IESS: Noboa mantiene en su reforma que las máximas autoridades sean elegidas por voto popular

El proyecto de Ley para el Fortalecimiento Crediticio, que el Gobierno envió a la Asamblea Nacional, mantiene que los miembros del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),  sean elegidos por voto popular.

Según el catedrático de la Universidad de Columbia, Augusto de la Torre, el nuevo proyecto de Ley del Gobierno "no arregla el absurdo proceso de nombramiento de los directores del IESS", el cual seguiría siendo por elección abierta (con campañas y voto popular) bajo los lineamientos del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

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La elección por votación directa de los vocales del Consejo Directivo se introdujo mediante la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IESS de julio de 2024.

"Una elección de este tipo politizaría aún más la gobernanza de la Seguridad Social"

Augusto de la Torre /Catedrático de la Universidad de Columbia

Augusto de la Torre considera que la Ley presentada a la Asamblea es un nuevo cambio parche, que no soluciona el problema de fondo de sostenibilidad y crisis de liquidez por la que atraviesa el IESS y que requiere de una reforma integral. 

En eso coincide el abogado y actuario Juan Sebastián Naranjo. El experto considera que es preocupante que las autoridades sean elegidas por voto popular, un problema que no trata la reforma legal de Fortalecimiento Crediticio que ahora analiza la Asamblea Nacional.

"No me imagino a un líder sindicalista o un político sin estudios administrando la plata de los aportantes, es un peligro".

Juan Sebastián Naranjo / Abogado y actuario

Naranjo añade que quien debe administrar el IESS debe ser una persona con alta preparación, un actuario o especialista en los sistemas de pensiones. "No quiero imaginar a un líder político, sin conocimiento, administrando al IESS".

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¿Qué propone Noboa?

La propuesta de reforma del Presidente Daniel Noboa se centra en aclarar cómo se financiará el proceso de elección por voto popular de los vocales del Consejo Directivo del IESS. 

Así, el proyecto de Ley apunta a que sea el Consejo Nacional Electoral (CNE) el que elabore el costo operativo del proceso electoral que se hará para elegir a los miembros del Consejo Directivo del IESS. 

Y añade que el Consejo Directivo del IESS será responsable de definir cómo se financiarán esas elecciones, pudiendo identificar cualquier fuente de recursos, para lo cual podrá identificar cualquier fuente de financiamiento, avalada por estudios técnicos de factibilidad financiera.

¿Quién financiará las elecciones?

Este cambio responde a una sentencia de la Corte Constitucional (CC) del 9 de enero de 2025, que declaró inconstitucional el artículo 7 de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IESS de julio de 2024. 

Esa norma legal disponía que el Ministerio de Economía y Finanzas debía cubrir el gasto electoral con cargo al Presupuesto General del Estado.

La Corte concluyó que la disposición carecía de previsión financiera suficiente y ordenó al Presidente de la República presentar una reforma legal que garantizara un mecanismo de elección con financiamiento claro. 

Además, la Corte Constitucional dispuso que la propuesta se elabore teniendo en cuenta a los proponentes del proyecto de ley, que fueron los jubilados.

El plazo de seis meses para enviar la propuesta venció el 31 de julio, pero la Presidencia ingresó el texto recién ahora, bajo la modalidad de económico urgente.

Para la abogada experta en seguridad social, Patricia Borja, considera que la reforma legal no cumple con el pedido de la Corte Constitucional, puesto que ese organismo pidió que en el proyecto de ley a presentar se definan ya las fuentes de financiamiento con base en un estudio técnico de viabilidad financiera. 

Además, Borja comenta que llama la atención que se haya incluido este punto en la reforma, pues el pasado 7 de julio, el Secretario Jurídico de la Presidencia haya solicitado a la Corte que se considere la extensión del plazo de seis meses con el fin "determinar la viabilidad financiera de un proyecto de ley que cuente con estudios técnicos de factibilidad financiera", considerando para ello los pronunciamientos del IESS y del Ministerio de Finanzas.

Además, solicitó que se permita "un eventual financiamiento directo de los electores a través de la aportación que se determine".

Lo anterior implicaría que tanto afiliados como empleadores tendrían que aportar para el proceso de elección de sus representantes ante el Consejo Directivo.