Municipios exigen al Gobierno de Noboa el pago de USD 566,9 millones en asignaciones pendientes
Según la AME, existen retrasos de hasta tres meses en las transferencias del Modelo de Equidad Territorial (MET), lo que limita la ejecución de obras y la prestación de servicios básicos. Cabildos se declaran en riesgo.

Alcaldes de 33 cantone de Ecuador se reunieron en Guayaquil, el 16 de mayo de 2025.
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Redacción Primicias
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La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) formuló este martes 26 de agosto un nuevo "llamado urgente" al Gobierno Nacional para regularizar las transferencias de las asignaciones del Modelo de Equidad Territorial (MET), al señalar que existen municipios con retrasos de hasta tres meses.
En un comunicado, precisó que, actualmente, la deuda a los gobiernos autónomos descentralizados municipales (incluido el mes de julio 2025) asciende a un valor total de USD 566,9 millones.
Detalló que, específicamente, los pagos pendientes del Modelo de Equidad Territorial -que en algunos casos ha derivado en la suspensión de obras- alcanzan un monto de USD 543,7 millones, según el siguiente detalle:
- 2025 por USD 467,3 millones
- 2024 por USD 27,8 millones
- 2023 por USD 48, 6 millones
En tanto que la deuda por otros rubros asciende a: USD 23,2 millones, correspondiente a devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la competencia de Patrimonio y por la Ley 047.
Los recursos del Modelo de Equidad no son discrecionales. "La falta de entrega oportuna de estos recursos afecta gravemente la capacidad de gestión de los municipios, limita la ejecución de obras prioritarias y compromete la prestación de servicios básicos", remarcó la AME.
Los artículos 271 y 298 de la Constitución de la República, en concordancia con lo establecido en el artículo 200 del COOTAD y el artículo 99 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP), garantizan la entrega oportuna, mensual y sin condiciones de las asignaciones.
A su vez, los municipios refieren que la Corte Constitucional, en el Dictamen Nro. 7-23-UE/23, ratificó que garantizar las transferencias a los GAD es fundamental para proteger los derechos de la población, especialmente en contextos de emergencia o desastres.
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