Cae una red que extorsionaba a comerciantes y pescadores desde una cárcel de Guayaquil
La Policía detuvo a cuatro sujetos, tres ya estaban recluidos en una cárcel de Guayaquil. Desde ahí realizaban llamadas extorsivas a comerciantes y pescadores de Manabí.

El 23 de julio de 2025, la Policía detuvo a cuatro sujetos por el presunto delito de extorsión a comerciantes y pescadores de Manabí, tres están internos en una cárcel de Guayaquil.
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Policía del Ecuador
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La Fuerza de Investigación Anticriminal (Fice) de la Policía de Ecuador detectó una red delictiva integrada mayoritariamente por presos, quienes hacían llamadas extorsivas a comerciantes y pescadores de Manabí, desde una cárcel de Guayaquil.
El miércoles 23 de julio, la Policía informó que las investigaciones se iniciaron tras la denuncia de un ciudadano de Manta, de la provincia costera de Manabí, quien aseguró que recibía llamadas y mensajes de sujetos que le exigían altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.
Los policías ejecutaron varios registros en Manta y lograron identificar y detener a una mujer, reconocida como Ana L., quien, junto a tres presos recluidos en una de las cárceles de Guayaquil, se dedicaban a extorsionar a los dueños de los negocios y también a quienes salían a pescar.
Las fuerzas de seguridad intervinieron el pabellón carcelario en donde estaban los otros miembros de la red delictiva y les decomisaron cuatro teléfonos móviles.
Los sujetos, identificados como Patricio V., Erwin M., y Wilson Y., tienen antecedentes penales por tráfico de drogas y asesinato, entre otros.
"Los delincuentes no tienen escondite. Seguimos trabajando", aseguró sobre este caso el ministro del Interior, John Reimberg, en su cuenta de la red social X.
Estas cuatro personas fueron llevadas hasta las autoridades correspondientes para su respectivo procesamiento, añadió la Policía.
Las cárceles son parte de la crisis de violencia que llevó al país a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios en 2023, lo que provocó que el presidente, Daniel Noboa, ordenara su militarización desde inicios de 2024.
Desde esa fecha también el país vive bajo un "conflicto armado interno" declarado por Noboa para combatir a las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, pero que han encontrado en la extorsión y el secuestro una forma de obtener un mayor financiamiento.
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