Los crímenes de Anthony Jaya y Héctor Enríquez ocurrieron en dos de los distritos más conflictivos de Quito

En los dos primeros meses de 2026, Quito registró dos crímenes que conmocionaron a la capital: el secuestro y asesinato del estudiante universitario Anthony Jaya y el robo de vehículo que terminó con la muerte de Héctor Enríquez, un joven oriundo de Otavalo, en Imbabura.

El caso de Jaya ocurrió en el distrito Eugenio Espejo, mientras que el de Enríquez se registró en el distrito Calderón, considerados por la Policía Nacional como dos de las zonas más conflictivas de Quito.

Según el mayor Luis Miguel Heredia, jefe del Departamento de Análisis de Información de la Zona 9, el Distrito Eugenio Espejo concentra por sí solo el 4% de las llamadas de auxilio de todo el país, un volumen equivalente al de una subzona provincial completa, como Manabí.

Al concentrar gran parte de la actividad comercial y social de la capital, explicó el oficial, el sector atrae a una gran cantidad de población flotante, lo que lo vuelve atractivo para las bandas criminales.

Sectores como La Mariscal, Iñaquito, El Batán, la avenida 6 de Diciembre, El Inca, La Gasca y Las Casas forman parte de este distrito, así como la avenida Colón, lugar donde fue secuestrado Anthony Jaya, estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central.

El caso Anthony Jaya

Sobre este crimen, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) informó que el joven fue hallado sin vida en el sector de Guamaní, en el sur de la ciudad, el 8 de enero de 2026.

Sin embargo, familiares del universitario de 24 años señalaron a Metro Ecuador que el secuestro ocurrió un día antes, cuando Jaya salió de su casa para encontrarse con una persona en un restaurante ubicado en la avenida Colón.

Horas después, según sus allegados, comenzaron a recibir mensajes y videos extorsivos en los que se exigía el pago de USD 200.000 a cambio de su liberación. En esas grabaciones aparecería un menor de edad que posteriormente fue procesado por este caso.

El sospechoso es un adolescente de 17 años que habría participado, junto con otro menor de 16, en al menos cinco crímenes en Quito. La Fiscalía General del Estado lo vinculó con el secuestro y asesinato del universitario y precisó que ambos formaban parte de un grupo criminal.

De acuerdo con la Policía, los dos adolescentes habrían sido reclutados por la organización Los Lobos, que les ofrecía dinero para cometer robos y sicariatos en la capital.

El mayor Heredia destacó que la detención de los menores representó un golpe importante contra el cometimiento de muertes violentas en la ciudad, ya que habían desarrollado un modus operandi en el que sus principales víctimas eran conductores de aplicaciones de transporte.

El coronel Luis Mantilla, director nacional de la Dinased, añadió que los adolescentes habían sido entrenados en el uso de armas y actuaban con extrema violencia. En el caso de Jaya, su cuerpo fue mutilado y algunas de sus partes fueron localizadas dentro de un vehículo robado.

Las investigaciones también revelaron que los sospechosos enterraron en el jardín de una hostería el cuerpo de otra víctima, tras una riña registrada en Sangolquí.

La muerte del estudiante forma parte de las 41 muertes violentas registradas en el Distrito Metropolitano de Quito entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2026, lo que representa 11 casos más en comparación con el mismo periodo de 2025.

Calderón, una zona de riesgo

Calderón, la parroquia más grande de Quito, es otro de los sectores identificados por la Policía como zona de alta conflictividad.

Durante una presentación realizada el 5 de marzo en el evento Quito Data Hub, organizado por la Secretaría de Seguridad del Municipio, la institución indicó que el distrito presenta una actividad de riesgo considerable que requiere monitoreo constante.

En los últimos meses se han ejecutado operativos para desarticular bandas dedicadas al robo y secuestro de conductores de aplicaciones de transporte, además de allanamientos a mecánicas clandestinas utilizadas para almacenar vehículos robados o desmantelarlos para vender sus autopartes.

El 30 de diciembre de 2025, por ejemplo, se localizó en un terreno baldío del sector Laderas de San Francisco el cuerpo de una víctima que había sido atacada mientras acudía a realizar una carrera hacia el sector Zabala. Un día antes, otro conductor se lanzó de un vehículo en movimiento para evitar ser secuestrado en el ingreso a Llano Grande.

El asesinato de Héctor Enríquez

Casi dos meses después de esos hechos se registró el caso de Héctor Fernando Enríquez Ruiz, un ingeniero de sonido de 27 años que sufrió el robo de su vehículo mientras circulaba por Calderón la noche del 18 de febrero de 2026.

El coronel Mantilla señaló que las bandas que operan en este sector suelen perfilar a personas vulnerables para robarles sus vehículos y luego comercializarlos en otras zonas del país.

Sin embargo, el caso de Enríquez Ruiz tomó otro giro cuando fue encontrado sin vida en el kilómetro de la vía Alóag–Santo Domingo, que conecta a Pichincha con la Costa.

Tras siete días de búsqueda, las autoridades confirmaron que el cuerpo del joven se encontraba en ese sector, tal como lo había anticipado su madre un día antes.

“Le botaron por un puente. Sabemos que él está muerto, pero queremos que nos ayuden a sacarle. Queremos llevarle a nuestra casa para decirle adiós”, expresó su progenitora en un video difundido en redes sociales.

Violencia y delitos en Quito

Junto con Eugenio Espejo y Calderón, los distritos de Quitumbe y La Delicia figuran entre los sectores con mayores niveles de conflictividad en Quito.

En estas zonas, así como en el resto de la ciudad, las autoridades aseguran que se han reducido hasta en un 30% los delitos de oportunidad, como el robo a personas, el robo de vehículos y el robo de accesorios.

Sin embargo, las muertes violentas continúan en aumento. Estas no solo están relacionadas con sicariatos o asesinatos vinculados al crimen organizado, sino también con hechos que se producen tras riñas callejeras o conflictos familiares.

Ante este escenario, la Policía Nacional y el Municipio analizan nuevas estrategias para identificar puntos críticos y fortalecer las acciones de seguridad.

Según cifras presentadas por la plataforma Seguridad Quito Data Hub, uno de los primeros resultados es la reducción de la incidencia de muertes violentas en sectores priorizados, que pasó del 34% al 14% al comparar el primer bimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026.