Reforma sobre compras públicas de Noboa está lista para el primer debate en la Asamblea

La segunda ley urgente del presidente Daniel Noboa, en lo que va de su segundo mandato, está lista para su primer debate en el Pleno de la Asamblea, menos de una semana después de que concluyera el trámite de la primera y que se denominó Ley de Solidaridad Nacional.

Con ocho votos a favor y dos abstenciones, la Comisión de Desarrollo Económico, encabezada por la asambleísta y jefa de bloque del oficialismo (ADN), Valentina Centeno, aprobó el informe de la Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública este 12 de junio de 2025.

La norma además, según se informó, se llamará ahora Ley Orgánica de Integridad Pública. 

La propuesta fue presentada por Noboa el 27 de mayo, tres días después de haber asumido su segundo mandato. 

En sus 18 artículos y 21 disposiciones, se centra en cambios en materia de compras públicas, pero también abarca reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Ley de la Contraloría y a la Ley de Servicio Público.

Los alcances de este proyecto

Según el Gobierno, esta iniciativa tiene como objetivo erradicar la corrupción y mejorar la eficiencia de los servidores del Estado y garantizar que los bienes y servicios respondan a las necesidades ciudadanas.

Previo a la votación, la legisladora Valentina Centeno destacó que esta ley busca combatir la corrupción estructural "mediante una reforma transversal con un enfoque orientado al bien común".

Centeno añadió que el proyecto también contempla reformas a otras normativas legales, entre las que se incluyen:

• Disposiciones sobre la evaluación del talento humano. 
• Sanciones por prevaricato a abogados
• Sanciones de adultos para menores infractores
• Eficiencia de servicios públicos 

Durante el debate, los legisladores abordaron temas como la modernización de la administración pública, su transparencia y eficiencia, la unidad de materia legislativa, y la inclusión de la economía popular y solidaria. 

Compras públicas

Técnicamente, la renombrada Ley Orgánica de Integridad Pública reforma la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo relativo a principios, actores, objetivos, financiamiento y alcance del control.

Además, introduce modificaciones sobre los requisitos y la obligatoriedad del Registro Único de Proveedores (RUP), reduce los procedimientos de contratación pública y reforma figuras como el catálogo electrónico, la subasta inversa electrónica, la licitación, la ínfima cuantía, la adquisición de bienes, las ferias inclusivas, entre otros.

Los procedimientos precontractuales, los reclamos presentados y los contratos iniciados con anterioridad a la vigencia de esta ley continuarán rigiéndose por la normativa vigente al momento de su inicio, presentación o suscripción, según corresponda.

Además, el proyecto introduce reformas a las siguientes normativas:

• Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP)
• Código Orgánico Monetario y Financiero, Código Orgánico Integral Penal (COIP)
• Código de la Niñez y Adolescencia (CONA)
• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
• Ley Orgánica de Solidaridad Nacional
• Código Orgánico General de Procesos (COGEP)
• Código Ingenios, Código Orgánico Administrativo y la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Cambios en Ley de Solidaridad Nacional

El proyecto es tan 'variado' que en su primer informe incluye una reforma a la Ley de Solidaridad Nacional -que tiene menos de una semana en vigencia- sobre la aplicación del indulto presidencial a fuerzas del orden:

"En ningún caso podrán ser beneficiarios de esta medida quienes se encuentren procesados por delitos contra la eficiencia de la administración pública, a excepción del delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio", señala el informe para primer debate. 

"Tampoco podrán beneficiarse del Indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno, quienes se encuentren procesados por delitos de genocidio; tortura; desaparición forzada de personas", se añade. 

Con esto, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen (ADN), podrá convocar al Pleno para el tratamiento de este informe, luego volverá a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración de otro informe para su segundo y definitivo debate.

La aprobación de este proyecto depende de, al menos, 77 votos entre los 151 asambleístas, una mayoría que el oficialismo ha asegurado, con legisladores disidentes de otras bancadas, desde que se instaló la nueva Asamblea.

A continuación puede revisar el informe aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico:

• "No me quedaré ni un segundo más de lo que la Constitución me permite", dice el presidente de Ecuador, Daniel Noboa