Corte Nacional ratifica condena por actos de odio contra alumno de un colegio en Quito
Jueces de la Corte Nacional de Justicia confirmaron la condena por actos de odio en un caso de violencia escolar que terminó con la muerte de una adolescente en Quito.

Un vehículo de la Policía a las afueras de la sede de la Corte Nacional de Justicia, en Quito, en enero de 2026.
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Autor:
Redacción Primicias
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La Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de un adolescente sentenciado por actos de odio en contra de una compañera de colegio, quien se quitó la vida luego de sufrir un año de agresiones.
El máximo tribunal ratificó la condena de cuatro años de internamiento institucional para el agresor, informó la Fiscalía General del Estado este jueves, 5 de febrero de 2026, a casi tres años del caso de violencia escolar que conmocionó a Quito.
La decisión de última instancia también dispuso el pago de USD 3.000 como reparación integral a favor de los familiares de la víctima.
Los hechos ocurrieron en una institución educativa fiscal del centro norte de Quito, donde víctima y agresor eran compañeros de estudio.
Golpes en la espalda
Según la investigación de la Fiscalía de la Unidad de Justicia Juvenil No. 4, las agresiones verbales y físicas se repitieron durante aproximadamente un año. El último ataque se registró en marzo de 2023, cuando el adolescente golpeó a la joven en la espalda y le causó una lesión en la columna que le impidió caminar con normalidad.
La Fiscalía inició el proceso tras la denuncia presentada en abril de 2023 por el padre de la víctima.
En la audiencia de juzgamiento, que tuvo lugar en marzo de 2024, la Fiscal de la Unidad de Justicia Juvenil a cargo del caso expuso que los actos de odio, tanto físicos como psicológicos, provocaron graves afectaciones en la salud y en la vida cotidiana de la adolescente.
Víctima se quitó la vida
Además, señaló que la situación económica de la familia impidió que la joven accediera a terapias de rehabilitación y que, como consecuencia de los hechos sufridos, se quitó la vida, de acuerdo con lo determinado en la autopsia médico-legal.
Para sustentar su acusación, Fiscalía presentó testimonios de docentes, psicólogos, trabajadores sociales y personas del entorno cercano de la víctima, además de pericias, entre ellas la experticia antropológica y la autopsia psicológica.
Al tratarse de un adolescente, el Tribunal dispuso la aplicación de medidas socioeducativas para el agresor.
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