La violencia vuelve a compartir la tarima electoral con los candidatos presidenciales

Después del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto de 2023, a los ecuatorianos ya no les sorprende ver a los candidatos vistiendo chalecos antibalas y acompañados por equipos de seguridad policiales.

El presente y el futuro del Ecuador está en manos de los 288 servidores policiales entrenados para proteger a los postulantes, afirmó Guido Núñez, subsecretario del Ministerio del Interior, que participó en el evento de incorporación de esos uniformados.

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Aunque es la primera vez que hay una organización previa de este nivel, con cápsulas de seguridad para cada binomio presidencial, según su perfil de riesgo, el Ministerio del Interior es responsable directo de la seguridad de los candidatos desde noviembre de 2018.

Y desde 2023 se suman cerca de una docena de políticos asesinados en Ecuador, que se ha convertido en el país más violento de la región y un centro de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado.

Sin embargo, las cápsulas de seguridad, que cuentan con nueve agentes cada una, no tienen vehículos blindados, ni presupuesto para hospedaje, alimentación y movilización. A falta de recursos públicos, lo único que puede proveer la Policía Nacional son cascos, armas cortas y dos camionetas.

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Esto pone en desventaja y riesgo a los candidatos que no cuentan con los recursos privados o partidarios para sostener ese gasto. Mientras que hay otros que, además, pueden contar con seguridad privada.

De todas formas, la ministra Mónica Palencia solo ha respondido ante la primera denuncia de un atentado, de Jimmy Jairala, candidato presidencial por Centro Democrático. Las denuncias de amenazas de Jan Topic (SUMA) y de Pedro Granja (Partido Socialista) siguen sin una respuesta pública por parte del Gobierno de Daniel Noboa.

Las tres denuncias

El candidato de Centro Democrático, Jimmy Jairala, denunció el 20 de octubre que su vehículo, en el que se trasladaba uno de sus hijos, fue baleado esa madrugada en un ataque en el que resultó herido el conductor y guardaespaldas.

"Empezaron conmigo, pero Dios me bendijo con la protección a mis seres amados", dijo Jairala después y pidió a los candidatos que redoblen la seguridad para ellos y sus familias. "El peligro es real y palpable", rezaba el comunicado de su movimiento en redes sociales.

El comandante subrogante de la Policía Nacional, Fausto Buenaño, aseguró que sólo el conductor del vehículo sufrió tres balazos. Y, junto a la ministra Mónica Palencia, señalaron que el ataque ocurrió cuando el auto trataba de ingresar en un conjunto residencial en Guayaquil, tras un presunto intento de robo.

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Esa afirmación de las autoridades provocó el rechazo de Jairala, quien los acusó de intentar minimizar lo sucedido porque esa versión no coincide con la de los ocupantes del vehículo. "¿Cómo se pueden adelantar a dar una versión y concluyen que fue un intento de robo?", cuestionó.

Nueve días después fue el turno de Jan Topic, aspirante presidenciale por el movimiento SUMA, quien denunció haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes enviados a su teléfono móvil.

"Desde el primer día han atacado nuestra candidatura: troles, fake news, impugnaciones. Ahora agregan amenazas de muerte", expresó en su cuenta de X. Y agregó que estos ataques golpean la democracia, pero que no renunciará a su candidatura, aunque no ha sido calificada aún.

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Ante la denuncia, el comandante de la Policía, general Víctor Hugo Zárate, manifestó también por X que "se ha realizado el parte policial respectivo, poniendo en conocimiento a la Fiscalía General del Estado, para el trámite pertinente".

Zárate invitó a Topic a entregar su teléfono móvil al ente acusador "para que se realicen las pericias respectivas y nos permitan continuar con las investigaciones".

Al día siguiente, el 30 de octubre, la denuncia la hizo el candidato presidencial socialista, Pedro Granja. Dijo que también ha recibido amenazas, a través de un ataque a la casa de su hermano.

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El candidato relató que, el 28 de octubre, sujetos armados, a los que identifica como un "comando organizado", ingresaron a la casa de su hermano, pero no robaron nada más que documentos. Pero "dejan una clara amenaza de muerte a mi hermano, diciéndole: vamos a eliminar a Pedro Granja si no se calla".

Y este 5 de noviembre, Granja afirmó que por falta de garantías de seguridad "prácticamente, tengo que retirarme de la campaña. No puedo conversar con la gente, no puedo ir a una universidad, no puedo ir a un barrio donde la gente me invita a compartir con ellos".

Las respuestas

Ni el Gobierno nacional, ni la Policía Nacional, ni el Consejo Nacional Electoral (CNE) se han pronunciado públicamente sobre estas denuncias de los candidatos presidenciales y cómo empañan una campaña que oficialmente aún ni siquiera arranca. 

Es decir, pese a la sombra del magnicidio de Villavicencio en 2023, poco o nada ha cambiado en el país.

Según el cronograma electoral, la contienda arrancará oficialmente el 5 de enero de 2025 y se extenderá hasta el 6 de febrero, tres días antes de las votaciones de primera vuelta. Aunque todos los candidatos se encuentran ya recorriendo el país y haciendo ofertas de campaña en redes sociales.

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Sin embargo, varios aspirantes a Carondelet han rechazado en redes sociales las amenazas y violencia contra sus contendores. 

Por ejemplo, Leonidas Iza, de Pachakutik, criticó que el 3% de incremento del IVA, destinado a seguridad, "resultó ser un engaño" del presidente Noboa. Y pidió que el Estado les brinde las garantías para que en estas elecciones no se repita la violencia.

Juan Cueva, candidato por Amigo, dijo que esa falta de garantía a los presidenciales demuestra el fracaso de la democracia y que en Ecuador hay un Estado fallido. "La inseguridad ya rebasó todos los límites, y la inoperancia del gobierno de turno, simplemente asusta", afirmó.

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Mientras tanto, Luis Tilleria, aspirante por Avanza, agregó que no se debe banalizar la violencia política contra los candidatos y exigió "una respuesta efectiva" por parte del CNE y de la Policía Nacional. 

Luisa González, de la Revolución Ciudadana, coincidió en que esto no se puede normalizar y sostuvo que "la violencia no puede decidir el rumbo de nuestro país".

Y el candidato de Unidad Popular, Jorge Escala, indicó que "es necesario que el Estado garantice la seguridad de los candidatos y los ciudadanos".