Qué es la Ley RICO, a la que Celec apela en su demanda contra Progen en Estados Unidos
La demanda de Celec contra Progen apela a la Ley RICO, que se usa para sistemas de corrupción criminales y se puede solicitar triple indemnización, detalló la ministra Inés Manzano.

Proyecto de la central Salitral, ubicada en Guayaquil, uno de los contratos entre Celec y Progen observados por la Contraloría General del Estado, 30 de mayo de 2025.
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Alexander García
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La Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) demandó a la empresa Progen en Estados Unidos, por los fallidos contratos firmados en medio de la crisis eléctrica que atravesó el país desde 2024, usando la denominada Ley RICO, que es muy popular en el país norteamericano.
"Esta ley es para sistemas de corrupción criminales y se puede solicitar triple indemnización", aseguró la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, al compartir la información de la demanda.
La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO, por sus siglas en inglés) fue promulgada en Estados Unidos en 1970, bajo el nombre Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, con el fin de combatir el crimen organizado.
Aunque nació para perseguir a las mafias, la Ley RICO hoy tiene una amplia aplicación: contra cárteles de la droga, como el Tren de Aragua; también para delitos 'de cuello blanco' en grandes corporaciones; incluso, la versión de la ley RICO del estado de Georgia se usó en contra del presidente Donald Trump.
Su uso se ha popularizado mucho y más de 30 estados de Estados Unidos han implementado sus propias versiones de la ley federal RICO.
Hay una palabra clave dentro de la Ley RICO: 'racketeering', que no tiene una traducción exacta al español, pero algunos términos como chantaje, amañado y extorsión sistematizada han sido propuestos como posibles traducciones, explica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc).
En este contexto, 'racketeering' se entiende comúnmente como extorsión.
Qué permite la Ley RICO
- Una de sus características es que permite a los fiscales federales ir más allá de los delincuentes individuales y perseguir a las organizaciones criminales completas, a las que denomina 'empresas' de crimen organizado.
- De esta forma, se puede procesar penal y civilmente a los líderes y a toda la estructura que se ha beneficiado de una actividad criminal sostenida.
- En este caso, Celec sostiene que los demandados (ocho en total, incluyendo Progen) "formaron una empresa criminal que aprovechó una crisis nacional para malversar casi USD 110 millones de Ecuador".
- Los fiscales federales pueden procesar a personas por pertenecer a organizaciones criminales, incluso si solo han ordenado delitos, pero no los han ejecutado directamente.
La Ley RICO también es muy popular porque permite penas más estrictas
- Una condena por un cargo RICO puede conllevar hasta 20 años de prisión.
- Confiscación de activo: El gobierno puede confiscar cualquier activo o propiedad que se haya obtenido, mantenido o utilizado en relación con la actividad de extorsión.
- Las víctimas pueden presentar demandas civiles para recuperar hasta tres veces sus pérdidas
Es decir, al apelar a la Ley RICO, Celec no solo va contra Progen, una empresa creada en abril de 2017 en el Registro de empresas del estado de Florida, sino contra otras corporaciones y personas, a las que acusa de haber formado una empresa criminal para afectar a la empresa estatal ecuatoriana.
La Ley RICO en el caso Chevron contra Ecuador
Esta legislación tiene un importante antecedente en Ecuador. Chevron la utilizó como demandante para anular la sentencia de la Corte de Lagro Agrio de 2011, que condenaba a la corporación petrolera a pagar USD 9.500 millones por daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana.
Bajo la Ley RICO, Chevron demandó al abogado estadounidense Steven Donziger, quien representó a los demandantes ecuatorianos en este caso. Los acusó de conformar una "empresa criminal" para obtener la sentencia ecuatoriana a través de un patrón de extorsión que involucraba fraude, soborno y obstrucción de la justicia.
Un juez federal determinó que la sentencia de USD 9.500 millones había sido obtenida por fraude y corrupción, y que Donziger y sus asociados violaron la Ley RICO.
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