Crisis en la Universidad Agraria llega a los juzgados de Ecuador

La crisis interna que vive la Universidad Agraria de Ecuador desde hace unos cuatro meses, y que se manifestó con las protestas del personal administrativo esta semana, llegó a los juzgados.

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Un juez dictó el martes 15 de abril de 2025 una medida cautelar solicitada por la rectora Tamara Borodulina, en la que desconoce las resoluciones tomadas por el Consejo Universitario, máximo organismo del centro académico, el lunes 14 de abril.

Ese día, tras una serie de reclamos de los empleados y docentes, el Consejo Universitario resolvió la aprobación de catorce puntos, entre ellos los siguientes:

• Declarar el recinto universitario como un centro de paz, libre de armas que afecten a la seguridad.
• Prohibir el traslado administrativo del personal de carrera y código de trabajo sin su consentimiento.
• Prohibir traslados de docentes a lugares distintos del asignado por el concurso de méritos.
• Se dispone una distribución equilibrada de actividades docentes.
• Dejar insubsistentes los contratos de servicios profesionales y especializados del nuevo personal ingresado en los últimos cuatro meses.
• Solicitar la renuncia de la rectora Tamara Borodulina.
• Solicitar la remoción inmediata de sus cargos de la directora Administrativa, directora Financiera y coordinador de Talento Humano.
• Plantear la modalidad de estudios a distancia para evitar que se paralicen las actividades y no perjudicar a los estudiantes.
• Disponer que el Consejo Universitario que sesione de manera permanente.
• Notificar la situación a organismos como la Senescyt, Ceaces, Ces y Sercop.

La medida cautelar dispuesta por el juez el martes 15 desconoce estos puntos aprobados por la universidad, aduciendo que “evidencian la presunta vulneración del derecho al trabajo de la rectora y la seguridad jurídica”.

• Universidad Agraria: Docentes denuncian maltratos del asesor de la rectora

Además, la decisión del juez Iván Tirsio ordena -para garantizar el funcionamiento académico y administrativo de la universidad- que el “personal de la Universidad Agraria garantice el acceso y seguridad interna de la rectora”.

También dispone que la Policía Nacional del distrito sur se encargue de esta disposición y permita el ingreso a la rectora “para que desempeñe sus funciones y con esto se garantice el desarrollo académico de los estudiantes y del personal administrativo”.

“Debo de recalcar que por ningún motivo se deben de paralizar las actividades académicas del referido centro de estudio, de presentarse algún problema deberán informar a esta autoridad”, señala el juez de la Unidad Judicial Penal Slur con competencia en delitos flagrantes.

La medida judicial reactiva el malestar de los trabajadores, quienes se mantienen en protesta desde el lunes en medio de denuncias de irregularidades, entre ellas la contratación de un centenar de empleados sin justificación, sin concurso de méritos y que ganan “salarios a dedo”.

Varios docentes consultados por PRIMICIAS, además del vicerrector Javier Del Cioppo, responsabilizaron de las irregularidades y de supuestos maltratos al asesor de la rectora, José Luis Llerena, y aseguraron que el asesor -sin nombramiento- quedó encargado del despacho de la rectora, cuando ella viajó a España la semana pasada.

“Los carros de la universidad los utilizaron para la campaña electoral”, comentó un docente quien denunció que Llerena está obligando al personal a firmar contratos bajo la amenaza de trasladarlos a otras extensiones de la universidad en cantones o provincias si es que no obedecen.

La Universidad Agraria publicó en su cuenta de X un mensaje en el que solicitaba la intervención "urgente" del gobierno para resolver la crisis interna que enfrenta.