Mala práctica médica en Ecuador: sobrevivir al error y enfrentarse a un vacío legal
Albert entró caminando a una clínica y Leandro ingresó por una fiebre a un hospital público. Hoy, ambos padecen secuelas neurológicas irreversibles tras presuntas negligencias médicas. Al sobrevivir, sus casos quedan fuera de las estadísticas penales, llevando a sus familias a buscar justicia por vías civiles y constitucionales.
Leandro Gabriel después de ingresar al hospital del IESS por un cuadro de tos y fiebre y haber sido víctima de una presunta mala práctica médica.
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Alberto y Leandro no se conocen, pero sus vidas quedaron marcadas por una coincidencia trágica: ambos ingresaron a un hospital (público y privado) buscando mejorar su calidad de vida y salieron con un daño neurológico irreversible.
Alberto Vicente Castro, de 72 años, caminó por sus propios medios hacia la sala de endoscopía. Leandro Gabriel Yama, de un año y dos meses, llegó a urgencias por una tos y fiebre persistente. Hoy, ninguno de los dos puede moverse, hablar ni alimentarse por sí mismo.
Sus historias exponen no solo las presuntas fallas estructurales y humanas en los sistemas de salud público y privado de Ecuador, sino también un vacío legal: al no haber fallecido, sus casos no se tipifican como homicidio culposo por mala práctica médica, dejándolos fuera de las estadísticas penales y obligando a sus familias a emprender largas batallas civiles y constitucionales.
Una endoscopía que detuvo el tiempo
El 17 de agosto de 2023, Albert Vicente Castro acudió a un hospital privado, ubicado en el norte de Quito, para someterse a una endoscopía. El objetivo era que el médico tratante le retirara una masa alojada en el esófago.
Según relata su hija, Estephanie Castro, a los pocos minutos de iniciado el procedimiento, el médico determinó que no podía extraer la masa por esa vía y decidió retirar el endoscopio. "Al sacar el endoscopio, jala la masa y le tapa la tráquea", cuenta Stephanie. Esto provocó a Alberto un paro cardiorrespiratorio que se prolongó por alrededor de cuatro minutos.
Albert pasó seis semanas en coma. Al despertar, el daño cerebral era evidente: perdió la capacidad de hablar, tragar, comer, levantarse o caminar. Para mantenerse con vida necesitó de una traqueostomía (abertura en el cuello) para respirar y una gastrostomía (abertura abdominal) para recibir alimento.
Hoy, su única forma de comunicarse es moviendo un dedo para aplastar, letra por letra, las teclas de una tableta con un programa especial, un proceso que le toma mucho tiempo y esfuerzo. Su esposa y sus dos hijos abandonaron sus rutinas, e incluso estudios en el extranjero, para dedicarse a su cuidado las 24 horas del día. Hasta mayo de 2025, los gastos médicos superaban los USD 140.000.
El hospital, al ser consultado por PRIMICIAS, respondió que ha entregado toda la información requerida y que, al estar el caso en una instancia legal, "lo prudente es esperar la resolución que las autoridades competentes determinen".
Una mascarilla que no era de su talla
El caso de Leandro Gabriel retrata las precariedades del sistema público. El niño, con antecedentes de prematurez extrema y displasia broncopulmonar, ingresó el 24 de mayo de 2024 al Hospital General San Francisco del IESS.
Ingresó como un paciente pediátrico de alto riesgo. El hospital lo mantuvo internado durante ocho días brindándole tratamiento para los síntomas de una infección que no lograban identificar. La auditoría médica del caso, al que accedió PRIMICIAS, revela fallas críticas: el hospital no pudo procesar un panel viral a tiempo por falta de laboratorio, suspendió un eco abdominal urgente porque no había médico radiólogo en el turno, y no contaba con insumos pediátricos básicos.
La historia clínica documentó un momento crítico el 31 de mayo: cuando la saturación de oxígeno del niño cayó, el personal intentó colocarle una mascarilla de oxígeno, pero registraron que "no era del tamaño para su edad", lo que incrementó la irritabilidad y dificultad respiratoria del bebé al verse forzados a improvisar.
El traslado del niño al Hospital Pediátrico Baca Ortiz, que según los protocolos debía darse en un máximo de 48 horas, se concretó ocho días después, cuando Leandro ya estaba en estado crítico y tuvo que ser intubado en un área de adultos. A los 20 minutos de llegar a la nueva casa de salud, el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio de 16 minutos. El diagnóstico final: encefalopatía hipóxico-isquémica severa y una discapacidad intelectual del 100 %.
PRIMICIAS consultó con el IESS sobre este caso, pero, hasta la publicación de esta nota informativa no existió respuesta.
El vacío legal
En Ecuador, el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con prisión el homicidio culposo por mala práctica profesional. Sin embargo, cuando el paciente sobrevive con lesiones graves o discapacidades permanentes, el escenario judicial se vuelve complejo.
LA RUTA LEGAL: Mala Práctica Médica en Ecuador
- Penal (Fiscalía): Busca sanción de cárcel por homicidio culposo.
- Civil (Jueces Civiles): Busca una indemnización económica por daños y perjuicios, costos médicos y daño moral.
- Administrativa (MSP/IESS): Sanciones internas al médico u hospital (multas, despidos).
- Recibir atención digna, oportuna y de calidad.
- Información veraz: Que le expliquen claramente el diagnóstico y los riesgos.
- Acceso a la Historia Clínica: Es su derecho tener una copia completa. Es la prueba principal.
- Consentimiento Informado previo a procedimientos de riesgo.
- Solicitar inmediatamente copia notariada o foliada de la Historia Clínica completa.
- Documentar todos los gastos médicos externos derivados del hecho.
- Buscar asesoría de un abogado especializado en derecho médico (no generalista) para evaluar la viabilidad del caso.
Carlos Alberto Varela, abogado de la familia de Alberto Castro, lo resume: "No estamos hablando de un homicidio, pero estamos hablando de algo casi tan grave como eso: es haber dejado a una persona en un estado prácticamente vegetal".
Al no existir un delito penal específico para este tipo de lesiones por negligencia en el COIP, los abogados recurren a otras vías:
Vía Civil
- En el caso de Albert, la familia presentó una demanda por "daños y perjuicios" para lograr una indemnización económica que permita costear las 18 terapias semanales que necesita.
- La demanda está ingresada, a espera de que el juez tome conocimiento.
Vía Constitucional
- En el caso de Leandro, los padres interpusieron una Acción de Protección contra el IESS y el Ministerio de Salud Pública, argumentando la vulneración de sus derechos a la salud y a una vida digna, buscando una reparación integral avalada por la justicia constitucional.
- La acción de protección fue negada, ingresaron un recurso de apelación.
La estadística invisible
Este vacío legal provoca que los casos como los de Leandro y Alberto queden fuera del radar de las estadísticas oficiales de negligencia médica severa.
Los números que sí se contabilizan corresponden a los fallecimientos. Según datos de la Fiscalía General del Estado, desde 2015 hasta enero de 2026 se han registrado 1.595 denuncias por el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional a escala nacional.
Aunque la cifra muestra una reducción en comparación con la década anterior (en 2015 se registraron 210 casos), en los últimos cuatro años la estadística se ha mantenido constante:
EN CIFRAS: Denuncias por Homicidio Culposo (Mala práctica profesional)
Mientras el sistema judicial procesa los expedientes, familias como la de Alberto y Leandro enfrentan solas el costo emocional y económico de cuidar a un ser querido cuyas vidas fueron truncadas en el mismo lugar donde debían ser salvadas.
"Es nuestra vida la que hemos puesto en esta situación", confiesa Stephanie Castro, resumiendo el sentimiento de quienes sobreviven al error médico.
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