Así es el negocio silencioso, informal y paralelo de los autos usados entre migrantes en Estados Unidos

NUEVA YORK. En un parqueo discreto de Queens, lejos de los concesionarios, los autos usados circulan como una economía paralela. No hay contratos largos ni cuotas mensuales. Hay efectivo, confianza y urgencia. Para cientos de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos, este mercado informal no es una alternativa secundaria, es la única forma de subirse a un volante o empezar a trabajar.

Carlos no se define como vendedor de autos. Se presenta como mecánico. Trabaja en un taller de jueves a sábado y el resto de la semana rastrea carros usados que todavía pueden resistir. Empezó hace dos años casi sin proponérselo. Compró un vehículo barato a un conocido que necesitaba dinero inmediato, lo arregló con piezas recicladas y lo revendió en pocos días. Ahí entendió que no estaba resolviendo un favor, sino respondiendo a una necesidad estructural.

“Yo no vendo carros, yo vendo una oportunidad. Si te pones a esperar el crédito, ya perdiste el trabajo”, dice. Todo lo maneja en efectivo. Compra en cash y vende en cash. No hay financiamiento porque sus clientes no pueden acceder a él. “Aquí es rápido porque la gente necesita moverse mañana”, resume.

Los precios se fijan con una lógica sencilla. Año, millaje y estado del vehículo. Un sedán del 20015 o 2018 con más de 180.000 millas puede costar entre 3.000 y 4.000 dólares si el motor responde y pasa una inspección básica. Modelos más confiables, como Toyota Corolla o el Honda Civic del 2020 o 2022, con menos de 150.000 millas, se venden entre 6.000 y 8.000 dólares. No hay garantías escritas. La reputación es el único respaldo. “Si el carro sale malo, nadie vuelve. Mi garantía es mi nombre”, dice Carlos.

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El alquiler, otra veta del negocio de autos

En ese mismo circuito se mueve Mariela, manaba, que encontró otro ángulo del negocio. Compra autos usados similares a los que vende Carlos, pero no los revende. Los alquila a migrantes que trabajan en reparto de comida y entregas a domicilio. Cobra entre 250 y 300 dólares por semana, según el estado del vehículo. En promedio, asegura que recupera el valor total del carro en menos de dos meses.

Después de ese punto, el ingreso se vuelve estable. Ella se encarga del mantenimiento básico y exige que el conductor cubra gasolina, multas y daños. Muchos de sus clientes no tienen licencia ni seguro propio, pero aceptan las condiciones porque no hay otra puerta abierta. “Sin carro no hay trabajo. Así de simple”, dice.

Luis es uno de esos conductores. Llegó hace cuatro años desde La Maná, provincia de Cotopaxi. No tiene documentos, no puede acceder a crédito y nadie quiso prestarle su nombre ni su historial crediticio. Al inicio alquiló un vehículo durante meses. Con el tiempo, juntó efectivo y compró uno usado en este mercado informal. Pagó 4.500 dólares. No era un buen carro, pero funcionaba. “Era eso o no tenía qué comer. No tenía opción porque no encontraba otro trabajo”, cuenta.

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Los latinos, con mayores dificultades para crédito

La exclusión financiera no es anecdótica. Según el informe sobre bienestar económico de los hogares publicado por la Reserva Federal en 2025, los adultos hispanos y de bajos ingresos enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios bancarios y crédito formal. El mercado de autos usados refleja esa brecha. Aunque los precios en concesionarios oficiales se estabilizaron tras el alza histórica de la pandemia, el crédito sigue siendo inaccesible para quienes no tienen estatus, historial o ingresos verificables.

El componente fiscal también influye, aunque rara vez se menciona. El IRS recuerda que todo ingreso es imponible, incluso si se recibe en efectivo. Sin embargo, los pagos en cash no generan reportes automáticos como los formularios informativos asociados a plataformas digitales. Eso no vuelve legal la informalidad, pero explica por qué muchos prefieren transacciones sin rastro electrónico. 

“Comprar un carro sin documentos es posible, pero no es simple. La transacción privada entre los involucrados, permite entregar efectivo y recibir el vehículo con el título firmado. El problema aparece después. Para registrar el auto y asegurarlo legalmente, los departamentos de vehículos exigen pruebas de identidad y residencia. En estados como Nueva York o Nueva Jersey, la licencia estándar puede obtenerse sin estatus migratorio, pero no todos logran reunir los documentos necesarios” explica Rafael -nombre protegido- quien trabaja en un dealer en Nueva Jersey. Ahí surgen soluciones precarias, registrar a nombre de terceros, circular sin seguro o asumir riesgos que pueden terminar en multas, decomisos o algo peor.

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Para Manuel Orozco, analista financiero, esta actividad es una respuesta racional. “Cuando el sistema financiero excluye a una población, esa población crea sus propios mecanismos de acceso. El problema no es solo legal, es estructural”, explica. Advierte que la informalidad reduce protección y amplifica riesgos, pero también sostiene actividades que de otro modo no existirían.

No hay estadísticas públicas que midan estas transacciones ni su peso exacto en el mercado laboral. Aun así, los datos oficiales del Bureau of Labor Statistics confirman que millones de personas en Estados Unidos trabajan por cuenta propia y dependen de herramientas propias para generar ingresos, entre ellas el automóvil. 

En ese margen, fuera del crédito y de los registros formales, el carro no es un símbolo de estatus. Es una herramienta. Una frontera móvil entre quedarse quieto o seguir adelante. Y en ese movimiento, silencioso y constante, se sostiene una parte del trabajo en Estados Unidos.