Estos son los 10 cambios principales que plantea Noboa en sus proyectos de ley económico urgente

El proyecto de ley menciona que "las universidades han experimentado una creciente comercialización, adoptando prácticas empresariales, como la creación de programas de posgrado de alto costo, la implementación de estrategias de marketing agresivas".

De ahí que Noboa plantea sacar de listado de exoneración del Impuesto a la Renta a las instituciones privadas sin fines de lucro dedicadas a la educación superior y a las universidades privadas.

Así, estas instituciones tendrían una tarifa de impuesto del 1% al 2% sobre el total de ingresos brutos, que será establecida por el Presidente a través de Decreto Ejecutivo.

Si no se emite el Decreto Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de cada año, la tarifa de Impuesto a la Renta para estas instituciones será del 1,5% del total de ingresos gravados.

El Ministerio de Finanzas prevé recaudar unos USD 15,57 millones por este cambio tributario.

Noboa plantea además que las universidades accedan a un crédito tributario que podrá compensarse con el Impuesto a la Renta, por un valor equivalente al monto de becas otorgadas en cada año a estudiantes graduados en colegios públicos o fiscomisionales que estudien carreras de pregrado. 

Este crédito tributario no podrá exceder del monto del Impuesto a la Renta causado por la universidad y se generará solamente respecto de aquellas becas adicionales a las que por ley deben ofrecer.

Los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que se queden sin trabajo de noviembre de 2024 a enero de 2025, podrían acceder al seguro de desempleo cuando cumplan 10 días en de haber perdido su empleo.

En la actualidad, para acceder al seguro, los afiliados en relación de dependencia tienen que esperar dos meses para acceder a este beneficio.

"De noviembre de 2024 a enero de 2025, los pagos correspondientes al seguro de desempleo se efectuarán automáticamente y sin más trámites, de forma mensual", dice el proyecto.

Quienes quieran recibir el beneficio deben presentar la solicitud al IESS a partir del día octavo de encontrarse desempleado, y hasta en un plazo máximo de 45 días posteriores a los ocho días.

Noboa plantea que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no inicie procedimientos coactivos hasta el hasta el 28 de febrero de 2025.

Los procedimientos coactivos instaurados con antelación al proyecto se suspenderán también hasta el 28 de febrero de 2025.

Además, las personas o empresas que tengan obligaciones que pagar al IESS podrán solicitar hasta 28 de febrero de 2025 el cruce de sus obligaciones con el saldo de su cuenta individual de Fondos de Reserva, siempre que no se encuentren comprometidos como garantía de préstamos quirografarios en el Banco del IESS (Biess). 

Actualmente, cuando por el incumplimiento de un patrono, el IESS no puede entregar las prestaciones en dinero que demanda un afiliado o sus deudos, aparece lo que se conoce "responsabilidad patronal".

Con la responsabilidad patronal, el IESS debe conceder inmediatamente las prestaciones que demanda el afiliado, pese a la deuda del patrono.

Patricia Borja, abogada experta en seguridad social, explica que el proyecto de ley nuevo propone cambiar los plazos en los que se establecía esa responsabilidad patronal.

En la actualidad, la responsabilidad patronal se hace efectiva siempre y cuando el empleador no  haya cumplido con sus obligaciones en un plazo de 30 días, a partir de que la obligación cayó en mora.

El Gobierno plantea que no se generará responsabilidad patronal por los aportes en mora de noviembre y diciembre de 2024, añade Borja.

Según el proyecto, lo anterior se hará efectivo siempre que esos aportes sean cancelados hasta en 90 días de estar en mora, explica Borja.

"Pese a que es una medida que busca dar un alivio financiero, será un perjuicio para el IESS. Si se conceden prestaciones y no se cancelan los aportes de esos meses, se produce perjuicios para la sostenibilidad de la seguridad social", añade.

Los empleadores que de octubre a diciembre de 2024 demuestren que no redujeron las plazas de trabajo en sus empresas o negocios podrían pagar menos impuesto.

La comparación se haría frente a la nómina de empleados que declaró la empresa hasta el 30 de septiembre de 2024.

El abogado tributario Javier Bustos explica que el proyecto plantea que los empleadores accedan a un crédito tributario, esto es una especie de reducción en el pago del Impuesto a la Renta, por un valor equivalente al 25% de lo que paga como aporte patronal el empleador al IESS, respecto de las remuneraciones de dicho trimestre. 

Por este incentivo el Gobierno dejará de recaudar unos USD 46 millones.

El proyecto plantea que, por una sola vez, el Servicio de Rentas Internas (SRI)  acepte un plan excepcional de pagos de hasta doce meses de obligaciones fiscales que se encuentren en mora hasta el 31 de octubre de 2024, respecto de impuestos retenidos o percibidos.

José María Espinosa, abogado tributario, explica que esto ocurre en un contexto de crisis eléctrica, en el que se ha roto la cadena de pagos, ya que hay poca liquidez en los negocios. 

"Muchos negocios que han cobrado IVA o han retenido Impuesto a la Renta no lo han estado pagando a la administración tributaria, porque, ante la desesperación por la falta de liquidez han tenido que usar ese dinero como flujo de caja y hoy están en mora con el SRI", explica Espinosa.

De ahí que estos empresarios y emprendedores tendrían un año para ponerse al día con sus deudas. Finanzas prevé que esta medida representa unos USD 111,3 millones de ingresos para el Fisco.

El proyecto propone que el director General del SRI, mediante resolución, podrá declarar extintas las obligaciones tributarias incluso si son deudas en firme.

El Gobierno plantea que se extinga el tributo, pero también los intereses y las multas. Esto, siempre que sumado el monto no supere un salario básico unificado.En 2024, el salario básico en Ecuador es de USD 460.

Además, la deuda debe estar en mora de pago por un año o más. 

Lo anterior será posible "siempre que se demuestre que la administración tributaria ya ha efectuado alguna acción de cobro o acción coactiva", dice el documento.

Con esta medida, el Gobierno dejaría de recaudar USD 8,3 millones.

Esta disposición del proyecto de ley perjudica los esfuerzos de fortalecer en Ecuador la cultura tributaria, dice Espinosa. "Luego de los esfuerzos que hace el SRI para el cobro, el contribuyente que no pagó dirá: 'hice bien en no pagar y seguirá así'", agrega.

Y es que ya en diciembre de 2023, el Gobierno de Noboa aplicó una condonación de intereses, multas y recargos a los deudores tributarios.

El proyecto además propone que de, forma facultativa, también se pueden extinguir las deudas por tributos recaudados por las prefecturas locales y alcaldías.

"Es preocupante que se establezcan estas medidas en las que se puede decidir de forma facultativa. No sabemos cual será el parámetro para decidir quien debe y quien no la extinción de la deuda, puede haber discriminación", añade Espinosa.

Noboa propone que las mineras no gocen del beneficio de crédito tributario por exportaciones. Con esto, el Gobierno prevé que la recaudación aumente en unos USD 67,9 millones.

En la actualidad, el artículo 57 de la Ley de Régimen Tributario establece que los exportadores que hayan pagado y retenido el IVA en la adquisición de bienes que exporten, tienen derecho a pedir al SRI un crédito tributario.

Pero en el nuevo proyecto, el Gobierno plantea que las mineras, al igual que ya sucedía con las petroleras, se rijan "por sus propias leyes específicas".

El Ejecutivo también plantea reformar el artículo 72 de la Ley de Régimen Tributario que establece que a los exportadores se les debe devolver lo que han pagado por IVA en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, en un plazo de 90 días.

Con la reforma se elimina de los beneficiados de esta devolución a las empresas mineras.

Noboa propone también aumentar un impuesto vehicular. Esta medida no está en el proyecto de Ley para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador, sino en otro proyecto enviado por Noboa un día después, el 8 de noviembre.

Se trata del Ley para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos en la que el Presidente propone que se cobre un impuesto progresivo de hasta 5% a quienes compren carros usados.

Actualmente quienes compran carros usados pagan una tarifa de 1%.