Las tres leyes urgentes del Gobierno suman ya 10 demandas de inconstitucionalidad

Las celebraciones del Gobierno y el oficialismo en la Asamblea Nacional quedaron atrás. La aprobación de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública siguen sumando detractores al presidente Daniel Noboa y a sus legisladores.

Entre el 13 de junio y el 4 de julio, esas leyes, tramitadas como urgentes en materia económica, han recibido 10 demandas de inconstitucionalidad, por temas de fondo y de forma. Cinco de los reclamos se concentran en la última normativa aprobada.

La Ley de Integridad Pública, inicialmente presentada como reformas a la contratación pública, fue transformada por Acción Democrática Nacional (ADN) en un proyecto que terminó cambiando una veintena de otras leyes, en distintas materias, sin correlación.

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Su entrada en vigencia, sin ninguna observación del presidente Daniel Noboa, le abrió un frente a su gobierno con los servidores públicos de distintas ramas y de todo el país. Médicos, maestros, sindicatos y trabajadores de los gobiernos locales han anunciado movilizaciones en su contra.

Esto porque la polémica nueva ley modificó el régimen de evaluación de desempeño de los funcionarios públicos, eliminó sus compensaciones por retiro voluntario antes de los 65 y cambió su indemnización por despido. 

Pero también incluyó, por ejemplo, reformas penales para juzgar a los menores de edad como adultos o para convertir a las cooperativas en bancos, bajo un análisis de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria que tendrá tres meses para emitir regulaciones que permitan identificar qué entidades deberán transformarse.

Es por eso que una de las demandas fue presentada por la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse), que pretende frenar esa intención del Ejecutivo.

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Le sigue la Ley de Solidaridad Nacional, con cuatro demandas, que establece un marco legal para la actuación de las autoridades durante un conflicto armado no internacional, los procedimientos y las penas que aplicarán.

Finalmente, con una demanda también está en juego la Ley de Inteligencia, alabada por el oficialismo y criticada duramente por las organizaciones sociales, debido a que tiene artículos que podrían ser incompatibles con los derechos civiles y plantea la ausencia total de transparencia en los gastos reservados.

Pese a que esta última normativa fue la primera en entrar en vigencia, el 10 de junio, es la última en recibir una demanda de inconstitucionalidad, planteada por los sindicatos del país.

El futuro de estas tres normativas está, inicialmente, en manos del tribunal de admisiones, que de momento analizó tres demandas contra la Ley de Solidaridad: inadmitió una y decidió unir dos en una misma causa.