Este es el marco legal que norma el ingreso de la Policía Nacional a escuelas y colegios en Ecuador

La violenta pelea entre dos estudiantes de un colegio de Quito y los disparos que alarmaron a profesores y alumnos de otro plantel, además de los casos de violencia estudiantil reportados en Guayaquil o Durán, provocaron que el Gobierno busque alternativas para facilitar el control policial en los establecimientos educativos.

La mañana del 30 de junio de 2025, la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, anunció siete acciones que implementará el Ministerio de Educación con el objetivo de reducir los niveles de violencia en los planteles.

• Elaboración del Plan Nos Cuidamos, que busca articular acciones del sistema educativo que para garantizar el derecho a la educación.
• Reformar la Ley de Educación Intercultural.
• Emisión de un acuerdo ministerial para la actuación de la fuerza pública dentro de las instituciones educativas.
• Creación de un Comité Nacional de Emergencias Educativas.
• Revisar los protocolos de actuación en casos de riesgos, violencia e inseguridad.
• Coordinación de Ministerio de Educación con el Ministerio de Interior, Fiscalía, Asamblea, profesores y sociedad civil para asegurar respuestas judiciales y preventivas ante casos de extorsión, amenazas o reclutamiento en zonas de riesgo.
• Ajustar horarios en zonas de alta conflictividad.

El más llamativo es, quizá, el cuarto punto. Sobre esto, Jaramillo aseguró que la medida apunta a que la Policía ingrese a las escuelas y colegios solamente cuando "haya un riesgo inminente". Además, señaló que las intervenciones no serán de forma violenta, como un allanamiento, pues la idea es proteger a los estudiantes y profesores.

Para Jaramillo, el acuerdo es necesario porque actualmente hay normativas que impiden que la Policía ingrese a los colegios.

• Gobierno busca que la Policía ingrese a los colegios cuando "haya un riesgo inminente"

¿Cuáles son estas normas?

La legislación ecuatoriana cuenta con una serie de normas que buscan preservar los derechos de los niños y adolescentes y, más dentro del sistema educativo.

El Código de la Niñez, por ejemplo, señala que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. Y no podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

También indica que este grupo poblacional no debe ser sujetos de maltrato físico, psicológico o sexual en cualquier ámbito en el que se desarrolle su vida.

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En ese mismo cuerpo legal se señala que la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes solo podrá intervenir en hechos y lugares en los en los que le faculte la Ley y con los debidos protocolos.

Con relación al ámbito educativo, la Ley de Educación Intercultural busca garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica.

Con ese espíritu, la norma apunta a que la solución de conflictos sea con la participación de la comunidad educativa, "mediante procesos educativos estructurados y participativos, encaminados al buen trato y a la resolución pacífica de conflictos".

Sin embargo, el Acuerdo Ministerial MINEDUC-2023-00014-A, emitido en el Gobierno del expresidente Guillermo Lasso, ya permite el ingreso de la Policía Nacional a los planteles educativos, bajo ciertas condiciones. 

"El ingreso de servidores policiales a instituciones educativas procederá exclusivamente cuando éstos dispongan de orden judicial emitida por autoridad competente; en caso de delito flagrante; para impedir la consumación de una infracción o delito; o para socorrer a víctimas de un delito o accidente", dice el texto.

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Agrega que los efectivos "aplicarán los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, con la finalidad de garantizar los derechos y seguridad de las personas; y, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes".

"Una medida que puede ser peligrosa"

El exministro de Educación, Milton Luna, considera que el ingreso de la Policía a los planteles educativos puede ser una medida necesaria, pero peligrosa. Sobre todo por posibles violaciones a los derechos de los estudiantes

"Hay que tener mucho cuidado. Debe ser una medida muy bien pensada y dejar claros los límites para que no existan la vulneración de los derechos de los estudiantes", dice Luna.

El exfuncionario cree que esto debería trabajarse "de forma integral un conjunto de acciones que reduzcan los niveles de violencia en las instituciones educativas".

En esto coincide la también exministra Monserrat Creamer. Para ella, es necesario que exista "colaboración entre escuelas y la Policía, en un ambiente de confianza, con actividades formativas y preventivas, para que el trabajo de la Policía no se quede solo en irrupciones violentas".

Los dos exministros, sin embargo, consideran que en el contexto actual de violencia es necesario el apoyo de las fuerzas de orden, pues muchas veces las instituciones se ven "rebasadas" por la violencia.

La Unión Nacional de Educadores, por su parte, sostiene que la intención del Gobinerno "no es nada nueva". Recuerda que en los actuales documentos de rutas y protocolos, frente a cualquier tipo de violencia en el sistema educativo, ya se establece la necesidad de articular acciones interinstitucionales, entre ellas el ingreso de la Policía Nacional.

"Expresamos nuestra preocupación ya que todas las medidas anunciadas son de carácter normativo, pero el Gobierno no menciona políticas públicas y sociales orientadas a la generación de empleo, el acceso a salud, educación, seguridad alimentaria y espacios de recreación", dice el gremio.

Sobre los demás puntos anunciados por el Gobierno, la UNE pide ser tomada en cuenta durante el proceso de elaboración y socialización.