Contraloría determina perjuicio de más de USD 4 millones en el hospital Monte Sinaí e identifica indicios penales

La Contraloría General del Estado presentó el 13 de diciembre los resultados de un Examen Especial al Hospital General Monte Sinaí de Guayaquil. El ente de control identifica indicios penales y sugiere responsabilidades civiles y administrativas por más de USD 4 millones.

Los auditores de la Contraloría examinaron las fases preparatoria, precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de 43 procesos de contratación de dispositivos médicos, reactivos para laboratorio, gestión de desechos hospitalarios y medicamentos en el Hospital General Monte Sinaí.

Las operaciones auditadas ascienden a USD 17'647.379 y se efectuaron entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2025.

Como resultado de la acción de control, la Contraloría sugiere establecer responsabilidades civiles por USD 3'784 616,26 y administrativas por USD 222.840, derivadas de las irregularidades en los contratos para la prestación del servicio de gestión externa de desechos hospitalarios, adquisición de medicamentos, insumos y reactivos para el laboratorio clínico.

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Además, se analizó el pago, registro, uso y destino de los bienes y servicios adquiridos en el Hospital General Monte Sinaí, en el contexto de la crisis del sector de la salud pública.

Las operaciones auditadas ascienden a USD 17'647.379 y se efectuaron entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2025.

Estas son las irregularidades más destacadas que fueron detectadas en los procesos de contratación pública y de finanzas:

• El análisis de 20 procesos de contratación reveló que 1'344.062 unidades de reactivos de laboratorio fueron descargadas del inventario sin que existan resultados médicos que respalden su uso.
• Debido a esto, se desconoce el destino de materiales valorados en USD 3'598.185.
• Además, 42 informes de necesidad no incluyeron parámetros esenciales -como stock, consumo mensual y tiempo de abastecimiento- para justificar las compras.
• De igual forma, en 38 informes las cantidades de productos difirieron de lo aprobado en las Actas del Comité Técnico de Farmacoterapia.
• Estas omisiones impiden confirmar si la adquisición de 1.205 ítems respondió a una necesidad institucional real.
• La auditoría detectó un perjuicio al Estado de USD 124.390,97 por inconsistencias en el pesaje de los desechos hospitalarios.
• Entre el 11 de julio de 2023 y el 5 de mayo de 2024 (157 días) las cifras detalladas en los manifiestos no coincidieron con los registros de las bitácoras de seguridad.
• Los pagos fueron autorizados pese a no existir una validación real de la cantidad de residuos para su disposición final.
• Con respecto a los fármacos, al cruzar la información del ingreso a bodega del 3 de julio de 2023, con los Certificados de Análisis de Lote (COA), se identificaron diferencias injustificadas en los inventarios.
• Del lote 9580623 de Magaldrato solo se produjeron 4.000 unidades, pero en el hospital se registró la entrada de 11.219.
• Asimismo, se detectó una diferencia de 164.045 unidades de tabletas masticables Cbcal (lote 1780623) entre lo  facturado por el laboratorio fabricante y lo ingresado en bodega. El daño patrimonial al hospital por estas deficiencias suma USD 47.674,33.
• En la adquisición de 7.800 insumos para determinaciones de Hepatitis A y gasometría se determinó un perjuicio de USD 22.014,25.
• Pese a que los contratos exigían una vigencia mínima de 12 meses, se ingresaron a bodega reactivos con menos de tres meses de vida útil.
• Esta situación, aceptada en las actas de entrega sin garantías de canje, comprometió la sensibilidad técnica de las pruebas y ocasionó que no se justifique el uso y destino de 5.143 unidades.
• También se identificó el vínculo operativo y familiar (consanguinidad de primer y tercer grado) entre tres oferentes que participaron en dos procesos para la compra de reactivos.

Las deficiencias originaron la emisión de indicios de responsabilidad penal (IRP), que se remitieron a la Fiscalía General del Estado (FGE). Los posibles delitos se relacionan con la ejecución de los contratos para la gestión externa de desechos, relaciones no declaradas entre proveedores, adquisición de medicamentos y reactivos de laboratorio.