Servidores públicos piden la suspensión de tres aspectos de la Ley de Integridad Pública; ¿cuáles son?
Organizaciones de servidores públicos demandan la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública y piden la suspensión de tres aspectos de la norma.

Protesta de organizaciones de servidores públicos frente a la Corte Constitucional, este 31 de julio de 2025.
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Organizaciones de servidores públicos presentaron este 31 de julio de 2025 una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Integridad Pública en la que piden la suspensión de tres aspectos de la norma, como medida cautelar, hasta que la Corte se pronuncie sobre su constitucionalidad.
Damián Armijos, representante jurídico de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), detalló los tres aspectos de la ley sobre los que piden una suspensión temporal por ser considerados "peligrosos":
La obligatoriedad que tienen los servidores desvinculados por supresión de partidas de devolver la indemnización que recibieron como condición para regresar al sector público.
La eliminación de la temporalidad para los servidores con contratos ocasionales. Armijos señaló que, con esto, se habilita la posibilidad de que esos trabajadores puedan estar de manera indefinida en esa condición.
La eliminación del derecho adquirido que tienen los servidores públicos de carrera a gozar de estabilidad en sus puestos y a tener derecho preferente para puestos vacantes, en caso de que haya supresión de partida en sus puestos actuales.
Armijos señaló que los despidos de 5.000 trabajadores del sector público demuestra que la norma que se está impugnando ya está causando efectos. "Se corre el riesgo que por los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se llegue a los 75.000 despidos", dijo.
El abogado laboral señaló que las medidas cautelares que están solicitando no implica un adelanto del criterio final de la Corte sobre la Ley de Integridad Pública. "Es importante que se suspendan porque la amenaza es grave e inminente", recalcó.
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Y aclaró que no están pidiendo la inconstitucionalidad total de la norma. De hecho, consideran que algunas disposiciones son "armoniosas" con la Constitución.
"Rechazamos que se despida a los servidores públicos. Dicen que salen por corruptos, por delincuentes. Pero, la gran mayoría somos profesionales y honestos", señaló Remigio Hurtado, presidente de la Conasep.
Para el próximo 7 de agosto, los servidores públicos prevén una movilización y plantón frente a la Corte Constitucional, en rechazo a los recientes despidos y la Ley de Integridad Pública.
Además, entre el 18 y el 20 de agosto, recibirán a una Comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ecuador a la que presentarán quejas por la vulneración de derechos laborales.
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