Por pedido de una fiscal, juez archiva denuncia de la Comisión Anticorrupción por convenios de pago en hospitales del IESS
La comisión calificó de ‘absurda’ la petición de archivo, mientras que el juzgado observó que la Fiscalía no investigó los pagos realizados a uno de los hospitales denunciados. El monto de los pagos alcanzó los USD 137 millones.

Decenas de afiliados esperaban el 26 de marzo de 2025 su turno de atención con médicos especialistas del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en Guayaquil.
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Tras casi seis años en etapa de indagación previa, este 12 de agosto de 2025, un juez dispuso el archivo de la denuncia que presentó en diciembre de 2019 la Comisión Nacional Anticorrupción por la firma de convenios de pago en dos hospitales del IESS de Guayaquil.
El archivo se dio a pedido de la fiscal Paola Pico, quien señaló en un escrito del 24 de julio que “no había elementos suficientes para sustentar una acusación”, por lo que el proceso fue enviado a la Unidad Judicial Norte 2 Penal de Guayaquil para su archivo.
“La Fiscal Paola Pico, de la Unidad de Administración Pública 2, señaló que la denuncia de la Comisión Anticorrupción no presentó pruebas específicas de sobreprecios o perjuicios económicos, limitándose a señalar el volumen de los convenios de pago, así como detallan los proveedores”.
Roberto Calderón, juez Unidad Judicial Norte 2 Penal
La resolución judicial del archivo provocó el rechazo del coordinador de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas, quien cuestionó el trabajo de la Fiscalía en la etapa de la investigación a los hospitales denunciados: Teodoro Maldonado Carbo y General del Norte Ceibos, en Guayaquil.
“En el hospital Teodoro Maldonado Carbo se utilizaron 141 convenios de pago para cubrir contratos por USD 100 millones y en Ceibos se usaron 103 convenios por USD 37 millones, en total 244 convenios por un monto de USD 137 millones para favorecer a un grupo determinado de proveedores”, reclamó Rodas.
Frente a la decisión de la Fiscalía de solicitar el archivo, protestó Rodas, “la comisión responde indignada que la Fiscalía hace el juego a los que han asaltado los recursos del Estado”.
“En su providencia, el juez indica que la denuncia contra el hospital Ceibos nunca la investigaron y que la investigación del Teodoro Maldonado la hicieron en seis años, con lo que sobrepasaron el tiempo que jurídicamente establece la ley. Las dos cosas las hacen con el propósito de favorecer a estos proveedores”.
Germán Rodas, coordinador Comisión Anticorrupción
En la resolución del archivo, efectivamente, el juez Calderón observó que “en el expediente fiscal presentado, se verifica que se han ordenado diligencias investigativas respecto del hecho denunciado, pero únicamente sobre el hospital Teodoro Maldonado Carbo, y no conforme el texto de la denuncia, respecto también al hospital de Los Ceibos”.
Pese a ello, el juez acogió la conclusión de la Fiscalía que señaló “no contar con elementos suficientes para impulsar un delito de peculado, como tampoco de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado y asociación ilícita”.
Convenios de pago
Los convenios de pago, señaló la Fiscalía, “según la normativa del IESS, son de exclusiva y única responsabilidad de la máxima autoridad contratante, que a través de dos resoluciones resolvió que se usen mecanismos distintos a los de la contratación pública para abastecer el hospital y delegó a la dirección administrativa que supervise y revise”.

No obstante, la Comisión Anticorrupción aseguró que los convenios de pago se utilizaron indiscriminadamente cuando su uso debe ser excepcional y lamentó que se sigan aplicando en los hospitales del IESS.
En su denuncia de diciembre de 2019, esta comisión señaló que “la modalidad que prevalece para realizar las compras en los dos hospitales son los convenios de pago, la falta de planificación, las compras ‘a dedo’, la adquisición a proveedores no calificados, desconocidos y sin experiencia, quienes en 2018 han visto florecer sus sospechosos negocios; son la constante en dichas instituciones”.
En los documentos presentados por la comisión constaba, por ejemplo, que los convenios de pago representaron el 35% del presupuesto destinado al pago de los proveedores, de tal forma que se demostraría que el uso de esta figura no se aplicaba de manera ‘excepcional’ como había dispuesto previamente una resolución del Consejo Directivo del IESS.
La comisión detalló en su denuncia las siguientes irregularidades:
- 33 proveedores firman convenios de pago en una o más ocasiones por montos superiores al USD 1.000.000.
- Varios proveedores suscriben más de un convenio de pago, así se tiene que algunos lo hacen hasta en cuatro ocasiones en el año, otros en tres y dos veces.
- En el listado constan algunos proveedores que al parecer tienen un inusitado incremento de sus actividades comerciales en el año 2018, conforme se desprende del pago del impuesto a la renta de ese ejercicio económico.
- También aparecen proveedores que nunca han pagado impuestos a la renta ni de salida de divisas en el SRI.
- Se ha podido constatar que a través de este mecanismo el IESS ha celebrado dos convenios de pago con un mismo proveedor en la misma fecha, el mismo que en el año 2017 ya fue sancionado por el SERCOP al suministrar información falsa del VAE y quien actualmente en la página del SERCOP, consta como proveedor incumplido y adjudicatario fallido.
Luego del archivo pedido por la Fiscalía, varias contratistas investigadas en el proceso presentaron escritos para que el juez acoja la solicitud fiscal. “Estoy conforme con lo resuelto por la Fiscalía”, señaló un proveedor procesado en este caso por el delito de peculado.
“No tiene injerencia mi representada en la decisión de los procedimientos contractuales que hace el IESS, pues son decisiones que toma la entidad sin participación de los proveedores”.
Contratista procesada
Además, la contratista agregó que “muchos convenios de pago fueron judicializados e investigados en su época. Unos llegaron a juicio en casos de corrupción pública, otros se archivaron, pero no es cierto que la justicia no haya hecho nada frente a la existencia de posibles irregularidades”.

Queja ante la Judicatura
Mientras, el coordinador de la comisión, Germán Rodas, afirmó que acudirá ante el Consejo de la Judicatura para presentar su rechazo al archivo dispuesto por el juez Calderón este martes 12 de agosto de 2025.
“Vamos a pedir la sanción, tanto del fiscal como del juez correspondiente, porque es inaudito el comportamiento, y para que se les investigue de manera oportuna sobre su compromiso con los proveedores y sobre todo su actitud en contra de precautelar los recursos públicos de los dos hospitales”, recalcó Rodas.
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