Ecuatorianos huyen de la violencia y buscan asilo en España, pero este país les concede protección en menos del 1% de los casos
En 2025, un total de 567 ecuatorianos pidieron protección bajo la figura del asilo en España. Las cifras de aprobación son mínimas. Detrás —al igual de lo que ocurre con los que huyen a Estados Unidos— hay historias de violencia, extorsión y desamparo.
Imagen referencial sobre trámites de regularización en España.
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MADRID. El aumento de solicitudes de asilo de ciudadanos ecuatorianos en España choca con un sistema que apenas reconoce protección para este colectivo. En un contexto de violencia creciente en Ecuador, los datos oficiales y el análisis de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) dibujan un escenario de acceso limitado, largos tiempos de espera y un marco legal cada vez más restrictivo.
“Desde hace ya dos años, más o menos, sí que vemos un aumento de personas solicitantes de asilo de Ecuador. Principalmente huyen de la situación de violencia o del aumento de la violencia en el país”, explica Elena Muñoz, coordinadora jurídica de CEAR.
El 2025, 567 personas de Ecuador solicitaron asilo en España, convirtiéndose en la décimo sexta nacionalidad de origen. En lo que llevamos de 2026, hasta el 28 de febrero, 57 personas ecuatorianas han solicitado asilo en España, siendo la 22ª nacionalidad de origen en estos momentos, según la información del Ministerio de Interior.
De las 1.195 solicitudes de ecuatorianos resueltas en 2025 (pueden haber solicitado años anteriores porque muchas veces tardan en resolver), tan solo 3 recibieron protección internacional, 932 fueron rechazadas, 248 fueron archivadas, 12 recibieron permiso por razones humanitarias, que es un estatus menos garantista que se da personas en situaciones de alta vulnerabilidad (que sufren una enfermedad grave, por ejemplo), pero que no cumplen los requisitos estrictos de asilo, ofreciendo residencia temporal.
La tendencia no mejora en 2026. Este año, hasta el 28 de febrero, se han resuelto 133 solicitudes de personas ecuatorianas: uno ha recibido protección internacional, 100 han sido rechazadas, dos han recibido permisos temporales por razones humanitarias y 30 solicitudes han sido archivadas, según la información entregada por CEAR.
Muñoz insiste en que detrás de estas cifras no hay un perfil homogéneo: “No nos gusta hablar de perfiles. La solicitud de asilo es individual y diferente que no se pueden decir perfiles”. Entre quienes solicitan protección hay defensores de derechos humanos o personas que huyen de la violencia generalizada. “No hay un perfil único”, subraya.
Las dificultades en España se suman a los cambios y restricciones que también se han dado en Estados Unidos para los solicitantes de asilo, un país al que ecuatorianos han migrado y presentado un pedido de este tipo, muchos de ellos víctimas de la violencia y extorsiones.
Un sistema restrictivo en un país con baja concesión de asilo
El caso ecuatoriano se enmarca en una tendencia más amplia. España mantiene una tasa de reconocimiento de protección internacional especialmente baja: en 2025 fue del 11,2% para el estatuto de refugiado y la protección subsidiaria.
“España tiene una tasa de reconocimiento con todas las nacionalidades de alrededor del 11% de concesiones”, señala Muñoz.
Aunque un 36,8% de las resoluciones derivan en autorizaciones de residencia por razones humanitarias, esta vía no es generalizable. “Está prácticamente dirigido para personas que vienen de Venezuela, en un 98% son personas venezolanas”, explica. Aunque este beneficio de regularización exprés para venezolanos, vigente desde 2018, se acabará en junio de 2026. Para otras nacionalidades, como la ecuatoriana, estas autorizaciones quedan limitadas a casos excepcionales, como enfermedades graves o discapacidad.
Cómo funciona —y se atasca— el proceso de asilo en España
El acceso al asilo en España comienza ya con una limitación clave: “En España solo se puede solicitar protección internacional en territorio o en aeropuertos. En las embajadas no se puede solicitar”, recuerda Muñoz. Esto obliga a muchas personas a entrar con visados de turismo o estudios antes de iniciar el procedimiento.
Una vez presentada la solicitud, el proceso dista de ser ágil. Aunque la ley fija un plazo de seis meses, “la realidad es que la media está en unos 15 meses, pero hay casos que están tres años”, explica.
Durante ese tiempo, el solicitante entra en un sistema que combina asistencia jurídica, acogida y apoyo social. CEAR, por ejemplo, ofrece asesoramiento desde el inicio —incluidas guardias en el aeropuerto de Barajas—, así como atención psicológica, formación e intermediación laboral. El acceso a los centros de acogida, financiados por el Ministerio de Inclusión, está condicionado a no disponer de recursos económicos.
El procedimiento también se cierra por culpa del solicitante. “El archivo es que se cierra el caso por inactividad de la persona solicitante y se entiende que implícitamente es como si hubiera renunciado”, explica Muñoz. Esta decisión puede recurrirse en un plazo de dos meses.
En caso de denegación, el solicitante puede recurrir por vía administrativa o judicial, o intentar regularizar su situación por la vía de extranjería.
El nuevo obstáculo: empezar de cero
Esa última opción se ha complicado desde mayo de 2025. Un cambio en el reglamento de extranjería ha eliminado la posibilidad de que el tiempo vivido como solicitante de asilo compute para el arraigo en caso de denegación.
“Es súper injusto el cambio en extranjería”, denuncia Muñoz. “En el momento en que les deniegan, el contador vuelve a cero”. Esto significa que debe esperar dos años para solicitar arraigo como cualquier otra persona que no tiene papeles.
La consecuencia es especialmente dura para quienes ya han construido una vida en España. “Son personas que a lo mejor están totalmente insertadas y de repente reciben una denegación y todo esto tiene que pararse durante dos años para luego volver a la situación regular”, explica.
Varias organizaciones han recurrido esta reforma, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie. “Estamos a expensas de que diga si es justo o injusto esta medida”, concluye Muñoz.
Mientras tanto, para los solicitantes ecuatorianos, el sistema de asilo español se parece cada vez más a una carrera de fondo con la meta prácticamente fuera de alcance.
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