Que algunas cooperativas se conviertan en bancos privados propone la Ley de Integridad Pública

El informe para segundo debate de la Ley de Integridad Pública, que será votado por el Pleno de la Asamblea este martes 24 de junio, a las 15:00, trae cinco cambios importantes en el plano económico. 

De esos, el más relevante es la Disposición Transitoria Décimo Primera relacionada con ajustes de fondo al funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito. 

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A continuación le presentamos las cinco reformas económicas que plantea el proyecto de Ley: 

1. Cooperativa pasarían a ser bancos

La Disposición Transitoria Décimo Primera del proyecto de Ley de Integridad Pública dispone identificar a las cooperativas de ahorro y crédito que deban transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. 

No es un cambio de forma, sino de fondo sobre cómo operan las cooperativas actualmente. 

Primero, se debe entender que las cooperativas y los bancos pueden realizar actividades similares como captar depósitos o entregar créditos, pero su naturaleza legal y propósito son profundamente distintos.

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Las cooperativas están conformadas por socios, que son dueños de la cooperativa y simultáneamente usuarios. Su propósito no es generar utilidad, sino mejorar el bienestar colectivo de los socios, de ahí que cada socio tiene un voto, sin importar el capital aportado. 

Actualmente, están supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

En cambio, los bancos operan con fines de lucro, no tienen socios, sino accionistas que participan de las decisiones según las acciones que posean.

Pero la reforma que discutirá el Pleno, en último y definitivo debate, plantea realizar un estudio técnico, de riesgo sistémico, para determinar las cooperativas que tienen que pasar a ser bancos. El objetivo: proteger los ahorros de la ciudadanía, dice el proyecto de ley.

¿Quién hará el estudio y definirá el futuro de las cooperativas? La reforma propone que sea la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, que se conformará luego de fusionar la Junta Financiera y la Junta Monetaria, que ahora funcionan individualmente. 

De hecho, la reforma da un plazo de 90 días para que se aprueben las regulaciones que definan qué cooperativas pasarán a ser sociedades anónimas. El plazo comenzará a contarse a partir de la posesión de los miembros de la nueva Junta.

2. Una sola Junta y no dos 

El informe para segundo debate incorporó reformas al Código Monetario y Financiero para unificar la Junta de Política y Regulación Monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera en una sola. 

La nueva junta se denominará Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.

Sus miembros serán propuestos, a través de una terna, por el Presidente de la República y nombrados por la Asamblea Nacional. La duración de sus funciones será de cuatro años. 

La propuesta, además, detalla que habrá cinco miembros de la Junta, que reemplazarán de manera inmediata a los actuales miembros de las dos Juntas. 

El proyecto de ley determina que período inicial de funciones de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria será el siguiente:

• Un miembro durará cuatro años.
  
• Otros dos miembros durarán tres años.
• Y los dos últimos miembros durarán dos años.

Según la estructura planteada en el proyecto de ley, los miembros de la nueva y unificada Junta Financiera y Monetaria serán los que designarán al gerente del Banco Central.

Esto supone un nuevo cambio al sistema de regulación del sector financiero privado en Ecuador. Lo anterior porque hasta 2021, de hecho, en Ecuador había una sola Junta de Regulación, pero quedó dividida en dos, una Financiera y otra Monetaria, tras la aprobación de la Ley de la Defensa de Dolarización, remitida por el entonces presidente Guillermo Lasso.

3. Un seguro petrolero

El informe para segundo debate incorporó reformas al Código Monetario y Financiero faculta a las empresas públicas y al Banco Central a contratar los llamados seguros hedging, que son pólizas que se utilizan en el mundo para proteger a un país de la variación de los precios de materias primas como el petróleo. Si el precio del petróleo baja por debajo de lo esperado por un Gobierno, este tipo de seguros suele cubrir ese riesgo, aunque su costo es alto. 

El costo de la cobertura o hedging se establecerá en función del mercado y se pagará con cargo al presupuesto de la entidad pública que realiza la operación, dice el proyecto de Ley.

4. Nueva remisión de impuestos del SRI 

El informe para segundo debate del proyecto de Ley, además, establece nuevos beneficios para los contribuyentes morosos. 

Así, propone que los contribuyentes que paguen sus deudas tributarias hasta el 31 de diciembre de 2025 podrán acceder a la remisión del 100% de intereses, multas, recargos y costas, siempre que el hecho generador haya ocurrido hasta el 31 de diciembre de 2024.

Si ya se pagó el capital antes de la vigencia de la ley, también se eliminarán los valores adicionales pendientes. No aplica para el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2024.  

5. Secretaría de Inversiones será suprimida

El informe para segundo debate de la Ley da la atribución al Presidente de la República para distribuir el objeto y funciones de la Secretaría de Inversiones Público Privadas entre sus ministerios y secretarías. 

Y añade que la Secretaría de Inversiones Público Privadas será suprimida hasta una próxima necesidad o demanda de proyectos.