Vivir en una habitación: el desahucio de un ecuatoriano que explica la crisis del alquiler en Madrid

MADRID. La vida de un ecuatoriano de 36 años dio un vuelco una tarde de febrero, al terminar su jornada como soldador. Volvió a casa, en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, y se encontró con una puerta de hierro que no estaba allí el día anterior. Un cartel advertía de una alarma conectada para evitar ocupaciones. No pudo entrar. Dentro habían quedado sus documentos, su ropa, la vida entera compartida con su padre, de 67 años, migrante de larga data en España. Afuera, el frío y una palabra —desahucio— que hasta entonces no formaba parte de su vocabulario.

Habían llegado al país en 2004 y alquilaban una habitación en el sur de la ciudad, en Villaverde, el distrito con los precios más bajos de la capital. La vivienda pertenecía a otra familia ecuatoriana, también migrante. “Nos decía la señora que es un contrato con una inmobiliaria”, recuerda el joven, que prefiere no revelar su identidad. Nadie les habló de un proceso judicial en marcha ni del lanzamiento —la fase final del desahucio— que ya era inminente. “Nunca nos avisaron… si nos hubiesen dicho, al menos para buscar otro camino”, dice. “No sé por qué actuaron así; a lo mejor pensaban que ‘si yo me hundo, tú también te hundes’”.

La primera reacción fue llamar a los propietarios. Solo respondió uno de los hijos que vivían en el piso y le dijeron no saber nada, se mostró indignado y dijo que estaban haciendo gestiones para recuperar el piso. Pero esa noche no hubo llaves ni soluciones. Las pertenencias seguían dentro y el tiempo apremiaba: el padre debía jurar la nacionalidad española en cuestión de días y su pasaporte había quedado atrapado tras la nueva cerradura. Durmieron en el coche de un amigo, con mantas prestadas y demasiadas preguntas sin respuesta.

El desahucio es una de esas palabras que generan más miedo que comprensión. Se usa como sinónimo de expulsión inmediata, cuando en realidad nombra un procedimiento judicial largo y reglado. Empieza con una demanda del propietario para resolver un contrato por causas legales —impago, uso indebido o finalización— y puede prolongarse durante meses. Solo si el inquilino no abandona la vivienda voluntariamente se activa el lanzamiento: la comisión judicial, el cerrajero, el cambio de cerradura. O, como en este caso, una puerta de hierro que aparece de un día para otro.

No todos los desahucios son iguales. Si el inquilino acredita una situación de vulnerabilidad económica o social, el procedimiento puede suspenderse temporalmente para dar margen a los servicios sociales. La ley intenta equilibrar derechos que chocan de frente con los intereses de los propietarios en un mercado del alquiler tensionado hasta el límite.

Madrid es un buen termómetro de esa tensión. El precio medio de una habitación ronda los 600 euros mensuales (USD 712) y en distritos del norte y del centro supera con holgura los 650 (USD 771). En el sur, donde barrios como San Cristóbal han funcionado históricamente como refugio de rentas bajas y población migrante, los precios son más bajos, pero no inmunes a la escalada. Villaverde sigue siendo el distrito más barato, con medias en torno a los 420 euros por habitación (USD 499).

Padre e hijo pagaban 400 euros (USD 475) y, de hecho, lo habían abonado poco antes de verse refugiados en el coche de un amigo. Al día siguiente de perderlo todo pidieron permiso en sus trabajos para intentar resolver la situación. Su prioridad era acudir al consulado de Ecuador para conseguir un pasaporte de emergencia y llegar a tiempo a la jura de la nacionalidad. La máquina de imprimir pasaportes estaba dañada, pero, al límite del plazo, lograron la documentación y el padre pudo jurar. Después activaron otra red, menos institucional y más eficaz: un ecuatoriano que milita en la Plataforma Antidesahucios los puso en contacto con un abogado. En esas gestiones están ahora tratando de mediar con los caseros para entrar al piso y recuperar lo que quedó dentro. “Están mis cosas personales, la ropa, mis documentos… y también dinero en efectivo”, dice el ecuatoriano que sigue pidiendo permiso en su trabajo para resolver todo.

El escudo social, política interna de España

En este contexto de precios al alza, oferta menguante e inseguridad jurídica, el Gobierno de España ha vuelto a activar el llamado escudo social. El real decreto-ley aprobado el 3 de febrero y publicado en el Boletín Oficial del Estado prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. 

La norma deberá ser convalidada por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días, pero su recorrido parlamentario está lejos de ser pacífico. El acuerdo del Gobierno con el Partido Nacionalista Vasco para excluir de la suspensión automática a los pequeños propietarios ha abierto una grieta política. Desde Podemos, su secretaria general Ione Belarra ha denunciado el pacto con dureza, mientras el Partido Popular y Junts mantienen posiciones críticas o directamente contrarias.

La ministra de Vivienda de España, Isabel Rodríguez, defiende que los servicios sociales autonómicos deberán priorizar alternativas habitacionales para inquilinos vulnerables afectados por desahucios en viviendas de pequeños propietarios. Pero esa prioridad llega sin un refuerzo presupuestario proporcional, en un escenario en el que siguen bloqueados cerca de 60.000 desahucios desde la pandemia.

Pese a los decretos, las prórrogas y el ruido parlamentario, hay desahucios que siguen ocurriendo en voz baja, sin notificación y sin margen de maniobra. El del padre y el hijo ecuatorianos es uno de ellos: que son víctimas de un desalojo a otra familia ecuatoriana que no ha dado la cara. Mientras el Estado discute equilibrios y excepciones, ellos siguen intentando recuperar una vida que quedó al otro lado de una puerta de hierro.