Cuenca vivió un 2025 marcado por tensiones políticas, la oposición a Loma Larga y el cierre de CREA

La empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) tenía la meta de iniciar, a finales de 2025, la construcción de la mina del proyecto Loma Larga, ubicado en Azuay, en las inmediaciones del Área Nacional de Recreación Quimsacocha, una zona protegida por su importancia ambiental. 

Pero sus planes quedaron truncados luego de una serie de polémicas en torno al proyecto minero y en medio de una creciente oposición en Cuenca, que derivó en una multitudinaria marcha.

El conflicto empezó cuando el sector minero anunció que el Gobierno ya  había realizado el proceso de consulta previa de este proyecto minero, por lo que la empresa DPM planeaba iniciar a fines de 2025 la etapa de explotación, con la inversión de más de USD 450 millones para la construcción de la mina.

Después, la propia empresa confirmó que ya contaba con la licencia ambiental, otorgada por el Ministerio del Ambiente, ratificando sus intenciones de avanzar a la fase de explotación. 

Pero, tanto la consulta previa como la entrega de la licencia ambiental, fueron duramente cuestionados por organizaciones sociales de Cuenca y las autoridades locales. La oposición al proyecto minero creció rápidamente y se reflejó en las calles de la capital azuaya el 16 de septiembre de 2025, cuando más de 100.000 personas salieron a la denominada Marcha por el Agua.

Tras la presión ciudadana y la oposición del Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay, finalmente el presidente Daniel Noboa ofreció que su Gobierno no continuará con el proyecto minero Loma Larga. El 4 de octubre, el Ministerio del Ambiente y Energía confirmó la revocatoria de la licencia ambiental. Pero en Cuenca aún hay dudas sobre el proyecto y los colectivos ciudadanos y las autoridades exigen que se revoquen también las concesiones de Dundee. 

• ¿Puede el Gobierno dejar en manos de la Prefectura de Azuay y la Alcaldía de Cuenca el futuro del proyecto minero de oro Loma Larga? 

La relación entre el Municipio de Cuenca y el Gobierno Nacional se deterioró en este 2025. Y una de las principales causas de ese distanciamiento es, precisamente, el proyecto Loma Larga. El alcalde de la  ciudad, Cristian Zamora, ha tenido más de un impasse con funcionarios del Gobierno en los últimos meses. 

Una de las polémicas más sonadas fue cuando la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, acusó a la Empresa Municipal de Agua Potable (ETAPA) de mentir respecto a un informe ambiental del proyecto minero. 

"ETAPA se ha vuelto como el brazo político del alcalde", dijo Manzano en julio pasado. Zamora respondió que la empresa municipal "no miente" y, posteriormente, ha cuestionado en reiteradas ocasiones la acción del Ministerio del Ambiente. 

También en el contexto del tema minero, Zamora tuvo un enfrentamiento con la exvocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, quien se refirió al proyecto Loma Larga y cuestionó a la administración local, argumentando que el alcalde Cuenca "no tiene calidad moral" en la defensa del agua. 

A lo que Zamora respondió con enojo: "Primero lávese bien la boca antes de hablar de Cuenca". Y le advirtió con tomar acciones legales.

También han sido frecuentes los enfrentamientos entre el alcalde de Cuenca y el gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, y el asambleísta de ADN, Adrián Castro.

El distanciamiento entre el Municipio de Cuenca y el Gobierno fue notorio en la celebración de la Independencia de la capital azuaya, el 3 de noviembre, cuando las autoridades locales y nacionales no estuvieron juntas en los eventos.

El 29 de julio de 2025, Cuenca amaneció con la sorpresiva noticia de que la Superintendencia de Economía Popular y Solidad (SEPS) ordenó la suspensión de operaciones de la cooperativa CREA, una de las más grandes del Austro y que tenía presencia a nivel nacional. 

La SEPS explicó que el cierre de la cooperativa fue consecuencia de una mala administración en la cooperativa de ahorro y crédito, que tenía cerca de 98.000 socios. La noticia causó conmoción en la ciudad y desesperación en miles de cuentahorristas, quienes temían perder su dinero.

Un mes después del cierre de operaciones, inició la devolución de los depósitos. Además, la Superintendencia trasladó los activos y pasivos por un monto de USD 88 millones a 18 cooperativas de ahorro y crédito, con el objetivo de "garantizar que los socios no pierdan sus ahorros".

Pero hay un grupo de aproximadamente 450 socios que deberán esperar a la venta de activos para cobrar su dinero, mientras que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria continúa con la venta de los bienes muebles e inmuebles.

Al igual que ocurrió a nivel nacional, los hospitales públicos de Cuenca enfrentaron una grave crisis, sobre todo por la falta de medicamentos e insumos. Pero también hubo otros problemas, que afectaron no solo a Cuenca, sino al Austro de país, como la muerte de al menos ocho niños en Taisha, en la provincia de Morona Santiago. 

En el caso del Hospital Vicente Corral Moscoso, del Ministerio de Salud, PRIMICIAS reportó problemas críticos, como la sobrecarga laboral del personal médico, equipos dañados y falta de medicinas.  En 2025, el Hospital Vicente Corral hubo un recorte del 12% en el presupuesto con relación a 2024. 

La situación es similar en el Hospital del Seguro Social, José Carrasco Arteaga, en donde el reclamo más recurrente es la demora para conseguir un turno con médicos generales y especialistas. 

A esa situación se suma un posible caso de negligencia, reportado en noviembre, cuando un paciente que ingresó al hospital con una gastroenteritis fue operado con el diagnóstico de otro paciente.

Uno de los temas más críticos este año fue la alerta sanitaria en comunidades indígenas de Taisha, en Morona Santiago, luego de que varios menores de edad murieron con síntomas similares. Las familias reclamaron que no recibieron atención oportuna.

El año cerró con una nueva polémica en el Municipio de Cuenca, luego de que la Contraloría dio a conocer los resultados de dos auditorías realizadas a procesos que involucran a la anterior y a la actual administración. 

Un primer informe, publicado el 5 de diciembre, realiza observaciones a 11 contratos, de los cuales 10 son de la administración de Pedro Palacios y uno de la Alcaldía de Cristian Zamora. Este último proceso se refiere a la compra del carro blindado para uso del alcalde. 

La Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal en ese informe. Tras conocerse los resultados, el alcalde Cristian Zamora reaccionó y criticó a la Contraloría, asegurando que se trata de una cuestión política. 

Zamora calificó como ‘hostigamiento’ a los informes de la Contraloría, y advirtió que en casos futuros: “yo tengo unas sorpresas grabadas”.

Mientras que la Contraloría defendió su imparcialidad y calificó como "intimidación" a las declaraciones de Zamora. "Ante estos hechos, el organismo de control iniciará las acciones legales pertinentes", respondió la entidad.

Este mismo mes se publicó un segundo informe, de la auditoría realizada a la ejecución, terminación y liquidación del polémico contrato de radares con Móvil Techonogy. La Contraloría también determinó indicios de responsabilidad penal tras la terminación del contrato por mutuo acuerdo.

Ese contrato fue firmado por la Empresa Municipal de Movilidad (EMOV) en la administración de Pedro Palacios. Mientras que el alcalde Cristian Zamora dispuso la terminación del contrato, en 2023, actuación que defiende pese a las observaciones del órgano de control.