El presidente reelecto de Brasil, Lula da Silva, era un reacio de la tecnología, pero su derrota en la primera vuelta ante Flávio Bolsonaro lo obligó a cambiar. Apenas días después y con el balotaje de frente, el líder del Partido de los Trabajadores se autoproclamó como 'el rey del selfie'.

Lula da Silva apuesta por la soberanía y mantener los beneficios sociales, mientras que Flávio Bolsonaro ofrece millonarios recortes del gasto público y un alineamiento con las políticas de Donald Trump en la región.

Acusaciones de interferencias, pedidos de anulación de candidaturas, denuncias de corrupción, retos y promesas, la ajustada segunda vuelta del 25 de octubre eleva la tensión en un Brasil polarizado.

España, Portugal, Grecia, Polonia, Bélgica e Italia son algunos de los países que viven jornadas de manifestaciones las últimas semanas. Los motivos principales son el costo de la vida, la educación y la corrupción.

Después de encarcelar a más 96.000 personas, bajo un cuestionado estado de excepción, Nayib Bukele anuncia la liberación de presos. Mientras tanto, los gobiernos y candidatos de la región siguen apoyando su modelo de 'mano dura'.

El tribunal fue creado en 1998 con el Estatuto de Roma, firmado por 137 países. La entidad investiga y juzga a individuos acusados de cometer crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.

Aunque los católicos representan el 57% de población y los evangélicos un 27%, las elecciones presidenciales evidencian una pugna entre Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro por conquistar el voto del segundo grupo.

Una de las novedades en los planes de prevención es la adquisición de alojamientos modulares temporales para grupos familiares, que se levantarán en las zonas de mayor exposición, para atender inicialmente a quienes pierdan sus viviendas.

Las experiencias pasadas, los problemas de las organizaciones políticas y los perfiles de los aspirantes a la Alcaldía apuntan a que se tratará de otra contienda dispersa, en la que se buscará dar prioridad al voto castigo.

Del total comprometido por los gobiernos seccionales entre enero y junio de 2026, el 71% pertenece a los municipios y sus empresas públicas, el 23% a las prefecturas y el restante 6% a las juntas parroquiales y consorcios entre distintos cantones.