Guayas concentra más de un tercio de la emergencia invernal | Riesgos apunta a sancionar a gobiernos locales

Las intensas precipitaciones de la actual etapa lluviosa dejan como saldo 14 personas fallecidas y más de 5.300 damnificados a escala nacional, golpeando con mayor crudeza a la provincia de Guayas. Ante la repetición de desastres cada año, en las mismas zonas vulnerables, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) apunta a la falta de planes integrales de reducción de riesgos por parte de los gobiernos locales, por lo que la entidad prepara el terreno jurídico para emitir sanciones.

De acuerdo con las cifras oficiales de la SNGR, desde el 1 de enero hasta el 18 de marzo de 2026, se han registrado 1.926 eventos adversos asociados a las lluvias en 24 provincias. La emergencia nacional se declaró el pasado 12 de marzo.

Guayas es la provincia más afectada, pues concentra el 37,29% de las 5.301 personas damnificadas de Ecuador (1.977 ciudadanos que han perdido sus viviendas o las tienen inhabitables) y 35,13% de las viviendas afectadas (6.221 casas impactadas principalmente por inundaciones).

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El porcentaje de personas impactadas en Guayas es todavía mayor (42,91% del total nacional). Entre las provincias con mayor impacto por los efectos adversos de la etapa lluviosa están también Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Manabí, Loja, Santa Elena y Chimborazo.

Pese a la magnitud de los daños, que ya suman más de un centenar de viviendas destruidas y 43,78 kilómetros de vías afectadas en el país, la articulación del Sistema Nacional ha permitido una mejora en la atención de la emergencia, según la entidad. 

Los tiempos de respuesta inicial ante eventos adversos por las lluvias se redujeron de 180 horas de media -el año pasado- a menos 50 horas en la temporada actual, informó la SNGR. Los impactos son similares en magnitud a los del mismo periodo de 2025, señalaron funcionarios de la Secretaría. 

“Se requieren de planes integrales de reducción de riesgos”

Durante un conversatorio con periodistas, la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, reconoció que las emergencias se siguen repitiendo cada año en los mismos sectores y cuestionó que la mayoría de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) prioricen la respuesta a emergencias o la asistencia humanitaria, antes que la prevención y la reducción de riesgos.

La titular de la SNGR reconoció que existen "esfuerzos aislados" por parte de prefecturas y municipios, como parte de sus competencias, como la limpieza de canales o drenajes, pero subrayó que estos no constituyen una estrategia estructural.

“La inversión en reducción de riesgos genera ahorros de entre USD 9 y USD 10 por cada dólar invertido en atención de emergencias. Sin embargo, lo que vemos es que se sigue priorizando la asistencia”, señaló. 

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La funcionaria adelantó que la institución realizará una evaluación para determinar el nivel de cumplimiento de los gobiernos locales. Subrayó que, tras las reformas legales vigentes, el 70% del presupuesto de municipios y prefecturas debe destinarse a inversión en obra pública, incluida su competencia en gestión de riesgos.

La SNGR se encuentra afinando el reglamento de la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, aprobada en enero de 2024, para activar su capítulo de penalidades, dijo. Las sanciones apuntarían a las administraciones locales que no integren la reducción de riesgos en sus inversiones o que continúen emitiendo permisos de construcción en zonas de alta vulnerabilidad identificada.

¿Cuál es el rol de la Secretaría y de los Gobiernos locales?

• La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos actúa como ente rector del sistema nacional, con funciones de coordinación, seguimiento y control, más que de ejecución directa en territorio.
• Su intervención se activa en tres modalidades: por complementariedad, cuando refuerza la respuesta de gobiernos locales con asistencia humanitaria; por subsidiariedad, cuando asume acciones ante la incapacidad operativa de los GAD; y por excepción, en escenarios donde no existe respuesta local o esta es rebasada, lo que obliga a la entidad a atender la emergencia. 
• Este esquema refuerza que la responsabilidad primaria recae en los gobiernos locales, mientras la Secretaría articula y supervisa el sistema. 

Dragado, una parte de la solución en debate

La Secretaría advierte que los gobiernos locales carecen de planes integrales de reducción de riesgos que aborden de forma articulada las cuencas hidrográficas, por ejemplo, que atraviesan múltiples provincias y municipios, lo que limita la efectividad de las medidas frente a inundaciones recurrentes.

Lozano reconoció que el dragado de ríos no es una solución total, pero sí un componente clave dentro de una estrategia más amplia del control de inundaciones. En ese contexto, cuestionó la falta de dragados de los ríos, que no han sido intervenidos por décadas, una competencia de las prefecturas.

Riesgos viene insistiendo a las prefecturas en la necesidad de dragar los ríos desde mediados de 2025, informó la titular de la entidad, principalmente en provincias como Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí, aunque sin obtener resultados concretos, de acuerdo a la entidad. 

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“El dragado no es toda la solución, pero sí una parte importante”, sostuvo Lozano, al señalar que la falta de intervención en los cauces agrava los desbordamientos de ríos. Este tipo de incumplimientos abonan a la necesidad de regular las sanciones, hasta finales de este año.

Desde la Prefectura del Guayas, la prefecta Marcela Aguiñaga rechazó en su momento que el dragado sea presentado como única alternativa. Aseguró que su administración ha invertido más de USD 50 millones en obras preventivas y que remitió un plan de dragado al Gobierno en diciembre pasado -la Prefectura suspendió por incumplimiento un contrato de dragado del Guayas el 8 de mayo de 2025-.

La problemática responde -según la prefecta- a factores como el crecimiento urbano desordenado, la ocupación de zonas vulnerables y el colapso de sistemas de drenaje. Ella planteó la necesidad de una gestión mancomunada de toda cuenca del río Guayas como alternativa para mitigar el problema.