Deuda a clínicas de diálisis bordea los USD 200 millones, y el IESS asegura que paga conforme a los "recursos presentes y futuros"
El 88% de los pacientes con insuficiencia renal en Ecuador son atendidos en centros de diálisis privados, pero la deuda creciente preocupa a los enfermos.
Fotografía del 16 de mayo de 2025 de un paciente en una clínica de diálisis en Quito.
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EFE/Redacción Primicias
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La preocupación de unos 20.000 pacientes renales y de los dueños de las clínicas de diálisis en Ecuador, por las millonarias deudas del Estado, es un tema que sigue latente desde hace año y medio.
Los impagos llegaron a acumularse por más de un año, según asegura el propietario de uno de estos centros privados, que atiende hasta cuatro turnos diarios, desde las 05:00 hasta la 01:00 hora local del día siguiente. Cada paciente debe pasar al menos tres veces por semana, en sesiones de cuatro horas.
Desde 2008, año en que la insuficiencia renal fuera declarada en Ecuador como una enfermedad catastrófica, la diálisis está cubierta por el Estado. Pero, no contaría con la capacidad para atender a todos y debe derivar a clínicas privadas al 88% de los pacientes, que ascienden a unos 17.000.
La deuda hasta abril se aproximaba a los USD 200 millones, según asegura la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador.
Por su parte, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) afirma que está dando prioridad a los pagos a las dializadoras.
En 2024 pagó USD 113 millones de dólares y este año ha pagado USD 65,5 millones, si bien admite que no ha terminado las auditorías para saldar las deudas de 2024, con un cronograma que "depende de los recursos económicos presentes y futuros".
Mientras, el Ministerio de Salud Pública ha pagado en las últimas semanas mediante bonos de deuda, y las clínicas han tenido que revenderlos para conseguir liquidez.
Demanda en tribunales
Desde las clínicas afirman que la deuda es todavía grande. Determinados centros han reducido terapias o han dejado de hacer análisis y dar medicamentos, según denuncia la paciente Gabriela Álvaro, quien ha presentado en la Justicia una acción de protección contra el Gobierno.
"Hay dializadoras que han quitado media hora de diálisis. Otras han quitado una diálisis de las tres semanales y, si el paciente desea realizar la tercera, deben comprar esos insumos", explica Álvaro, que comenzó con las diálisis a los 23 años y tuvo que volver a ellas después de que le fallara un trasplante de riñón.
"El año pasado, en Guayaquil, clausuraron una clínica porque el dueño salía a los plantones de los pacientes. La clínica dejó de recibir recursos. Los pacientes tuvieron que comprar los insumos durante ocho meses hasta que la clínica cerró".
Gabriela Álvaro, paciente
La deuda ha impactado también a los proveedores, que en algunos casos han suspendido el suministro de productos a los centros de diálisis. Así lo ha vivido en primera persona Roberto García, que ha tenido que comprar los implementos para su diálisis.
Hasta en tres ocasiones le dijeron en su centro que no iban a realizarse más diálisis por falta de insumos.
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