Obligado por un juez, el IESS pagó deuda millonaria a prestador externo de salud en Guayaquil

Tras un año de litigio judicial, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) canceló parte de la deuda que mantenía con un prestador externo de Guayaquil que lo llevó a los tribunales ante el incumplimiento de los pagos por los servicios médicos brindados a sus afiliados.

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El 12 de junio de 2024, la compañía Esculapio S.A.S., más conocida como Clínica Alcívar, ubicada en el sur de Guayaquil, presentó una acción de protección exigiendo que el IESS le cancele planillas atrasadas y no auditadas desde junio de 2023.

“No estamos pidiendo el pago a ciegas, por eso no ponemos un valor, por eso no se puede cuantificar las reclamaciones, porque comprendemos que lo primero que se debe hacer es auditar, pero eso es, precisamente, lo que el IESS no quiere hacer”, expuso el abogado Patricio Campos ante el juez Aquiles Dávila, de la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil.

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En la audiencia, la clínica expuso que, desde junio de 2023, año en que firmó el último convenio con el IESS, el Seguro Social “se encuentra en un inexplicable retraso o renuencia a auditar las atenciones que la clínica ha dado a los afiliados”.

El IESS -señaló el abogado de la Alcívar- ni siquiera activa la plataforma tecnológica para que la clínica ingrese los expedientes médicos de los pacientes, documentos necesarios para que se realicen las auditorías y proceda el pago futuro de las atenciones.

“Hoy la clínica Alcívar se encuentra en una situación de absoluta incertidumbre y precariedad, al punto de que, si esto continúa así, no va a poder garantizar la calidad del servicio a los pacientes, pues no va a poder contratar personal, mantener infraestructura, pagar medicación, insumos”.

Patricio Campos, abogado clínica Alcívar

IESS sin argumentos

En su exposición, el abogado del IESS, Franklin Sánchez, se declaró en indefensión, pues aseguró que su pedido de diferir la audiencia no fue aceptado, por lo que no contaba con los elementos necesarios para rebatir los argumentos de la clínica.

Pese a ello, Sánchez señaló que el IESS no puede pagar a los prestadores sin que antes se hayan realizado las respectivas auditorias. “Acaba de decir (la clínica) que no han puesto valores en la demanda, sin embargo, se pide que se ordene al IESS la entrega de un valor de USD 20.778.997 en un plazo de 15 días”.

Este monto, dijo el abogado de la Alcívar, “no es un valor que se inventó la clínica, es un valor que lo cuantificó el IESS en un informe ejecutivo que está emitido hace meses diciendo que el anticipo procede, pero que por razones que desconocemos se encuentra trabado”.

“La clínica necesita urgentemente que el IESS le proporcione las herramientas para poder seguir atendiendo con la misma calidad de siempre a los pacientes que el propio IESS no puede atender”, refutó la Alcívar ante el juez.

Tras la audiencia, el juez Dávila declaró con lugar la demanda y le dio la razón a la clínica, disponiendo tres medidas de reparación integral:

• Que el IESS cancele en un plazo no mayor a 15 días el anticipo solicitado por la clínica Alcívar.
• Que en 45 días el IESS terminé de realizar las auditorías a los servicios dados por la clínica.
• Que en los siguientes 30 días después de concluidas las auditorías, el IESS pague a la Alcívar los valores adeudados como resultado de las auditorías.

Orden judicial incumplida

No obstante, desde la resolución judicial, el 21 de junio de 2024, el IESS no había acatado la orden judicial y, más bien, había presentado recursos y apelaciones que retrasaron la ejecución de la sentencia. En diciembre de 2024 la Corte Provincial del Guayas rechazó su apelación y en febrero de 2025 la Corte Constitucional le negó un nuevo recurso.

Finalmente, durante una audiencia de verificación de la sentencia, el 8 de mayo de 2025, el juez Dávila ordenó que en 72 horas se acredite a la clínica el valor de USD 16.819.901, por el concepto de atenciones auditadas”.

Cumplido este plazo, el IESS no acreditó el pago, y le respondió al juez que “cumplirá con sus obligaciones conforme la programación presupuestaria que disponga el Consejo Directivo”.

“Ante este escenario, la Ley obliga a este juez ejecutor a no quedarse de brazos cruzados ante la renuencia de la parte accionada a ejecutar la sentencia”.

Aquiles Dávila, juez

El juez dispuso la aplicación de una multa diaria y progresiva de USD 94 a la directora general del IESS, Erika Charfuelán, y a la directora del Seguro General de Salud, Diana Parrales.

La multa, equivalente a la quinta parte de una remuneración básica unificada, empezó a contabilizarse desde el jueves 15 de mayo y tenía el carácter de acumulativa hasta el máximo permitido por la ley, es decir 25 remuneraciones básicas.

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También, el juez ordenó que la Fiscalía intervenga para que actuara de oficio ante el cometimiento del delito de “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente” o desacato, pena sancionada con prisión de uno a tres años.

En un escrito judicial, el 3 de junio de 2025, la clínica informó al juez que el pago del valor ordenado había sido cumplido, parcialmente, por el IESS.

El hospital no confirmó a PRIMICIAS el monto acreditado, sin embargo, en los registros de pagos del IESS consta cancelado en junio el valor de USD 18,3 millones al hospital Alcívar.