La Comisión de Desarrollo Económico aprueba informe para segundo debate de la Ley de Integridad Pública

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el domingo 22 de junio el informe para el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, enviado por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente.

El informe aprobado por la comisión será enviado al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, para que proceda con la convocatoria a pleno, según lo establecido por la normativa vigente, informó la presidenta de la comisión, Valentina Centeno. Se ha fijado la sesión 013, donde se llevará a cabo el segundo debate, para el martes 24 de junio a las 15:00.

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La Comisión ha incorporado una serie de modificaciones significativas en la legislación ecuatoriana, orientadas a fortalecer la lucha contra la corrupción y optimizar la administración estatal. Entre las enmiendas más relevantes se incluye la tipificación específica del delito de prevaricato para jueces y fiscales dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Además, la nueva normativa establece la transferencia obligatoria de bienes destinados a la formación policial a la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, proceso que deberá completarse en un plazo de 180 días.

El paquete de reformas también introduce nuevas disposiciones para el funcionamiento del sistema de contratación pública, buscando mayor transparencia y eficiencia. Se contempla una reforma al régimen de talento humano del sector público, enfocada en la consecución de resultados y el desarrollo de competencias profesionales. 

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Adicionalmente, se modifica la Ley Orgánica de Transporte para permitir el uso de tecnología en el control de infracciones, estipulando que los fondos recaudados por esta vía se destinarán exclusivamente a cubrir los costos de adquisición y mantenimiento de los equipos tecnológicos.

Durante el debate legislativo, varios asambleístas defendieron la coherencia y el propósito del proyecto. Sergio Peña afirmó que la normativa respeta el principio de unidad de materia, argumentando que todas las reformas convergen en un objetivo común: la erradicación de la corrupción en el sistema estatal. 

Por su parte, Diego Franco subrayó el enfoque social de la ley, señalando que "aborda la raíz del problema" y busca transformar el Estado en una herramienta más eficaz y útil al servicio de los ciudadanos.