El caso de Andrea: Cuando la justicia minimiza el dolor

Andrea (nombre protegido por seguridad) llegó a finales de 2025 a uno de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con la ilusión de salvar vidas en el internado de medicina y cumplir con el requisito para terminar su carrera.

Pero ese camino se vio truncado por un médico residente, quien decidió disfrazar su amabilidad con insinuaciones, que se convirtieron en amenazas y gritos ofensivos. Una tarde, delante de los demás profesionales, el médico alzó la voz para amenazar a la joven profesional con darle una “pichiza que nunca va a olvidar”. Ella quedó en shock; su madre relató que su hija no creía que una persona fuera capaz de gritar ese tipo de expresiones grotescas en su espacio laboral.

Al denunciar la agresión, el sistema judicial, en lugar de protegerla, naturalizó lo ocurrido: en la audiencia, una jueza argumentó que el sentido de las palabras obscenas dependía de "cómo se interpreten". Luego, negó las medidas de protección para Andrea. Hasta la fecha de la entrevista, los dos siguen trabajando en el mismo lugar, aunque la víctima logró conseguir una medida que impide que el médico se le acerque.

El caso de Andrea no es un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema colapsado, en el que las denuncias por violencia psicológica se diluyen entre trámites interminables y falta de empatía de los operadores de justicia. Y aunque el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona cuatro delitos por violencia contra la mujer y la familia (física, psicológica, sexual y patrimonial), la violencia psicológica destaca por la cantidad de denuncias y por su alta impunidad.

Entre 2020 y 2025, la Fiscalía recibió más de 161.000 denuncias por este delito. Pero solo 181 de ellas lograron obtener una sentencia condenatoria, es decir, apenas el 0,1% de todos los casos o alrededor de una sentencia por cada 900 denuncias. Eso sin contar que lo más seguro es que haya un subregistro, con miles de mujeres que buscan ayuda pero no creen en el sistema judicial y no oficializan una denuncia. Otras, ni siquiera han roto el silencio y mantienen el grito en su pecho.

Es así que, a pesar de las pruebas y los testimonios entregados por las víctimas, la justicia se convierte en un embudo en el que la subjetividad judicial pesa más que la seguridad y bienestar de la víctima.

Las barreras son estructurales y profundas. Lis, una de las expertas de la red "Juntas nos cuidamos" (quien pidió mantener su nombre completo bajo reserva por seguridad), explica que solo la fase de investigación puede tardar hasta un año por la falta de peritos públicos, lo que obliga a las víctimas a buscar peritajes privados, que luego deben ser validados: un proceso desgastante que lleva a las mujeres a desistir.

El peritaje sirve para demostrar si existe un daño psicológico, pero también debe demostrar que, a causa del delito cometido, la víctima tuvo problemas psicológicos. Es decir, se trata de un proceso que revictimiza a las denunciantes una y otra vez antes de lograr un avance.

Ljubica Fuentes, de Fundación Ciudadanas del Mundo, dice que, en ese contexto, el silencio de las víctimas se perpetúa, porque el sistema normaliza el maltrato, especialmente en espacios jerárquicos educativos o laborales, en los que denunciar implica un rechazo social inmediato.

En Quito, la capital de Ecuador, existen Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos. Estos lugares pueden emitir medidas de protección a víctimas de manera independiente, las llamadas "boletas de auxilio", aunque los casos penales tienen que ser enviados a Fiscalía, donde no tienen jurisdicción.

Según confirmaron sus funcionarios, diariamente reciben un aproximado de 15 denuncias por diferentes tipos de abuso contra mujeres, pero la violencia psicológica es la de mayor prevalencia. En 2025 el 43% de las denuncias fue por este delito, seguido por violencia física con el 24%, y simbólica con el 12%.

Pero, en otras ciudades la realidad es diferente. Según entrevistas a víctimas y fundaciones, existen provincias en las que las propias unidades de la Fiscalía rechazan las denuncias, por lo que encontrar justicia o reparación es prácticamente imposible.

Un equipo de la fundación Juntas nos Cuidamos identificó este problema hace poco en Esmeraldas. Allí encontraron que hubo decenas de casos en los que mujeres decidieron romper el silencio, pero al denunciar, su relato no fue recibido.

El dolor de no ser atendidas, a su vez, aumenta el subregistro de este delito, porque las víctimas no saben a dónde acudir si la Fiscalía no recibe su denuncia, o porque creen que lo mejor sería callar “para no aumentar el problema”.

Esta es una realidad que Karina Rodas, presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces, no puede ocultar, sobre todo ante una estadística abrumadora que reduce casi a cero las probabilidades de obtener justicia en ese sistema del que, sostiene, las propias juezas también resultan víctimas.

Hace unas semanas, una jueza recibió insultos por parte de un abogado; cuando ella pidió protección, se acercaron los policías y el abogado cambió su semblante y discurso: negó haber referido improperios contra la jueza. Al final, lo que buscaba solo era dilatar el inicio de una audiencia hasta que su defendido llegue a la unidad judicial.

Rodas dice que entre las razones de este “embudo judicial” pueden estar la falta de peritajes y de psicólogos con especialidades en violencia de género psicológica. “Creo que el trabajo acusatorio tiene que hacerlo la Fiscalía y, si es que no hace la debida investigación, no se puede llegar a hacer un informe acusatorio adecuado para llegar a una sentencia favorable por violencia de psicológica”, sostiene.

Sin embargo, desde la Fiscalía General del Estado, la perspectiva sobre la falta de sentencias es distinta. Para Yoli Pinillo, Fiscal Provincial de Santa Elena con 10 años de experiencia en casos de violencia de género, una de las razones principales por la que los casos no avanzan es que las víctimas terminan abandonando el proceso o se retractan de la denuncia.

Según la Fiscal, esta realidad es propia de la dinámica del ciclo de violencia y obedece a múltiples factores, tales como la dependencia económica o emocional hacia el agresor, y la constante presión que ejerce el entorno familiar y la sociedad sobre ellas.

Frente a los cuestionamientos al trabajo de la institución, Elizabeth Sandoval, analista del equipo especializado en género de la Fiscalía, defiende que la entidad tiene un rol estrictamente "reactivo, no preventivo".

Sandoval enfatiza que solucionar el problema de la violencia no recae en una sola institución y que el resto del sistema estatal debe actuar en la prevención; un trabajo articulado que, asegura, es liderado por el Ministerio de Gobierno, que absorbió al Ministerio de la Mujer, por decisión del Ejecutivo.

A la falta de prevención y a la retractación de las víctimas, Pinillo suma un tercer factor estructural: el papel de los propios juzgados. La funcionaria advierte que el Consejo de la Judicatura relega los casos de violencia psicológica porque para este delito la ley establece penas que no superan el año de cárcel.

Al tratarse de delitos en los que se dictan medidas alternativas y no prisión preventiva, el sistema judicial le da prioridad a otros expedientes donde sí hay detenidos y riesgo de caducidad del arresto, lo que provoca que las audiencias de juzgamiento no se agenden oportunamente y los casos, eventualmente, prescriban.

La voz de la resistencia

Meli (nombre protegido por seguridad) enfrenta otra cara de la violencia psicológica: la patrimonial. Todo comenzó cuando accedió a prestar su tarjeta de crédito y gestionar préstamos para su pareja bajo la promesa de garantías que nunca se materializaron. Tras la ruptura, quedó endeudada y atrapada en un ciclo de manipulación económica y acoso por las deudas adquiridas bajo engaño.

Su batalla legal es un calvario de lentitud burocrática. Puso la denuncia en noviembre, pero la Fiscalía tardó dos meses solo en llamar a sus testigos. Cuando su defensa solicitó copias del expediente para actuar, la respuesta fue una negativa, dejándola a ciegas en su propio proceso, mientras su agresor desplegaba un equipo de tres abogados.

Mientras el sistema dilata cada paso, Meli ha tenido que invertir recursos que no tiene en salud y asesoría legal para enfrentar un proceso que parece diseñado para agotarla. Su historia no es solo sobre dinero, es sobre el control y el desgaste emocional deliberado que la justicia ecuatoriana no logró detener a tiempo.

Geografía de la impunidad: Las provincias con más denuncias en Ecuador

En estos últimos seis años, la provincia que más denuncias por violencia psicológica en contra de la mujer y la familia ha recibido es Guayas, seguida de Pichincha. Pero esta realidad resulta un poco obvia si se toma en cuenta que son también las provincias más pobladas.

Por lo tanto, considerando la población de cada provincia, la que destaca es Sucumbíos, que a pesar de apenas superar los 200.000 habitantes, registra más de 5.000 denuncias por este delito entre 2020 y 2025, una tasa de más de 2.000 denuncias por cada 100.000 habitantes.

Morona Santiago y Cañar, que tampoco superan los 250.000 habitantes según las proyecciones oficiales del INEC, también registran una tasa de más de 1.500 denuncias por cada 100.000 habitantes, lo que las coloca a la cabeza de las provincias con mayor violencia psicológica en contra de la mujer.

En general, estas cifras demuestran que el problema no es algo puntual de regiones o provincias, sino que está generalizado a lo largo de todo Ecuador.

¿Dónde buscar ayuda?

Ante un caso de violencia contra la mujer y la familia en Ecuador, sea esta psicológica, física o sexual, las víctimas pueden denunciar comunicándose al número de emergencias 911, buscar una Unidad de Policía Nacional o contactar a una de las fundaciones de acompañamiento legal y psicológico, como Red Juntas nos Cuidamos y Fundación Ciudadanas del Mundo.

También puede acudir a una de las Juntas de Protección de Derechos que cada municipio y junta parroquial tiene.