Ecuador | La salud mental en crisis: pacientes deben esperar hasta cinco meses para una cita en psiquiatría

Daniel acababa de cumplir 22 años y vivía en el norte de Quito. No hubo fiestas ruidosas ni reuniones masivas; prefirió una comida íntima con sus padres y su hermano. Para su familia, la vida parecía transcurrir en la normalidad tras ese momento compartido, pero el silencio de Daniel ocultaba una tormenta que el sistema de salud no alcanzó a detectar. 

El martes 30 de diciembre de 2025, mientras todos se alistaban para un viaje familiar de fin de año, Daniel decidió acabar con su vida. Sobre su cama dejó una carta cuyo contenido sus padres guardan con dolor, pero en la que reclamaba que "no era entendido por nadie". Él es uno de los rostros de una crisis que las cifras oficiales no pueden ocultar.

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La muerte de Daniel no es un hecho aislado. Se produce en un contexto de fragilidad institucional detallado en la “Política Nacional de Salud Mental 2025-2030”, oficializada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) el 10 de diciembre de 2025. El documento reconoce que el incremento de la morbilidad (cantidad de personas con la enfermedad) y mortalidad relacionadas con enfermedades mentales ha desbordado la capacidad de respuesta estatal.

Ecuador cuenta con una red de salud en la que el ministerio es el mayor proveedor con 2.078 establecimientos, seguido por el IESS con 777. Sin embargo, esta infraestructura es engañosa cuando se habla de salud mental: solo el 23,92 % de los centros de salud del primer nivel cuentan con servicios psicológicos o psiquiátricos. 

El peso de la atención recae sobre el sector privado, que concentra el 84,5 % de la oferta total de servicios de salud mental en el país.

La  'desaparición' de las camas y el déficit de psiquiatras 

La evolución de la infraestructura física existente muestra un retroceso crítico. Entre 2014 y 2024, el número de camas psiquiátricas en Ecuador se redujo en un 28,1 %, pasando de 1.091 a apenas 784 unidades. De este remanente, el 76,9 % está en manos del sector privado, dejando al sector público con una capacidad de hospitalización mínima para pacientes que sufren una crisis aguda.

A la falta de espacio se suma la falta de manos. El país enfrenta un déficit estructural de especialistas: existe una tasa nacional de apenas 2,8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. 

La espera para recibir atención profesional se ha convertido en uno de los muros más altos del sistema de salud pública.

Según el diagnóstico del MSP, el tiempo que un paciente debe aguardar para una consulta varía drásticamente según la institución: mientras que en el IESS los asegurados esperan un promedio de 48,3 días para psiquiatría y 22,5 días para psicología; en los hospitales de especialidades de las Fuerzas Armadas la demora puede extenderse hasta por cinco meses. Esta misma brecha de cinco meses se reporta de manera general en los hospitales de especialidad del país para ambas ramas de salud mental. 

Incluso en centros especializados como el Hospital Psiquiátrico Julio Endara (Quito), la espera para una consulta psiquiátrica llega a los dos meses. En contraste, subsistemas con menor demanda, como el de la Policía Nacional, reportan tiempos de espera de apenas cuatro días. 

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Sin embargo, para el afiliado común que madruga a las 05:00 a hospitales como el Carlos Andrade Marín (HCAM), la estadística se disuelve en frustración: tras meses de intentos digitales fallidos, la respuesta recurrente en ventanilla es que no hay cupos y que deben intentar el próximo mes.

Financiamiento insuficiente y el "gasto de bolsillo" 

Esta desatención tiene una raíz económica. En 2020, el Ministerio de Salud destinó el 2,3 % de su presupuesto total a la salud mental. Además, la distribución de este dinero es desigual: el 30,6 % se consume en los hospitales psiquiátricos existentes, descuidando la prevención comunitaria que podría salvar vidas como la de Daniel.

Esta falta de inversión también se traduce en farmacias vacías. El Hospital Psiquiátrico Julio Endara, referente nacional en atención de salud mental, reportó en 2020 una disponibilidad de psicofármacos del 55 %. 

Cuando el Estado falla en proveer medicamentos como la quetiapina o la fluoxetina, las familias deben asumir un gasto de bolsillo que promedia los 75 dólares mensuales, una cifra que podría resultar inalcanzable para quienes viven en situación de pobreza.

El suicidio: una epidemia silenciosa 

Esta falta de atención contribuye a subir los números de casos de suicidios. En 2024, Ecuador registró 1.143 muertes por esta causa, con una tasa de 6,36 por cada 100.000 habitantes. Los jóvenes de entre 17 y 28 años, como Daniel, son las principales víctimas.

Los intentos de suicidio han quedado marcados en lugares como el puente del Chiche, al nororiente de Quito, o en Guápulo en el norte de la capital. El 7 de septiembre de 2025, una joven de 19 años se arrojó al vacío; su cuerpo fue recuperado cuatro días después en el río Machángara tras un operativo que movilizó a bomberos, policías y drones. Estos casos subrayan la urgencia de servicios de emergencia que actualmente son insuficientes o inexistentes en la red pública.

De hecho, Quito es el cantón que más suicidios ha registrado en el país, con 251 casos, seguido por Guayaquil con 113 casos y Cuenca con 63 suicidios cometidos en 2024. 

La promesa gubernamental hacia 2030  

Para intentar frenar esta tendencia, la nueva política del Gobierno establece una hoja de ruta con los siguientes compromisos:

• Inversión referencial: Un presupuesto estimado de USD 1,146.46 millones para el periodo 2025-2030.
• Meta de mortalidad: Reducir la tasa de suicidios de 6.36 a 5.95 para el año 2030.
• Abastecimiento: Incrementar la disponibilidad de medicamentos especializados al 90 % en la Red Pública Integral de Salud.
• Atención comunitaria: Implementar redes de salud mental comunitaria en el 37.53 % de las provincias y fortalecer la teleasistencia para zonas de difícil acceso.

Estas propuestas actualmente se mantienen en el papel. Lo importante, según el mismo documento, es la necesidad de prevenir, pronto, porque mientras se toman decisiones administrativas, personas con problemas de salud mental toman otras decisiones contra su vida, como Daniel.