En los archivos de la Unidad Judicial Civil de Iñaquito, al norte de Quito, reposa un expediente que lleva casi una década pendiente de resolución. Mientras Sociedad Deportivo Quito busca mantenerse con vida en los torneos de Segunda Categoría, un juicio certifica que la institución está sometida a un concurso de acreedores que asfixia sus finanzas desde 2017.

El documento más reciente y revelador de esta causa es el alcance pericial, elaborado con corte al 15 de julio de 2026 por el síndico de quiebras, William Erazo. 

Según su balance, Sociedad Deportivo Quito registra USD 489.364,08 en activos frente a obligaciones confirmadas con terceros por USD 3,7 millones, lo que arroja un patrimonio negativo, o déficit, de USD 3,2 millones.

Detrás de estas cifras, según los documentos judiciales revisados por PRIMICIAS, se libra una disputa por la cuantificación de los pasivos, los cuales sufrieron un recorte al pasar de USD 6,9 millones en 2023 a USD 3,7 millones en 2026. 

Esta variación ha encendido las alarmas entre los acreedores, quienes cuestionan la falta de respaldo documental de dicho ajuste y exigen la liquidación forzosa de los bienes institucionales. Del otro lado del litigio, la directiva de la 'AKD', en cambio, señala a la pericia por no contabilizar todos sus activos.

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La radiografía del club

La situación financiera de Sociedad Deportivo Quito, según el documento con corte al 15 de julio de 2026 presentado por Erazo, revela la estructura patrimonial de la institución. 

El monto total de los activos documentados en el expediente judicial alcanza USD 489.364, un valor inferior al volumen de obligaciones acumuladas. 

Dentro del activo corriente figura de manera destacada una cuenta por cobrar por USD 193.903 derivada del Laudo Arbitral No. 010-23 del 2 de diciembre de 2024, dictado por el uso comercial de la publicidad interna del Estadio Olímpico Atahualpa. 

Este valor se mantiene en suspenso debido a la acción de nulidad de laudo arbitral presentada por la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

A esto se suman los activos no corrientes e intangibles, integrados por la valoración técnica de las marcas y patentes de la institución en USD 115.207 y la cotización de los derechos deportivos de la plantilla de jugadores por un monto de USD 116.732. 

En lo que respecta a los activos depreciables e inmuebles, el balance judicial contabiliza USD 63.520, correspondientes a tres predios urbanos sobre los cuales el club mantiene la titularidad. Se trata del Predio 1302093, valorado en USD 51.835; el Predio 1304251, tasado en USD 7.554; y el Predio 1304266, fijado en USD 4.130. 

En contraste, el Complejo Deportivo de Carcelén, ubicado en el Predio 81480 con una extensión de 27.248 metros cuadrados, figura en los libros periciales con un valor contable de USD 0 debido a las supuestas prohibiciones de enajenar y gravámenes legales derivados de su escritura de donación municipal.

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En el lado opuesto del balance, los pasivos confirmados con terceros ascienden a USD 3,7 millones. Las obligaciones con entidades públicas y descentralizadas representan un subtotal de USD 688.233, compuesto por acreencias con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto de aportes, préstamos y responsabilidad patronal por USD 202.689, además de glosas, intereses y gastos judiciales que suman USD 224.980.

A esto se añaden las deudas tributarias con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por impuestos prediales del terreno de Carcelén por USD 257.798 y rubros pendientes en los tres predios menores por USD 2.277, USD 315 y USD 172.

Las acreencias exigidas por actores privados constituyen la porción más grande del pasivo. Este rubro está encabezado por obligaciones judiciales en el proceso concursal que alcanzan los USD 3 millones, a los que se suman intereses y costos procesales.

El balance incluye también la factura de honorarios profesionales del síndico por USD 1.437, mientras que los renglones correspondientes a cuentas por pagar a socios, proveedores y acreencias deportivas ante la FIFA y la FEF aparecen momentáneamente con saldos de USD 0. 

Al consolidar el inventario de bienes y restar la totalidad de los pasivos, la ecuación arroja un patrimonio negativo de USD -3,2 millones, lo que certifica que los bienes reales del club no cubren ni el 15% de sus deudas.

De USD 6,9 a 3,7 millones: así cambió la deuda de la 'AKD'

La cuantificación del endeudamiento de Sociedad Deportivo Quito ha atravesado variaciones a lo largo del trámite judicial que empezó en 2017.

Tres años antes del informe pericial de William Erazo, la anterior síndica de quiebra, Doris Calero, presentó el 30 de junio de 2023 un balance en el que fijó el pasivo total del club en USD 6,9 millones. Aquella cifra incluía deudas deportivas por USD 3,6 millones, repartidas entre 14 expedientes de la Cámara de Disputas de la FIFA y resoluciones dictadas por la FEF.

En el detalle del informe pericial de junio de 2023 constaban reclamos de exjugadores y extécnicos como Federico Nieto, José Carlos Fernández, Carlos Ischia, Nelson Acosta, Iván Borghello, Sebastián Rusculleda, Luis Manuel Seijas, entre otros.

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La reducción del pasivo hasta los USD 3,7 millones reflejados en el balance de julio de 2026 obedece a dos argumentos contrapuestos. 

Celso Vásconez, abogado de Deportivo Quito, sostiene que la dirigencia ha cancelado deudas de manera periódica en la FEF desde 2019 con el propósito de evitar sanciones de pérdida de puntos o descenso de categoría. 

Por otro lado, los acreedores civiles, privados y laborales han presentado impugnaciones en contra de este ajuste. 

Los abogados que representan a acreedores como Zurich Seguros Ecuador S.A., Marjorie Pazmiño, el excomisario de campo Alfonso Álvarez y el extrabajador David Anaguano han ingresado escritos donde sostienen que la rebaja del pasivo es una omisión del perito que carece de sustento documental. 

Los representantes de los acreedores afirman que, mientras no existan certificaciones escritas de archivo definitivo emitidas por los órganos disciplinarios de la FIFA o reliquidaciones judiciales de intereses en el expediente, los pasivos se mantienen vigentes.

Por su parte, el abogado Vásconez sostiene que las deudas ante la FIFA prescriben de manera automática tras el paso de cinco a diez años sin ejecución, por lo que no hacen falta certificados escritos.

¿Qué pasa con el Ney Mancheno Velasco?

La mayor controversia en el concurso de acreedores gira en torno al inmueble de mayor dimensión que posee la institución, consistente en el Complejo Deportivo Ney Mancheno Velasco, ubicado en la parroquia Carcelén. 

En los informes de la sindicatura, este predio de 27.248 metros cuadrados aparece registrado con un valor contable de USD 0. 

La fundamentación de dicha valoración se sustenta en la escritura pública celebrada el 17 de enero de 1964 ante el notario Manuel Vintimilla Ortega, mediante la cual el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito otorgó el terreno en donación al club.

La escritura de donación establece en su cláusula que el inmueble debe destinarse exclusivamente a instalaciones deportivas y que la institución no ostenta la libre disponibilidad sobre el bien, teniéndose prohibida su enajenación o la constitución de gravámenes. 

El documento fija que, en caso de incumplimiento de las condiciones o extinción de la entidad, el terreno se revertirá al patrimonio municipal sin derecho a indemnización. Basándose en este antecedente, la defensa legal del club y pronunciamientos judiciales previos en juicios acumulados han sostenido que el complejo es un bien inalienable e inembargable.

No obstante, los acreedores discrepan. Abogados como Joan Paul Egred, quien representa a Marjorie Pazmiño, aseveran que las limitaciones estipuladas en la donación municipal no pueden ser invocadas para privar a los acreedores del cobro en un proceso de quiebra. 

La posición de los demandantes ejecutivos se encamina a exigir en las instancias judiciales la orden de remate en subasta pública del complejo, sosteniendo que las obras e instalaciones edificadas forman parte del patrimonio ejecutable del deudor.

Una década de litigio parece llegar a su fin

El caso por las deudas de Deportivo Quito comenzó el 19 de enero de 2017. Ese día, el juez Santiago Altamirano calificó y admitió a trámite la demanda de concurso necesario de quiebra en contra del club, debido al incumplimiento de pago de una obligación por USD 1,9 millones. 

En dicho auto se resolvió presumir el estado de quiebra de la entidad, decretar su interdicción civil, disponer la inscripción de la insolvencia en los registros públicos y ordenar la acumulación de todos los juicios con obligaciones pendientes.

A partir de la admisión inicial, el proceso principal comenzó a acumular una serie de acciones judiciales individuales impulsadas por acreedores laborales y ejecutivos. Entre las causas acumuladas destacan, entre otras, la demanda laboral promovida por Alfonso Álvarez por USD 37.797,36 y el juicio de Marjorie Pazmiño para el cobro de una letra de cambio por USD 367.806.

El caso atravesó periodos de inactividad e impugnaciones durante la gestión de Doris Calero, designada en 2018. Tras protestas escritas de los acreedores, quienes denunciaron en el expediente la falta de diligencia de la perito y la entrega de informes incompletos, la jueza de la causa declaró el 9 de julio de 2024 la caducidad del nombramiento de Calero. 

En su lugar, el tribunal sorteó y posesionó el 31 de julio de 2024 a William Erazo, con la tarea de reestructurar los estados financieros del club.

Ahora, con la nueva pericia de Erazo presentada, la justicia ha convocado a una junta de acreedores para el 10 de noviembre de 2026. Vásconez pidió un diferimiento argumentando un viaje al extranjero planeado con anterioridad, pero hasta ahora la convocatoria se mantiene en firme. 

A las puertas de esa diligencia, José Pardo, actual presidente de Deportivo Quito, sostiene que el club no se encuentra en estado de quiebra ni de interdicción civil, definiendo la causa como un proceso concursal manejable. 

Con un patrimonio negativo de USD -3,2 millones y sus activos bajo cuestionamiento, en dicha audiencia, los acreedores mantendrán la exigencia de declarar la quiebra definitiva y ordenar la liquidación de bienes, mientras que Vásconez prefiere no revelar cuál será la propuesta del club, pero deja claro que están en contra de la pericia, ya que no se habrían tomado en cuenta todos los activos.