La ley urgente sobre incentivos tributarios a cambio de viviendas de interés social avanza en la Asamblea
La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate de la reforma tributaria que busca donaciones de vivienda popular con entregas rápidas de 90 días.

Con siete votos a favor, dos en contra y una abstención, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate de la ley urgente sobre vivienda de interés social, el 21 de marzo de 2026.
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La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el 21 de marzo el informe para segundo debate el proyecto urgente para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social, orientado a reducir el déficit habitacional a cambio de beneficios tributarios para los donantes.
La iniciativa plantea reformar la Ley de Régimen Tributario Interno con la creación de un incentivo tributario dirigido al sector privado. El objetivo, según el Ejecutivo, es promover la donación de viviendas de interés social y ampliar la oferta de soluciones habitacionales para familias de bajos ingresos.
Y la Asamblea Nacional recuerda que, según el Censo 2022, el déficit cuantitativo de vivienda asciende a 727.689 unidades, lo que evidencia una brecha estructural que se ha incrementado en las últimas dos décadas y se ha agravado por eventos climáticos recientes, afectando a miles de familias.
El informe para segundo debate agregó ajustes en materia de seguridad jurídica y transparencia del proceso. Entre los principales cambios constan: la obligatoriedad del acta de entrega-recepción definitiva para perfeccionar la donación; la transferencia obligatoria de las viviendas a los beneficiarios, conforme a la normativa vigente; y un plazo máximo de 90 días para la entrega de las viviendas desde la formalización de la donación.
Según la Comisión, se establece que el incumplimiento de estándares técnicos permitirá al Estado exigir la restitución del beneficio tributario y que el valor del incentivo se calculará con base en parámetros técnicos referenciales. Y afirma que las donaciones se priorizarán en los territorios con mayores niveles de déficit habitacional y pobreza.
Entre los legisladores hubo observaciones respecto al impacto fiscal y a la necesidad de mayor claridad en los mecanismos de valoración e implementación, aspectos que serían considerados en el segundo debate en el Pleno.
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