Caso Jaque | "Mi función era satisfacer al director", "el que no colabora, lo botan", dicen empleados de ANT

Una estructura paralela, con roles asignados, operaba en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), reveló el caso Jaque, en el que varios funcionarios se acogieron al derecho del silencio mientras otros declararon que su función "era satisfacer al director", pues "el que no colabora lo botan".

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El caso Jaque surgió en julio de 2025 por una llamada anónima que denunciaba la venta ilegal de licencias en USD 250, renovaciones y permisos de operaciones de líneas de transporte por USD 40.000 y matriculación de vehículos. El 30 de enero de 2026, un operativo en varias ciudades dejó 10 procesados, nueve detenidos, entre ellos el director de la ANT, Pedro Abril.

A casi un mes de los 23 allanamientos realizados por la Policía, empleados revelaron los roles asignados en el caso Jaque. Uno de ellos, identificado como jefe de una oficina de Atención al Usuario de la ANT, relató que “el coordinador de la situación es Rodrigo y que solo hacía renovaciones con documentos chuecos”.

“Hay dos grupos, el grupo del Rey y el grupo de Miguelito, pero son intermediarios, por eso no convenía hacer pocos trámites, porque de los USD 3.000 semanal que ellos piden, dicen que USD 2.200 es para el jefe y se quedan con la diferencia”, señaló uno de los detenidos.

Según el funcionario, la cuota semanal era de 60 trámites, por disposición de alias ‘Pedrito’, quien se quejaba de que oficinas como las de Imbabura no reportaban una cantidad que le satisficiera. “Alias Pedrito había mandado a ver qué pasa, porque esa dirección no le satisface lo que están dando y por eso está jodido”, señaló en el expediente del caso Jaque.

El mismo funcionario informó que en una ocasión le habían pedido 50 trámites para atender, pero los interesados “habían quedado de ir el lunes, pero ya no han regresado”, razón por la cual estaba preocupado, pues en la ANT “si no colaboran, lo botan”.

“Con la colaboración de las licencias y con lo que nos pagan, simplemente el funcionario que no colabora lo botan del cargo, mi función en sí es satisfacer al director y cumplir con la disposición de Pedro Abril y gestionar la habilitación del sistema informático”.

Funcionario procesado caso Jaque

Otra funcionaria reveló que su función dentro de la red era “realizar trámites personales, por los que le pagan, captar clientes, coordinar con otras agencias y la coordinación del grupo”, mientras que otra “facilitaba las cuentas para depositar los pagos y gestionaba los trámites”.

Otro funcionario, que ocupaba un cargo de jefatura en una agencia de la ANT, era el encargado de “habilitar el sistema informático para la emisión de las licencias, y disponía que no se atienda a los usuarios de la agencia sino a los que pagaban de forma personal”.

Con estas versiones, la Fiscalía ratificó su solicitud de prisión para el director de la ANT, pues argumentó que “si el directivo queda libre en el presente caso, puede borrar registros en el sistema de la ANT y que, igualmente, puede presionar o amenazar a los funcionarios de menor jerarquía, que son testigos claves”.

“Lo que se castiga no es solo el trámite legal de la licencia, sino la formación de una estructura paralela al Estado que pone en riesgo el orden jurídico y la convivencia ciudadana, está atentando a la seguridad pública al entregar licencias a personas que quizás no están capacitadas, poniendo en riesgo a terceras personas”.

Fiscalía

En este caso que se investiga por delincuencia organizada, también confluyen otros delitos, señaló la Fiscalía, entre ellos concusión, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Rollos de billetes de USD 100

En los allanamientos, los agentes policiales decomisaron documentos, dinero en efectivo y un arma. En la residencia del director Pedro Abril se halló rollos de billetes de diferente denominación, por ejemplo, un rollo de 100 billetes de USD 100, tres rollos contenían cada uno 100 billetes de USD 20, otro rollo de 443 billetes de USD 20, según el expediente.

La defensa del director argumentó que la totalidad del dinero -que sumaba USD 19.780- le pertenecía a un familiar que había llegado recientemente del extranjero. “Lo podemos justificar”, declaró el abogado de Pedro Abril.

“Se está criminalizando la profesión, se está llegando sin un indicio, sin una evidencia clara, simplemente se están criminalizando los roles, no hay elementos del delito con relación a mi cliente, ni los elementos de convicción claros y justificados de que mi cliente sea autor”, señaló.

Aunque solicitó que se reemplace la prisión por presentación periódica ante un juez, prohibición de salida del país o el uso del grillete, el juez acogió el pedido de prisión planteado por la Fiscalía para el titular de la ANT, quien desempeñaba el cargo desde 2022.

Traslado de cárcel ante ‘peligro’

Uno de los detenidos, que se desempeñaba como jefe de una agencia de la ANT en Quito, fue trasladado de cárcel porque su vida se encontraría en riesgo, según un informe de la Dirección de Inteligencia e Investigaciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI.

Se trata de Rodrigo, quien según la investigación de la Fiscalía cumpliría las tareas de coordinación de la estructura delictiva que emitía ilegalmente licencias, matrículas vehiculares y permisos de operación en la Agencia Nacional de Tránsito.

Rodrigo, de 34 años, era técnico de emisión de licencias, habilitaba el sistema informático y dentro de la organización se lo conocía con el alias de ‘Rojo’. En uno de los chats analizados por la Fiscalía, ‘Rojo’ niega el acceso a los funcionarios de varias oficinas de la ANT, pues asegura que “hoy ya no hay, ya no importan los usuarios, porque ya he perdido dos días de plata”.

Durante el allanamiento a la vivienda de alias ‘Rojo’, la Policía encontró fajos de billetes de USD 100, de USD 50, de USD 20, que sumaban la cantidad de USD 8.000, dinero que su abogado defensor argumentó que provenían de la venta de un vehículo.

La Policía también le decomisó a ‘Rojo’ 15 anillos metálicos, nueve dijes, dos pulseras, ocho cadenas, 32 aretes, cuatro teléfonos celulares y relojes.

En el informe de riesgo elaborado por el SNAI se menciona que “mediante alerta de información se evidencia que Rodrigo H. P. se encuentra en peligro” y argumenta que esto se debe a que en los centros de privación de libertad se genera violencia y delincuencia organizada.

“Persiste una concentración significativa de individuos con alto perfil de liderazgo y articulación de estructuras delictivas, por lo cual, con la finalidad de precautelar su seguridad e integridad física se requiere su traslado a otro centro de privación de libertad”.

Informe del SNAI

Alias ‘Rojo’ cumplía la orden de prisión en la cárcel de Pichincha N.- 1, donde también se encuentran otros procesados del caso Jaque. El SNAI resolvió que fuera trasladado hasta el centro de privación de libertad de Imbabura.