Gobierno activa el proceso para anular licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga
Con miras a la anulación de la licencia ambiental para el proyecto Loma Larga, el Gobierno convocó a una mesa técnica con el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret.
Quimsacocha, en la provincia de Azuay, zona de incidencia del proyecto minero Loma Larga.
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ETAPA
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El Gobierno de Daniel Noboa convocó a las autoridades locales de la provincia de Azuay y su capital, Cuenca, en el Austro del país, a una mesa técnica para avanzar en la anulación de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga.
La convocatoria fue realizada por la Gobernación del Azuay y el Ministerio del Ambiente este lunes, 22 de septiembre de 2025, a casi una semana de la multitudinaria protesta en Cuenca "en defensa del agua" y en rechazo a ese proyecto .
Según el comunicado, la cita está prevista para este martes 23, a las 10:00, en las oficinas del Ministerio, "en cumplimiento de la decisión del presidente Daniel Noboa Azín de no continuar con el proyecto Loma Larga".
"La Gobernación del Azuay, (y) el Ministerio de Ambiente y Energía, convoca al Alcalde de Cuenca y al Prefecto del Azuay, a una mesa técnica, para la sustentación y presentación de informes de impacto ambiental, previa a la anulación de la licencia ambiental del Proyecto Loma Larga", indica.
Loma Larga se ubica a unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cuenca, y estaba prevista una inversión de entre USD 400 y 500 millones para la construcción de las instalaciones de la mina, con el objetivo de extraer reservas aproximadas de 925.000 onzas de oro, si bien en el yacimiento también hay cantidades menores de plata y cobre.
Sin embargo, el pasado 12 de septiembre Noboa aseguró que veía una "altísima" probabilidad de que no se ejecute el proyecto minero, debido a la fuerte oposición ciudadana. Y días después, un comunicado anunció que el Estado no continuará con este proyecto adjudicado a la canadiense Dundee.
El Gobierno solicitó tanto al Municipio de Cuenca como a la Prefectura de Azuay que aporten toda la documentación, informes y estudios sobre los problemas medioambientales que consideran que podría provocar el proyecto, aunque advirtió que dar marcha atrás podría carrear problemas legales futuros.
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