Oleoducto petrolero de OCP en Ecuador debe pasar a manos del Estado hasta el 30 de noviembre de 2024

Hasta el 30 de noviembre de 2024 el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) deberá ser revertido a manos de la petrolera estatal luego de que terminaran, sin éxito, las negociaciones con el Gobierno de Ecuador. 

Lo informó el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, a OCP en una misiva enviada el 25 de octubre de 2024 a la empresa OCP Ecuador, a cargo del oleoducto. 

El oficio confirma el cierre de la mesa de negociación con OCP Ecuador S.A. y ordena la transferencia completa de la operación y la infraestructura al Estado hasta el 30 de noviembre de 2024.

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OCP moviliza el 40% del petróleo ecuatoriano

La construcción del OCP empezó en junio de 2001 y estuvo a cargo de petroleras privadas, entre las que se contaba Occidental de Estados Unidos, Repsol de España o Agip de Italia, pero que con el tiempo han ido vendiendo sus acciones.  

Más de USD 1.475 millones se invirtieron en la construcción del OCP, activos que hoy pasarán al Estado ecuatoriano sin costo.

Inaugurado en 2003, el oleoducto recorre 485 kilómetros para poder movilizar el petróleo desde los campos petroleros en el norte de la Amazonía hasta el terminal marítimo de Balao, en la provincia costera de Esmeraldas, para su exportación.

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El oleoducto privado OCP tiene una mayor capacidad que el oleoducto estatal SOTE, pero está subutilizado. 

Así, entre enero y agosto de 2024, el OCP movilizó 189.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, transportó el 40% del petróleo extraído en Ecuador, aunque la capacidad total del ducto es de 450.000 barriles diarios.

El contrato inicial que firmó OCP con Ecuador era por 20 años que se cumplió el 12 de enero de 2024, pero la empresa privada, cuyo actual accionista es la empresa argentina Pampa, firmó con el Estado una prórroga para negociar la ampliación del contrato. 

OCP habría ofrecido al Estado nuevas inversiones por hasta USD 200 millones, parte de los cuales (USD unos 130 millones) se destinarían a la construcción de una nueva variante en los tramos ubicados en las provincias de Napo y Sucumbíos.

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La nueva variante se requiere para prevenir los posibles daños por la erosión regresiva del río Coca, un extraño fenómeno que empezó en febrero de 2020 y que se carcome el lecho del río y demorona sus márgenes.

El hecho más reciente se dio en junio de 2024, cuando el OCP suspendió operaciones al estar a punto de romperse por efectos de la erosión y tuvo que hacer un baipás.

A fin de llegar a un acuerdo, el Gobierno de Ecuador concedió varias prórrogas al contrato de OCP, la última vence el 30 de noviembre de 2024.

Sin embargo, en su oficio del 24 de octubre de 2024, el Viceministro de Hidrocarburos informa a OCP de la decisión de "cerrar la mesa de negociación" y "continuar con el proceso de transición de la compañía OCP al Estado ecuatoriano hasta el 30 de noviembre de 2024. 

Aunque sectores como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) habían anticipado que el Estado ecuatoriano debía revertir los activos de OCP a manos del Estado, una vez se ha cumplido el período del contrato.

Pero para el editor de la publicación económica Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo, la decisión es preocupante. Dice que Ecuador pierde la oportunidad de que la empresa privada haga las inversiones que infraestructura requiere para hacer una variante ante el inminente riesgo que supone la erosión regresiva del río Coca, y que el Estado no tiene los recursos. 

"El riesgo es el avance inminente de la erosión del río Coca, pero con la reversión de OCP es probable que no se haga la variante a tiempo y que nos quedemos sin oleoducto", dice Burneo, lo que sería grave, pues -de haber daños por la erosión- el país se quedaría sin la posibilidad de transportar el 40% de su petróleo.