Asamblea posesiona a los cinco candidatos propuestos por Daniel Noboa para la nueva Junta Financiera y Monetaria

Luego de la entrada en vigencia de Ley Orgánica de Integridad Pública, la mañana del 16 de este septiembre de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó y posesionó a los cinco candidatos propuestos por Noboa para conformar la nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.

Esto debido a que la Ley de Integridad Pública dispuso la creación de esta nueva entidad, que será el máximo órgano de gobierno del Banco Central de Ecuador (BCE) y estará encargada, entre otras cosas, de emitir normas y regulaciones para el sector financiero.

Antes de la promulgación de esta nueva ley ya existían dos juntas separadas, una Monetaria y otra Financiera.

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Así, el 5 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa presentó a la Asamblea a los cinco candidatos para conformar esta nueva entidad.

 La nueva Ley de Integridad Pública dispone que uno de los miembros de la Junta durará cuatro años, dos miembros durarán tres años y dos miembros durarán dos años.

De ahí que, con la votación a favor de 80 legisladores, de 146 presentes en la sesión del 16 de septiembre, la Asamblea Nacional designó y posesionó a los cinco candidatos propuestos por Noboa:

• Gustavo Estuardo Camacho Dávila, durará cuatro años en el cargo.
• Silvia Daniela Moya Arteta, tres años.
• Roberto Javier Basantes Romero, tres años.
• María Isabel Camacho Cárdenas, dos años.
• Jeniffer Nathaly Rubio Abril, dos años.

¿Cuáles son las funciones de la nueva Junta?

Entre las principales funciones de esta nueva entidad están nombrar al Gerente General del Banco Central y supervisar su gestión; presentar propuestas de modificación de la legislación financiera, monetaria, crediticia, de valores, seguros y servicios de salud prepagada. Por ejemplo, esta Junta podrá emitir las regulaciones relacionadas con las tasas de interés de los créditos en el sector financiera.

La entidad también está autorizada a requerir, por intermedio de los órganos de control, información de las entidades del sistema financiero, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada; así como de toda entidad no financiera que otorgue crédito por sobre los límites que establezca la Junta, siendo obligación de estas entidades proporcionarla.