Trabajadores municipales protestarán por Ley de Integridad Pública; dicen que afecta la estabilidad

Los trabajadores de los municipios y empresas municipales prevén movilizarse el 2 de julio, desde las 16:00, hacia el Ministerio del Trabajo, en Quito, para manifestarse en contra de la Ley de Integridad Pública y exigir incrementos salariales, anunció el Frente Popular en rueda de prensa este 1 de julio.  

Adicionalmente, el jueves 3 de julio, las organizaciones que integran el Frente Popular presentarán demandas de inconstitucionalidad a las leyes de Integridad Pública y de Inteligencia.

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"Con el pretexto de garantizar la seguridad, la eficiencia y combatir la corrupción, aprueban estas leyes, que buscan afectar la estabilidad a los servidores públicos", dijo José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT). 

Villavicencio reiteró que los servidores públicos no se oponen a la evaluación. "El problema está en que se elimine el artículo 89 de la Losep (Ley Orgánica de Servicio Público), que garantiza la estabilidad a los  servidores públicos", señaló el representante gremial. 

El artículo 89 de la Losep señalaba que los servidores tenían garantía estabilidad en sus puestos, pues solo serían destituidos por las causas determinadas en la misma ley y luego de un sumario administrativo.  Además, indicaba que estos gozaban de derecho preferente, es decir, que en caso de supresión su actual puesto, el trabajador sería trasladado a "puestos vacantes de naturaleza similar".

"La preocupación del servidor público es que el empleador va a ser juez y parte, porque talento humano es quien elaborará el reglamento de sanción, y no habrá el debido proceso para la defensa", subrayó Villavicencio. 

Según el representante sindical, con la Ley de Integridad Pública se afecta la estabilidad de los cerca de 635.000 servidores públicos y en especial de los 65.000 trabajadores con nombramientos provisionales.

"No se puede hablar de excelencia, de eficiencia, si no se garantiza la estabilidad laboral, salarios dignos", recalcó Villavicencio, en referencia a la evaluación que se realizará a los servidores cada seis meses, sobre su desempeño. 

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Para Villavicencio, con estos cambios legales que, a su juicio pretenden achicar el tamaño del Estado, el Gobierno busca cumplir con exigencias de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que Ecuador mantiene un préstamo.