Estudiante universitaria fue asesinada por negarse a abortar, su exnovio fue llamado a juicio en Manabí

A casi un año del femicidio de Ariana Jiménez, se llamó a juicio al principal sospechoso del delito identificado como Óscar E., exnovio de la víctima.

La Fiscalía General del Estado confirmó el proceso el 25 de abril de 2025, tras el análisis de los elementos de convicción presentados en este caso.

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La causa se lleva adelante por un Juez de Garantías Penales de Manabí, provincia donde ocurrió el crimen.

En junio de 2024, Ariana Jiménez, de 24 años de edad, fue reportada como desaparecida. Ella se encontraba embarazada y horas antes fue citada por su pareja al parque Los Jazmines, en Portoviejo.

Desde esa día, la joven perdió contacto con su familia. Posteriormente, se difundió la alerta para recibir información que permita localizarla.

Para entonces, las primeras diligencias permitieron señalar a Óscar E. como principal sospechoso de la desaparición de Ariana.

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Luego de cuatro meses del hecho, se hallaron osamentas en una zona alta de la vía Cuatro Esquinas - Zapallo. Tras las pericias correspondientes se confirmó que los restos pertenecían a la joven.

Acto seguido, se formuló cargos en contra Óscar E. y se dispuso su prisión preventiva.

Ariana "se negó a abortar"

De acuerdo con Fiscalía, las investigaciones demostraron que el sospechoso y la víctima tenían un relación sentimental. Por esta situación, la joven habría quedado embarazada.

Testigos indicaron que Óscar E. no quería hacerse responsable del hijo que esperaba con Ariana y la habría manifestado, en varias ocasiones, "que terminara con el embarazo", pero ella se negó.

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Al parecer, el sujeto ya estaba comprometido con otra mujer y mantenía en secreto su relación con la víctima. Según las autoridades, esto pudo ser un posible móvil para el cometimiento del delito.

Mientras avanza el proceso contra Óscar E. se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

De ser hallado culpable, por el delito de femicidio podría enfrentar una pena de hasta 27 años de cárcel. En cambio, por la causa de desaparición involuntaria, la condena sería de hasta 10 años de prisión.