'Me quitaron el pasaporte y no tuve un día libre en tres meses'; las historias de migrantes ecuatorianas en España que buscan cambios en el servicio doméstico

Madrid es una casa grande. Y dentro de esa casa, miles de mujeres limpian, cocinan, cuidan y duermen —a veces— en habitaciones prestadas. Tres de ellas, ecuatorianas, de distintas edades y trayectorias migratorias, permiten leer cómo ha cambiado el trabajo de hogar y cuidados en España en casi tres décadas. Las historias de Fabiola Estrada (62 años), Sara Alvarado (60 años) y Sara Lita (38 años), integrantes del colectivo Territorio Doméstico, muestran que, aunque hoy existen más derechos, el empleo doméstico sigue siendo el destino habitual de las mujeres migrantes. 

No es una percepción aislada. Según datos del Ministerio de Trabajo, en España casi el 70% de las más de 348.000 mujeres afiliadas al empleo de hogar y cuidados son de origen extranjero o tiene doble nacionalidad. Además, es un colectivo de mujeres mayores: el 80 % tiene más de 40 años. Cerca de 38.000 trabajan como internas, pero la cifra puede ser mayor porque este tipo de trabajo absorbe a las migrantes sin papeles. El salario medio ronda los 1.014 euros mensuales (USD 1.195), una cifra que se aleja del mínimo deseado que indica la ley: 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas (USD 1440) o 1.424,50 euros en 12 pagas (USD 1.679), hasta alcanzar 17.094 euros brutos anuales (USD 20.156).

Fabiola Estrada llegó a Madrid desde Pedro Vicente Maldonado en 1998, empujada por la crisis económica en Ecuador. Dejó atrás un negocio propio y aterrizó con una idea “romántica” de Europa que duró poco. Durante tres meses no tuvo días libres, ni teléfono, ni información básica. Su empleadora le retuvo el pasaporte y, al final, tampoco le pagó. “Decidí que aunque me quedara en la calle y aunque no me paguen tenía que irme”, recuerda.

Sara Alvarado llegó ese mismo año desde Guayaquil. A ella también le prometieron algo que nunca existió. “Me dijeron que yo podía estudiar y trabajar. Cuando vine aquí no era así la realidad”, cuenta. Ya en Madrid, la urgencia no era formarse, sino pagar la deuda del viaje, y por eso siguió trabajando como interna.

El trabajo interno en una casa exige disponibilidad total y normaliza jornadas interminables.

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“Yo sí lo veo como una esclavitud”, dice Fabiola sin rodeos. “Me daban las doce de la noche, cuarto para la una, y yo estaba limpiando terrazas”, rememora Sara.

Ambas llevaron sus quejas a Territorio Doméstico, un colectivo de trabajadoras del hogar donde no solo se acompañan y comparten experiencias, sino donde también se organizan para exigir derechos en la calle. De esa organización surgieron conquistas concretas: la entrada al régimen general, el derecho al paro y herramientas de prevención laboral, pero todavía quedan asignaturas pendientes, sobre todo, con las mujeres recién llegadas. 

Sara, la realidad de otra fase migratoria

Sara Lita representa otra etapa migratoria. Llegó desde Otavalo en 2020 y no trabaja como interna, sino por horas en varias casas. A diferencia de las otras entrevistadas, esta ecuatoriana llegó a un país donde los derechos existen, al menos, sobre el papel: hay derecho a vacaciones, descanso semanal, protección frente al despido y a evaluaciones de riesgos en el domicilio donde trabajan.

Y aun así, su situación dista de ser cómoda. La ley está escrita, pero no siempre se aplica.

Sigue en situación irregular y espera desde junio de 2023 una respuesta a su arraigo sociolaboral. Cobra 10 euros la hora (USD 11.79), pero puede ser menos. “Te pueden pagar 6 euros la hora también. Y te toca aceptar si quieres”, dice.

Y hay casos peores, ella misma ha estado acompañando en la denuncia a otra ecuatoriana que fue contratada por una familia peruana que tiene una empresa de construcción y que se llevó a a la chica a una casa fuera de Madrid y le obliga a dar de comer tres veces al día a la cuadrilla de trabajadores y también la ocupan para limpiar las obras. 

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Las internas, sin claridad en los horarios

En el régimen de internas, son pocas las viviendas donde se especifican claramente las horas de trabajo. La jornada legal debería ser de 40 horas semanales, más un máximo de 20 horas de tiempo de presencia, y un descanso mínimo de 36 horas consecutivas. En la práctica, eso no ocurre. Mucho menos en verano, cuando muchas familias acomodadas llevan a las trabajadoras a sus segundas residencias y la carga laboral se multiplica sin que el sueldo cambie.

Fabiola insiste en que está normalizado que las internas estén disponibles las 24 horas, los llamados “veranos eternos” y la existencia, todavía hoy, de campanillas para llamarlas, un gesto que parece de otro siglo, pero sigue sonando.

El cambio más profundo y más reciente llegó el año pasado. Por primera vez, el trabajo doméstico entra de lleno en la prevención de riesgos laborales.

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presentó en Madrid la Herramienta de Prevención para el Empleo en el Hogar, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. “Hoy venimos a cumplir con una promesa de país. Una promesa hecha a las trabajadoras del hogar, que durante demasiado tiempo fueron invisibles en las estadísticas, en las leyes y en las prioridades políticas”, afirmó Díaz.

La herramienta, gratuita y de acceso libre a través del portal Prevencion10.es, permite a los empleadores cumplir con sus nuevas obligaciones legales. Genera un documento con la evaluación de riesgos del domicilio, las medidas preventivas necesarias y los materiales informativos que deben entregarse a las trabajadoras. También permite hacer seguimiento del cumplimiento. 

La iniciativa regula la protección de la seguridad y la salud en el empleo del hogar familiar, un sector históricamente excluido de la prevención. “Esta herramienta no es solo tecnología. Es política pública. Es el Estado llegando donde nunca antes había llegado. Es una conquista de derechos”, recalcó la ministra. 

Sin embargo, como repiten las mujeres de Territorio Doméstico, ningún derecho se activa solo. La ley existe, las herramientas están diseñadas y los discursos son ambiciosos. Pero el trabajo sigue ocurriendo puertas adentro, sin testigos, sin relojes y con una normalización del abuso que viene de lejos, y se mantiene la pregunta de quién cuida a la que cuida.