositivos de almacenamiento, licencias de conducir, joyas y una gran cantidad de dinero en efectivo.
Además, se dispuso el cierre de la entidad por 30 días, ya que —según las autoridades— es necesario depurar una estructura ilegal en la que aparentemente participaban funcionarios “desde la dirección hasta los mandos inferiores”, de acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg.
El ministro señaló que esta red habría causado un perjuicio superior a los USD 3 millones. “Ese dinero ha sido desviado a las cuentas de quienes estaban participando en este hecho delictivo”, aseguró.
“Que se vaya toda la podredumbre”
De acuerdo con las investigaciones, esta red cobraba dinero de forma ilícita a cambio de agilizar trámites en la ANT, principalmente la venta de licencias de conducir —que incluso llegaban a domicilio— y la asignación de frecuencias de transporte.
Según las autoridades, los funcionarios cobraban entre USD 150 y USD 200 por servicios como la entrega de licencias de conducir.
Para algunos ciudadanos, la intervención “era de esperarse”, pues aseguran que la presencia de mafias de corrupción alrededor de la ANT era conocida.
“Que se vaya toda la podredumbre que ha habido durante mucho tiempo atrás. No es la primera vez que se denuncian estas cosas, entonces, era de esperarse”, expresó la ciudadana Marlene Cortez.
Cortez acudió a la entidad para realizar la deshabilitación de un vehículo y así poder obtener la matrícula, sin saber que las oficinas habían sido allanadas ese viernes. “Es una pena. Ahora me toca pagar a mí la caducidad del contrato”, añadió.
También llegaron hasta los exteriores de la agencia matriz de la ANT, ubicada en la avenida Mariscal Sucre, Pedro Farinango y Beatriz Vaca.
Farinango acudió con la intención de subsanar una multa cuyo plazo vence a mediados de febrero. “Ojalá atiendan antes, porque si no estamos fregados”, manifestó.
En el caso de Vaca, ella explicó que tuvo que recurrir a los llamados tramitadores para solicitar un incremento de cupo y así lograr que su camión forme parte de una compañía y pueda empezar a trabajar.
Según la usuaria, pagó USD 300 a un primer tramitador, con supuestos contactos en la ANT, que le ofreció regularizar su vehículo en mes y medio. Sin embargo, tras cinco meses sin resultados, tuvo que acudir a otro intermediario que le pidió USD 500.
Para Vaca, es lamentable tener que recurrir a estas personas para “poder trabajar”, ya que —según relató— el trámite por la vía formal le tomaría mucho más tiempo.
La mujer llegó a la ANT en busca de soluciones, pero se encontró con las puertas cerradas. Además, señaló que la compañía en la que se inscribió tampoco le brindó la asesoría adecuada, por lo que ahora su inversión —que supera los USD 35.000, entre camión y cupo— se encuentra en riesgo.
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