Reforma a la jubilación patronal plantea la creación de un fondo administrado por el Biess, ¿en qué consiste?

El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios acordó este 29 de abril conformar una mesa técnica para analizar una reforma legal al Código del Trabajo referente a la jubilación patronal. 

La propuesta, presentada por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, a trabajadores y empleadores, plantea reformar el artículo 216 del Código, en el que se estable que el trabajador que haya prestado servicios por 25 años o más, de manera continua para una empresa, tendrá derecho a la jubilación. 

Como parte de los justificativos, el Ministerio señala en su proyecto que, actualmente, menos del 2% de los trabajadores que han completado 25 años de labores acceden a la jubilación patronal.

El proyecto de reforma propone que los trabajadores que por 25 años o más presten sus servicios para uno o más empleadores, en forma continua o discontinua, tendrán derecho a la pensión jubilar patronal, que contará con aportes tanto de empleadores como de trabajadores. 

Ese dinero, que se irá acumulando a lo largo de esos 25 años de servicio, pasaría a un fideicomiso administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). 

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La propuesta señala que los porcentajes de aportes que realizarían empleadores y trabajadores para este fondo de jubilación deben ser determinados por lESS, mediante un estudio actuarial. 

Además, se plantea eliminar o reformar las reglas establecidas en artículo 2016 referentes al cálculo del monto a recibir como pensión o valor único, al momento de jubilarse. 

Los cambios planteados sobre la jubilación patronal regirían para las nuevas contrataciones, según el proyecto de ley que deberá ser analizado por una mesa técnica, con la participación del IESS, en un lapso de 90 días, tras la conformación de esta mesa en un período de 30 días. 

Dudas sobre la administración del Biess 

Una de las preocupaciones de abogados laborales consultados por PRIMICIAS es que el fideicomiso que se plantea crear sea administrado por el Biess. 

"Vamos a crear un nuevo aporte a la seguridad social dentro de un fideicomiso en el Biess, con el auspicio del IESS, una entidad que hoy está altamente cuestionada por la falta de una correcta inversión con el dinero que los afiliados ya les depositamos", señala la abogada laboral Vanessa Velásquez. 

Y añadió que el IESS actualmente ni siquiera garantiza el fondo del Seguro de Pensiones, en el cual se deben prever el pago de las jubilaciones futuras. Por eso, Velásquez considera que los trabajadores debería decidir donde poner este fondo de ahorro para su jubilación. 

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La abogada laboral Patricia Borja, especialista en seguridad social, añade que debería revisarse muy bien la experiencia del Biess en negocios fiduciarios, tomando en cuenta que los fideicomisos inmobiliarios en los que el Banco ha invertido el dinero de los afiliados han presentado diversos problemas. 

A Borja también le llama la atención que en los antecedentes de la propuesta se hable de la creación de un fondo que permita "redistribuir" los recursos para "garantizar este derecho laboral", pues recuerda que la jubilación patronal es un derecho individual de cada trabajador, no un tema "solidario". 

Impacto en la liquidez de las empresas

Las expertas en materia laboral también coinciden en que un nuevo aporte mensual de parte de los empleadores, destinado a la jubilación patronal, podría constituir un peso importante para la liquidez de las empresas que, en consecuencia, terminaría desincentivando la contratación de nuevas personas. 

"Hoy las empresas solo tienen que hacer esa reserva si el trabajador se queda con ellos. Me preocupa el efecto en las nuevas contrataciones, porque se volverá más caro contratar", dice Velásquez, quien se pregunta si, por el contrario, no se terminará incentivando aún más la informalidad laboral. 

Por eso, para Velásquez, los trabajadores informales y los desempleados también deberían estar representados en estas mesas de diálogo. 

"El porcentaje de aporte debe estar muy bien determinado de manera que no se convierta en un costo excesivo que desincentive la creación de nuevas plazas de trabajo. Hay que analizarlo todo con cuidado para que el remedio no sea peor que la enfermedad", añade Borja.  

De hecho, recordó que ese posible impacto económico también recaerá en el Estado como empleador.